Producción y ambientalismo: actores para un acuerdo

21 de enero, 2022 | 00.05

El tema está lejos de quedar encapsulado a un hecho como es la exploración petrolera en el Mar Argentino. Es uno de los debates más relevantes de las últimas décadas y a una escala global. Una discusión que se inscribe alrededor de varias transformaciones desde el denominado proceso de fin de la industrialización, la crisis de los recursos naturales, la emergencia de un nuevo mapa político – comercial a nivel mundial pero también los novedosos procesos de carácter social que movilizan y agrupan a movimientos en nuestras sociedades. En mi columna anterior hice referencia a este tema; ahora me quiero referir a otros aspectos del mismo tema que merecen de manera urgente replanteos en el modo de ser abordados, porque inevitablemente acompañarán los procesos políticos, sociales y económicos por venir. El punto central de la nota citada refiere a este aspecto: las demandas de los ambientalistas y de los productivistas son urgentes en un sentido semejante. El cuidado del medio ambiente y la necesidad en generar un modelo de producción que pueda sacar de la pobreza a todos los que habitan este país, poseen el mismo grado de relevancia porque además están involucradas íntimamente. De allí un primer aspecto: cada una de este conjunto de demandas no se desarrollarán a expensas del “otro” sino conjuntamente con quien aparece como su contracara, de allí la necesidad de abrirse de un debate muchas veces mal planteado. Fortalecer un proceso productivo y de desarrollo nunca será sostenible sin moderar el impacto en el ambiente. Del mismo modo, un ambientalismo preservasionista que no contemple que el bienestar de la población en general es parte del cuidado de ambiente, no tienen futuro como construcción política y social.

Ahora bien, la necesidad de un acuerdo, de la generación de consensos, requiere de actores dispuestos a encarar esa construcción. Es cierto que se escuchan voces intransigentes en ambos espacios, pero también que hay gran cantidad de elaboraciones que contemplan varios matices y ese debe ser el camino a explotar. Los diálogos sociales requieren de varios aspectos, entre ellos una institucionalidad además de los actores que le den vida.

Veamos cada uno. La democracia ha construido una serie de instituciones de gobierno que implican ellas mismas instancias de mediación política, particularmente el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales y locales. Son esencialmente, por su capacidad de alojar representación política variada, un espacio propicio para la negociación y la búsqueda de consensos. El Poder Ejecutivo, aun con una representación única, ha generado, como veremos, distintos espacios de diálogo y articulación. Lamentablemente no sucede algo semejante en el Poder Judicial que parece hoy, en pleno siglo XXI, impermeable a lógicas dialógicas y de debate que incluya otros actores vitales de la sociedad; sigue blindado en el campo del poder de los expertos, en este caso los juristas. Si en cambio, sucede en la presidencia, las gobernaciones o intendencias; desde el retorno a la democracia se han constituido y generado decenas de instancias de escucha, diálogo y búsqueda de concesos en torno de diversas políticas públicas, muchos con alto grado de eficacia. Tenemos una de larga data: las paritarias para la determinación de salarios y condiciones de trabajo. Un espacio de negociación impensado antes de la llegada del peronismo y que hoy ha adquirido en nuestro país una dinámica propia que en no pocos casos es valorada también por los propios empresarios porque permite una negociación que les brinda certidumbre.

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En distintas áreas existen hoy consejos, foros o grupos de trabajo en dónde es posible discutir una política y su implementación, abriendo la discusión a otros actores. Desde luego, esos espacios pueden ser instituciones vacías de contenido sin ningún impacto en las políticas. Piénsese en las audiencias a las que debe someterse todo proyecto de ley en la CABA: sobre la construcción de torres en el excentro Costa Salguero, de las 7053 personas que expusieron el 98% argumentó en contra de las nuevas torres… pocas semanas Rodríguez Larreta conseguía que la Legislatura con mayoría y quórum propio, lo convertía en ley, sin que esa audiencia masiva tuviese algún impacto. Las instituciones públicas no pueden ser un espacio de entretenimiento o simulación democrática, ya que así se erosiona a la propia democracia generando desconfianza en ella misma: ¿para qué participar si mi opinión será totalmente desoída? Fortaleza institucional es entonces un punto fundamental. Los actores es la segunda cuestión: Existiendo un sistema de representación política construido desde los partidos políticos y organizado en las legislaturas ¿cuáles son los actores que pueden ser sumados a estos debates? (¿y en cuáles instituciones?) Y aquí entra a tallar otras dimensiones. En principio si lo que está en juego es una discusión que involucra a toda la sociedad sus muchas organizaciones ancladas en su territorio y en su historia, son voceras autorizadas de esos intereses que no siempre se canalizan a través de los partidos políticos. 

Ya que lo que se discute es el modelo económico y social de una nación, es razonable que quienes la integran tengan voces de distintos modos. Es también razonable que el anclaje en la misma sociedad sea una variable importante. Hemos conocido en las últimas década organizaciones de carácter global, sin pertenencia a una sociedad en particular, con alta incidencia y exposición; en ocasiones ayudaron a fortalecer agendas, pero a su vez en ocasiones construyen esas agendas por fuera de las mismas presencias que una sociedad determinada se dio en su propia historia; se las suele ver entrando y saliendo de los procesos de conflictos, ya que sus lazos de pertenencia a esa sociedad son más bien bajos; al mismo tiempo su relación con los estados nacionales, que continúan siendo actores centrales de la dinámica nacional, son percibidos por esas organizaciones como parte de los problemas y no como la solución. Luego sí, están las variadas organizaciones de carácter territorial que presentan una agenda ambiental muchas veces contraria a ciertos emprendimientos productivos. En ese mismo contexto también existen otras organizaciones que demandan empleo, servicios públicos, vivienda, es decir desarrollo. Quizás las mismas personas puedan estar en ambos espacios, lo que nos muestra un conflicto que no se puede establecer simplemente trazando una línea. Hay, desde luego, otros actores como las empresas interesadas en esas explotaciones, nacionales o extranjeras; y ello abre otra discusión en donde la cuestión no es sólo si se explota o no el recurso natural sino quien es el principal beneficiario de esa explotación: si es solo extractivismo y exportación del mineral por ejemplo, o si implica un proceso productivo para el país, para la región. De allí que la negociación sobre recursos naturales, que involucra ambiente y producción está muy lejos de limitarse a un sí o un no, sino que nos abre las puertas a renovar propuestas a favor de un desarrollo inclusivo y sustentable; aun en medio del duro proceso que implica la pandemia, quizás podamos darnos un debate y construir políticas que logren habilitar agendas y un futuro sostenido en ellas.