Contrastes que iluminan: Presidenta por un día

A veces un curso de acción exige atender a las homogeneidades, para brindarle fortaleza y no perderse en bifurcaciones engañosas. Otras, sin prescindir de esas miradas, es útil detenerse en los contrastes que pueden ser tanto o más elocuentes.   

Difícil conformar a los disconformes seriales

Desde hace tiempo un sector de la población, mayormente de capas medias y altas residentes en barrios acomodados, vienen manifestando su descontento por lo que entienden atenta contra libertades fundamentales y constituye una absoluta arbitrariedad.

No son justamente de aquellos más apegados a reglas de convivencia democrática, ni forman parte de los grupos más vulnerables, lo que no obsta para que tilden al Gobierno nacional de “infectadura” y que propugnen anteponer la economía a la salud en resguardo de sus ganancias o de sus ahorros lógicamente afectados en una etapa tan aciaga, que excede a lo que ocurre en Argentina.

Guiados por una conformación cultural fuertemente colonizada, tienden a mirar hacia el centro del mundo para hacer comparaciones en detrimento de lo que sucede en su tierra. Al norte cuesta acudir, aún desde esas posiciones negacionistas, porque el Gran País de las “libertades” que los embelesa lidera el ranking de contagiados y víctimas fatales, a la par que en muchos Estados de la Unión rigen restricciones mayores que las que aquí los desvelan.

Por eso han sido recurrentes las invocaciones al manejo de la pandemia en Europa, para denostar lo que sucede en “este país” como suelen referirse a “su” país, mal que les pese. Sin embargo, la nueva ola de contagios que viene asolando por esos lares en donde se imponen toques de queda, confinamientos que abarcan ciudades o regiones y se avizoran sistemas sanitarios con riesgos de colapsar (Italia, España, Francia, Suiza), ahora también les impide proponer tales comparaciones y ello no les despierta ningún comentario adverso.

Por otra parte, basta con apreciar el movimiento creciente en las ciudades –Buenos Aires, epicentro de las protestas, es una clara muestra de ello- para advertir el sinsentido de las quejas “libertarias”.

Si el empecinado virus ya hace difícil ignorarlo, menos todavía que lo único relativamente eficaz es el tándem aislamiento-distanciamiento hasta que aparezca la vacunas. Entonces, se hace preciso hallar otro antagonismo descalificador y el periodismo opositor –que tampoco puede seguir mirando allende los mares- lo construye sobre el remedio posible.

La ligereza y liviandad con que se habla la llamada “vacuna rusa”, las ideas que se tratan de instalar a su respecto, la omisión deliberada de la apertura que desde el Estado nacional se ha puesto de manifiesto con relación a todas las alternativas que en ese terreno puedan surgir, sin descartar ninguna, pero poniendo énfasis en aquellas que –siendo seguras- brinden una más pronta respuesta inmunológica, son más de lo mismo.

Hablando con “propiedad”

Otra cuestión que se ha querido instalar en la agenda, sin ningún rigorismo, es lo atinente al “derecho de propiedad”, agitándose el fantasma de un “comunismo” en ciernes que pondría en riesgo todos nuestros bienes.

Bienvenido sería un debate profundo sobre ese tema en lo que realmente importa, en cuanto a la función social de la propiedad ligada a la producción. Concepto que resulta indiscutible aunque no lo son los matices y sus proyecciones concretas. Pero de eso no hay nada, siendo por demás forzadas las argumentaciones que difunden los medios hegemónicos en ese sentido.

En esa línea aparecen las inmediatas reacciones verificadas en el caso “Vicentin”, grupo empresario indefendible y que dañó a un conjunto de acreedores de lo más diverso (productores, proveedores, trabajadores, Bancos privados y oficiales, AFIP, ANSeS); como las que se registraron en el conflicto familiar de los Etchevehere, con gravísimas denuncias cruzadas que darían para un policial negro; y otro tanto, ante la iniciativa parlamentaria para restringir por 60 años el destino de las tierras arrasadas por el fuego –incendios forestales intencionales, en un elevado porcentaje-, con el propósito de preservar el medioambiente de emprendimientos que importen peligros ecológicos.  

¿Qué ocurre cuándo es el trabajo y los derechos fundamentales de las personas que trabajan los que están en juego y es la protección del derecho de propiedad de sus créditos lo que se discute?

Una más que legítima reforma del régimen de prescripción, o sea el plazo con que se cuenta para reclamar deudas de los empleadores, que un Proyecto con dictamen favorable en el Senado   propone ampliar a tres años para las indemnizaciones por despido y a cinco años para todos los demás créditos laborales, encuentra serios obstáculos para llegar a su debate en el recinto.

