La Justicia como tropa de ocupación: Lawfare en Latinoamérica

La actuación de aparatos judiciales con impacto en la esfera política aparece en la última década como un denominador común en la escena latinoamericana. Desde que Estados Unidos definió, post 2001, como ejes principales de su política exterior la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen transnacional, la corrupción y la defensa de la democracia y los derechos humanos, ha ido variando los métodos, pero no las excusas, para inmiscuirse en los asuntos internos de países cuyas economías o recursos, le resulta estratégico controlar. 

El neoliberalismo en América Latina gozó de muchos años de gracia para la edificación de una institucionalidad afín a tales intereses, y la política de seguridad hemisférica, en muchos casos, no ha escatimado recursos para el financiamiento de esquemas de formación de actores influyentes en esferas políticas, mediáticas, económicas, de seguridad e, incluso, militares.

La creación en 2008 de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILEA (por su sigla en inglés), con sede en Roswell, Nuevo México, y una sede regional en El Salvador, es caracterizada por el analista internacional Jorge Elbaum, como un buen ejemplo de ese entramado institucional del softpower angloamericano. Esta Academía, que fue creada por iniciativa de Bill Clinton, anuncia en su sitio web que su misión es reforzar la gobernanza democrática de los países participantes en todo el mundo y aumentar la estabilidad social, política y económica combatiendo la delincuencia organizada transnacional mediante la cooperación internacional. 

Sus acciones buscan “proteger a los ciudadanos y a las empresas estadounidenses mediante el refuerzo de la cooperación internacional contra la delincuencia, reforzar la gobernanza democrática mediante el Estado de Derecho, mejorar el funcionamiento de los mercados libres mediante la mejora de la legislación y la aplicación de la ley, y aumentar la estabilidad social, política y económica mediante la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la delincuencia”. 

Bajo esas premisas, apoyan la creación de instituciones regionales y locales de justicia penal y la aplicación de la Ley, brindan formación y asistencia técnica para la formulación de estrategias y tácticas para el personal policial de terceros países, traccionan una “armonización” de las actividades de aplicación de la ley dentro de la región de forma compatible con los intereses de Estados Unidos, fomentan la cooperación de las autoridades policiales extranjeras con las entidades policiales estadounidenses, ayudan a las entidades policiales extranjeras a profesionalizar sus fuerzas de manera rentable, establecen vínculos entre las entidades policiales estadounidenses y los futuros dirigentes de la justicia penal de los países participantes, y entre los participantes regionales entre sí.

Elbaum reseñaba en 2021 que ILEA brindó ese año, en su sede de San Salvador, un curso sobre Operación Internacional de la Ley (codificado como MASL ID No. B166150) propuesto para funcionarios judiciales con “capacidad para analizar, aplicar y resolver los problemas legales comunes [que permitan] exitosas operaciones multi-institucionales”. Para el 24 de mayo de ese año, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (United States Secret Service, USSS) invitaba a un taller sobre ciberseguridad, en el que se anunciaba la participación de alumnos provenientes de Argentina, Honduras y Paraguay, entre otros.

En abril, el FBI anunció el “Simposio de Política Ejecutiva y Desarrollo sobre Delincuencia Organizada Transnacional”, que tuvo un eje explícito en la “lucha contra la corrupción y su relación con los medios de comunicación”. El evento estuvo dirigido a jueces y fiscales, para enfocarlos en la lucha contra el delito político y la recuperación de activos que hayan sido obtenidos por figuras de alto nivel institucional. Allí se anunció que se buscaba el “fomento de denuncia de delitos de corrupción a través de informantes” para establecer  “relaciones de cooperación entre la sociedad civil y los medios de comunicación”.

