Obras Públicas: hacia una cultura de la integridad

Desde 2020, la actual Administración Nacional ha aumentado significativamente los niveles de inversión en Obra Pública, que habían sufrido una importante caída entre 2018 y 2019 (1). A la imperiosa necesidad de incrementar el nivel de actividad económica y demanda agregada para salir de la crisis, el rol tradicional de la Obra Pública, se sumó la irrupción de la pandemia, que obligó a acelerar las mejoras en el sistema de salud, virtualmente desmantelado en esos momentos. Distintos sondeos de opinión confirman que la ciudadanía no sólo aprueba esta política más activa del Ministerio de Obras Públicas, con obras en todo el territorio nacional, sino que incluso opina que el gasto en Obra Pública debería incrementarse (2).

Sin embargo, simultáneamente a esta transformación cuantitativa -de menos de 300 obras en diciembre de 2019 a casi 5.000 en 2022-, se está dando otra, mucho más silenciosa, de carácter cualitativo. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por directiva expresa del ministro Gabriel Katopodis, transita un sendero de transformación cultural: el camino se dirige hacia una cultura de la transparencia.

Un paso central de esta política fue la creación de la Dirección Nacional de Transparencia en el año 2020. Entendiendo que la transparencia no se reduce a la ausencia de corrupción ni a la conducta individual de las y los funcionarios. Trabajamos bajo un paradigma de ampliación de derechos, con una mirada sistémica, que analiza también fenómenos como la cartelización o las puertas giratorias, el cumplimiento de los pactos con la ciudadanía y la inclusión de minorías y sectores postergados. Entendemos que la transparencia se construye a partir de decisiones y políticas públicas, de normas y procedimientos, para que no sea optativa ni mucho menos declamativa.

La Dirección Nacional de Transparencia vela por el desarrollo e implementación de las políticas de integridad y es, como miembro de la Red Nacional de Transparencia, una aliada de la Oficina Anticorrupción en su estrategia nacional. Esta pertenencia a la red se traduce en distintas actividades conjuntas, como capacitaciones y tareas de sensibilización.

A modo de ejemplo, recientemente tuvo lugar el primero de los siete encuentros que forman el Ciclo de Conversatorios sobre el Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, con la participación del Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas, Guillermo Sauro; el Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Luis Villanueva; y la experta en Derecho Administrativo y representante del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Miriam Ivanega. El Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, vigente desde diciembre del año pasado, es el fruto de un largo proceso de trabajo conjunto entre todas las áreas, empresas y organismos descentralizados del ministerio y está basado en siete principios éticos: integridad, transparencia y apertura de la información, responsabilidad y rendición de cuentas, democracia, diversidad e inclusión, participación ciudadana y, por último, sustentabilidad y ambiente.

El Código de Ética no es el único hecho inédito en esta etapa de la historia de la Obra Pública en nuestro país. El Observatorio de la Obra Pública, también creado en 2020 por el Ministerio de Obras Públicas, reúne a toda la cadena de valor -cámaras empresarias, sindicatos, cooperativas, universidades y asociaciones civiles-, con el doble objetivo de enriquecer a la política pública con diversidad de enfoques, saberes y trayectorias, y dotar a las decisiones que finalmente se adoptan de mayores niveles de legitimidad.

Pasaron por el Observatorio iniciativas destacables como el Estimador de Empleo de la Obra Pública, la plataforma de gobierno abierto MapaInversiones, que permite a la ciudadanía conocer todas las obras y proyectos, su emplazamiento, grado de avance técnico y financiero, y el nuevo modelo de Pliego con Perspectiva de Género, entre otras.

A la vez, el ministerio adoptó la metodología de Evaluación MAPS, una certificación de calidad que opera según criterios internacionales en los procesos de contratación pública, promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que analiza todo el ciclo -planificación, licitación, ejecución- y detecta oportunidades de mejora. Conocer y adoptar las buenas prácticas internacionales es una manera importante de reducir la discrecionalidad de los actores. Se trata, básicamente, de construir más y mejor institucionalidad, para mejorar la gestión en la Obra Pública: realizar más obras, que sean de mejor calidad, emplazadas en donde realmente hacen falta y concretarlas en menos tiempo.

1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

2. Zuban    Córdoba     y     Asociados,    Informe     Nacional    de     mayo     2022, www.zubancordoba.com.