Para la Unión Industrial Argentina (UIA), acérrima defensora de aquel sacrosanto derecho, "la iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo".  Más aún, sostiene que: "La extensión del plazo de prescripción a cinco años impactará negativamente en los balances de las empresas, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas a los eventuales reclamos laborales del personal".

Y con su inveterada sensibilidad social, afirma que en “un contexto signado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país, este proyecto no considera las consecuencias inmediatas -el aumento de la litigiosidad laboral- así como los efectos de segundo orden que podrían generarse-, el impacto negativo sobre la sustentabilidad de las empresas y los empleos formales".

Ese conjunto de falacias oculta lo esencial, que esos créditos constituyen el patrimonio principal en el mundo laboral de quienes se desempeñan en relación de dependencia. Que el plazo de cinco años de prescripción es el que reconoce el Código Civil y Comercial como “genérico” para todos los restantes créditos que no tengan fijado uno distinto.

Que fue la inconstitucional reforma de la dictadura a la Ley de Contrato de Trabajo, en 1976, la que redujo sustancialmente el plazo de prescripción general de cuatro años (cfr. art. 278 Ley 20744, texto de 1974). Que difícilmente las personas que trabajan podrán hacer reclamos de esa especie (remuneraciones impagas, adicionales retaceados, horas extras laboradas, diferencias salariales por deficiente categorización, entre otros) sin poner en riesgo la conservación de su empleo, por lo cual recién extinguido el contrato se torna factible en la práctica ejercer ese derecho.

Los efectos colaterales que la federación empresaria atribuye a esa reforma, en primer lugar prescinde de que son los incumplimientos patronales a deberes básicos del contrato, como es el pago íntegro de la remuneración o de las indemnizaciones en caso de cesantía sin mediar justa causa, lo que habilita la acción judicial reivindicativa; y en segundo término, que nada de ello puede atentar contra la sustentabilidad de las empresas o la creación de empleo que depende de cuestiones de otra índole, constituyendo típicos argumentos frente a cualquier ampliación de derechos laborales.      

La pesadilla americana

El mítico “sueño americano” se ha trasuntado en pesadilla para todos aquellos países que han sido presa de la insaciable voracidad imperial de EEUU, como es el caso de Latinoamérica.

La condición de garante de la libertad, la democracia y los derechos humanos, es desmentida por las prácticas permanentes fuera de sus fronteras, imponiendo o sosteniendo regímenes autoritarios, genocidas y, cuanto menos, severamente lesivos para la calidad de vida de sus pueblos.

Empero, para ser justos con la coherencia de sus gobiernos, hay que reconocer que también fronteras adentro han hecho gala de similares prácticas como resulta de ciertos indicadores.

Es el país que registra mayor cantidad de magnicidios, en particular de asesinatos de Presidentes en ejercicio (Lincoln en 1865, Garfield en 1881, MacKinley en 1901, Kennedy en 1963).

Siendo el país más rico del mundo, su economía representa casi un 25% de la producción total de bienes y servicios, eso no se traduce en beneficios para su población en términos de equidad. Según la Reserva Federal, la fortuna de las 50 personas más ricas del país es equivalente a la de los 165 millones más pobres.

La desigualdad en la distribución de la renta ha aumentado desde 1980, creciendo exponencialmente las diferencias entre los mayores y menores ingresos. Pero también se registran niveles inconcebibles de desigualdad en educación, protección social, acceso a la cobertura de salud y a la vivienda; acompañados de conductas discriminatorias fundadas en el racismo y la xenofobia, violencia institucional e intolerancia religiosa.  

Las elecciones de 2020 agregan un factor adicional para desmitificar el “modelo de sociedad y de país” que los norteamericanos se atribuyen, y un coro de replicadores entusiastas sostienen en los países bajo su égida, como se evidencia en la Argentina.  

Las demoras en definir el resultado de los comicios, las irresponsables denuncias que lanza el actual Presidente consciente del efecto –buscado- que producirá en su electorado y de la enorme cantidad de desquiciados que lo integran –mostrándose armados en manifestaciones convocadas para repeler la consumación de un fraude en perjuicio de Trump-, la anunciada pretensión de judicializar los comicios e incluso de rehusarse a dejar el gobierno en manos de Biden; son por demás elocuentes.