Ese Simposio del FBI es una detallada y extensa radiografía de cada una de las dimensiones que componen la “Guerra Jurídica” o Lawfare, es decir, la utilización de la justicia como un arma de guerra en el campo político a través de figuras como la del “arrepentido”, muy conocida en Argentina, que sirvió de instrumento para encarcelar a Lula Da Silva en Brasil, con testigos cuyos testimonios se comprobó luego que se armaban y coordinaban por el propio juez, para proscribir y encarcelar a Lula antes de las pasadas elecciones de 2018.

A estas dinámicas, se suman los medios de comunicación acompañando la estrategia para la construcción de matrices de opinión, y la segmentación de usuarios en redes sociales, con ideas-fuerza que se comunican en una lógica de multiplataforma bajo una estrategia denominada “storytelling” (o narrativa fragmentada), que opera sobre planos emocionales e instintivos.

La página de la ILEA, en su cronograma de actividades aclara, además, que “la participación en los cursos es con invitación solamente” y agrega que “si le interesa participar en futuros simposios, consulte con la Embajada de los Estados Unidos en su país”. Es decir, como en tantas otras dimensiones de la injerencia e intervención estadounidense, es el Departamento de Estado el encargado de operacionalizar la conformación de este “ejército jurídico”. Además, los participantes no están obligados a informar en el país de origen su asistencia a las capacitaciones.

El lawfare como herramienta para hacerse del poder del Estado

El caso brasileño es uno de los más paradigmáticos de la región por su magnitud, metodología, y por llevarse a cabo en la por entonces sexta economía mundial. Luego de la destitución de Dilma Roussef, en un bochornoso impeachment que empoderó a la derecha reaccionaria, el juez Sergio Moro ordenó la cárcel para Lula, que se venía posicionando, según las encuestas de ese entonces, como el futuro presidente para suceder al vicepresidente golpista, Michel Temer.

El encarcelamiento y posterior inhabilitación de Lula generó las condiciones para la victoria de Bolsonaro en un contexto internacional de avanzada de los neofascismos, quien premió a Moro con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Tras el ascenso del bolsonarismo, el intelectual Gustavo Codas, de la Fundación Persseu-Abramo, recordó la vieja sentencia de Alipio Freire de 1984, que sentenció “en Brasil, los liberales son fascistas de vacaciones”.

El cambio en las correlaciones de fuerza en Estados Unidos, a partir de la victoria de Joe Biden, luego de que incluso operadores políticos y económicos republicanos le soltaran la mano a Trump, generó un reacomodamiento de algunas posiciones políticas hacia la región Latinoamericana. Entre ellas, la evidente necesidad de sacarse de encima también al “Trump latinoamericano” que gobierna Brasil, generando condiciones para que el mismísimo Lula Da Silva vuelva al ruedo en la política del gigante latinoamericano. Por supuesto, su debilidad en las condiciones institucionales, luego de un “fusilamiento mediático y judicial” (tal como lo describió Cristina Fernanadez de Kirchner), promovió el desarrollo de una amplia alianza con sectores que fueron partícipes del golpe institucional. 

Sin dudas, el encarcelamiento político de Lula es el ejemplo más consumado de esta estrategia imperial, pero no menos ilustrativas son las persecuciones, enjuiciamientos e intentos de proscripción electoral que se ejecutaron contra otros líderes de la región como el presidente Fernando Lugo (Paraguay, 2012) a quien en un plazo de apenas 19 horas, se lo destituyó arbitraria e inconstitucionalmente. O el caso del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien continúa exiliado en Europa desde el 2017, y que en abril de 2020 fue condenado a ocho años de cárcel por cohecho en el denominado Caso Sobornos 2012-2016 o el de Jorge Glas su exvicepresidente que lleva siete años preso. 