Ahora, en rigor de verdad no son tan descabellados esos sucesos a la luz de la historia y el decadente derrotero que desde ya algunos años muestra el Imperio yanqui, ni tan promisorios para el resto del mundo, y para nuestra región en particular, el acceso del candidato demócrata a la Casa Blanca.

Bueno es recordar las coincidentes concepciones de Joe Biden sobre el “destino manifiesto” de Estados Unidos, el rol que le asigna en el tablero mundial y el lugar que ocupa Latinoamérica como los derechos de sus habitantes. Tal lo que surge de una entrevista que le hicieran en tiempos de la guerra de Malvinas, con motivo de ese conflicto bélico y que refleja un video que ha circulado por las redes en esta semana.

En definitiva: “Los norteamericanos, dignos hijos de la Gran Bretaña, han ido mucho más allá: han organizado dos partidos de derecha que les permite mantener su sistema plutocrático y sostener teóricamente una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política o estimular a los sinvergüenzas que también abundan” (Juan D. Perón, “La hora de los Pueblos”, 1968).

Todo comienza y termina en Cristina

El poder antipopular mediático en sus distintas plataformas, encabezados por Clarín y La Nación, se desesperan por promover “grietas” en la coalición gobernante y azuzar enfrentamientos entre el Presidente y la Vicepresidenta.

Los enardece Cristina, en quien depositan un odio que comparten con sus seguidores, que no es sino en definitiva el que profesan por el Peronismo de quien es su más fiel exponente y la dirigente política, por lejos, más destacada.  

Los inquietan sus silencios, los abruman sus palabras en cualquier formato, los desconciertan sus siempre renovadas iniciativas, los sorprenden sus estrategias y la vigencia de su coherencia política no exenta de imprescindibles pragmatismos. No pueden digerir su legítima ascendencia en el Frente de Todos, ni la fidelidad que conserva del Pueblo que sigue confiando en ella como reaseguro de la gobernabilidad y de la gestión en cabeza de Alberto Fernández.

Todo lo que no les place ni se ajusta exactamente a los mezquinos intereses sectoriales que defienden, se lo atribuyen a la influencia de Cristina. Uno de tantos ejemplos fue la decisión de la Corte Suprema sobre la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi, que en una editorial de Clarín titularon: “La Corte no le falló a Cristina”.

Un razonamiento verdaderamente absurdo sobre un fallo que constituye un real galimatías, que expresa un acto de los cortesanos en defensa propia, erigiendo a ultranza a la Corte como árbitro y decisor supremo de la Política, condicionante de los otros dos Poderes del Estado y como tal insoslayable a la hora de tomar medidas trascendentes, aunque no correspondan a su estricta competencia.

El voto de la mayoría –todos menos Rosenkrantz, ¿raro no? - fatiga a lo largo de más de cien páginas en donde se va y se vuelve sobre los mismos fundamentos, con reiteraciones innecesarias para concluir en lo evidente, una verdad de Perogrullo: que el traslado de un magistrado no puede ser equiparado a su “nombramiento” como tal para un determinado cargo siguiendo el proceso complejo que la Constitución Nacional prescribe. Con lo cual, un traslado jamás puede implicar un derecho adquirido a la permanencia en el cargo que, por circunstancias contingentes, ocupa transitoriamente el trasladado.

Para colmo, la semana termina con el viaje de Alberto acompañando a Evo a Bolivia para asistir a la asunción de Arce –nueva frustración- y con Cristina otra vez en ejercicio de la Presidencia.

No será con todos

El derrotero de las democracias en Occidente, con particular elocuencia en los países centrales, da cuenta de una regresividad sostenida en términos de calidad institucional y de ideas fuerza con fines de empoderamiento de la ciudadanía.

Las distancias de los gobiernos con las aspiraciones populares aumentan, tanto como las expresiones más reaccionarias cultoras de políticas en favor de los poderosos y de xenófobos cierres de fronteras.

El agotamiento de un sistema claramente perimido, basado en socialdemocracias que se han sometido por completo al Neoliberalismo, aceptando mansamente una descomunal concentración de riquezas que condena a niveles crecientes de miseria, encuentra todavía el beneplácito de una porción no despreciable de la población.

En nuestro país se verifican también esos fenómenos, que tienen como contrapeso un Movimiento Nacional con una larga tradición de luchas populares en defensa de una democracia con sustancia social, participación y comprometida con el anhelo de equidad sólo alcanzable mediante la ampliación de derechos. Un proyecto que es preciso consolidar, conscientes de que no será con todos, aunque se plantee para todos, pero que indefectiblemente deberá contar con los imprescindibles.