La lista de los “disciplinados” por el poder judicial, mediático y económico es larga, e incluye en la Argentina al ex vicepresidente Amado Boudou que pasó más de dos años preso en prisión preventiva luego de la estatización de las AFJP, al ex canciller Héctor Timerman a quien el juez Claudio Bonadio le negó la posibilidad de un tratamiento para el cáncer, y a Milagro Sala, dirigente política de la organización Tupac Amaru, apresada en 2016 por supuesto atentado al gobernador de Jujuy Gerardo Morales y corrupción, que continúa presa desde el gobierno de Mauricio Macri. En Bolivia el blanco fue el ex presidente Evo Morales, contra quien se elevaron intentos de golpe por vía judicial hasta que finalmente y gracias a la intervención de la OEA, no pudo asumir la presidencia luego de una victoria electoral en 2019. 

Ted Cruz: El neoconservadurismo que no esconde su relación con el lawfare

El pasado 28 de agosto, Ted Cruz, senador republicano, envió una carta a Antony Blinken pidiendo sanciones contra Cristina Fernández de Kirchner, que incluía una prohibición de ingreso a los Estados Unidos. En su carta, Cruz subrayó que los  “actos corruptos cada vez más descarados y ahora públicos” de la Vicepresidenta representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además agregó que “los adversarios de Estados Unidos, y en particular China, Rusia e Irán, explotan la corrupción endémica, incluida y especialmente la corrupción impulsada por los movimientos de izquierda en el hemisferio occidental, para promover sus agendas geopolíticas y erosionar los intereses estadounidenses”. “Durante décadas socavaron el estado de derecho en Argentina, convulsionaron sus instituciones políticas y los intereses estadounidenses en el país y también en la región”, concluyó.

El senador estadounidense, acusado el pasado 8 de junio por López Obrador de estar recibiendo dinero de los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos (que luego son vendidas al narcotráfico), no tiene reparos en denunciar lo que de verdad le importa a quienes consideran a América Latina como su patio trasero: combatir a los enemigos de su país y defender los intereses estadounidenses en la región.

Es decir, tal como lo fue la doctrina de la seguridad nacional y el Plan Cóndor en el siglo XX, el siglo XXI trajo consigo nuevas herramientas y metodologías por parte de los Estados Unidos para perseguir el mismo fin: hacerse del control territorial y de recursos de América Latina. El lawfare, en tanto guerra jurídica, no tiene otro fin que el de aniquilar la voluntad de lucha del adversario, en este caso, de las fuerzas sociales y los actores políticos con vocación popular.

Bastaría con accionar los mecanismos públicos para identificar a los jueces y fiscales de los poderes judiciales de Latinoamérica que han sido cortados transversalmente por esta estrategia del softpower y activar mecanismos de investigación financiera sobre las cuentas bancarias y patrimonios de los connotados jueces y fiscales “independientes” para empezar a acotar el poder impoluto de un justicia que actúa frente a los ojos de todos de manera absolutamente parcial. Si no se avanza en una agenda de reforma judicial que desarme estos mecanismos de injerencia extranjera no se podrá consolidar nunca un país soberano, ni una integración regional autónoma.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en claro el pasado martes 30 de agosto durante su intervención frente a los bloques de legisladores nacionales del Frente de Todos lo que está en disputa y marcó una necesidad política y social fundamental, al afirmar que es necesario “explicarle al conjunto de la sociedad hacia dónde vienen las etapas históricas geopolíticas. Cuando todos nos ponemos contentos porque tenemos alimentos, energía y litio, no nos pongamos contentos solamente, pongámonos atentos además porque se lo van a querer llevar sin darnos nada. Esto es lo que hay que mirar. Vienen por esto” 

En cuanto al rol de las mayorías populares, Argentina guarda un ejemplo invaluable en la memoria histórica, que late y se revitaliza en estos días de manifestaciones callejeras. El 17 de octubre de 1945, día que los trabajadores y trabajadoras argentinas dijeron basta al atropello de las clases concentradas, consiguieron torcer, de una vez y para siempre el curso de la historia, saliendo en defensa de Juan Domingo Perón, que se encontraba preso en la Isla Martín García. Como en aquel entonces, defender lo propio, frenar el avasallamiento de la derecha, develar al poder real y construir alternativas certeras pareciera ser el camino a allanar para los tiempos que corren.