El gobierno de Javier Milei se jacta de implementar un agresivo plan de ajuste que afecta de manera directa a los sectores más vulnerables. Docentes y jubilados son víctimas de la política de redistribución inversa aplicada por un "Hood Robin" criollo que, al contrario que el del cuento, castiga a los empobrecidos para beneficiar a los ricos. No se trata de un daño colateral: la pauperización de los ingresos es parte fundamental del programa económico en curso.
El sector más dañado por la motosierra fue el de los jubilados. Según el Monitor de Ajuste del Gasto Mensual de la consultora Analytica, entre enero y agosto de 2024, el gobierno redujo el gasto en jubilaciones, pensiones y PAMI en 7,4 billones de pesos (en valores constantes), lo que representa el 31% del ajuste primario total obtenido a base de licuadora y crueldad.
El recorte en jubilaciones es tan desproporcionado que supera en magnitud a otros rubros, como las transferencias a provincias ($1,9 billones), la obra pública ($3,9 billones) y los programas sociales ($2,4 billones). La síntesis es contundente: tres de cada diez pesos del ajuste fiscal aplicado entre enero y agosto de 2024 recayeron sobre los pasivos.
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Sobre ese brutal recorte se aplicó el veto presidencial a una reforma jubilatoria que habría permitido recuperar, aunque sea parcialmente, algo del poder adquisitivo perdido. El veto llegó con una provocación: “Las jubilaciones vuelan” dijo el presidente, siempre tan proclive a la exageración como a la mentira.
Otro colectivo golpeado por el ajuste es el de los docentes universitarios. Según surge de los datos del INDEC, la diferencia entre los aumentos salariales ofrecidos por el gobierno y la inflación es abismal. Un informe del Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (LSDU) estima que en julio de 2024 esa diferencia alcanzó los 54,21 puntos porcentuales y proyecta que en septiembre esa cifra podría llegar a 63,12 puntos. El desfase es producto de la licuadora, que se mantiene activa. El gobierno de Milei ofreció un aumento del 3% para agosto y otro del 2% para septiembre, cifras que no alcanzan a cubrir ni de cerca la inflación proyectada para esos meses.
Para dimensionar la pérdida real del poder adquisitivo, según estimaciones del LSDU, se necesitaría un aumento del 35% sobre los salarios de julio de 2024 sólo para mantener el mismo poder adquisitivo que en noviembre de 2023. En febrero de 2024, el salario real de los docentes había caído en 30,3 puntos porcentuales, y desde entonces los aumentos salariales otorgados de manera unilateral han sido insuficientes para revertir esta caída.
El ajuste que sufren los docentes y jubilados no responde a una pretendida política de austeridad. Es el modo de financiar la transferencia de recursos hacia los sectores más ricos de la Argentina. Un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el ajuste aplicado al sistema universitario representa el 0,14% del PBI, una cifra equivalente a los beneficios fiscales otorgados a los dueños del dinero y el poder.
El informe señala que la reciente reforma fiscal impulsada por el gobierno de Milei incluyó una reducción significativa del Impuesto a los Bienes Personales, concebido como un tributo a los altos patrimonios. Esta modificación, que beneficia a los sectores con mayor riqueza, provocará una caída en la recaudación de aproximadamente el 25%, pasando de representar el 0,52% del PBI a solo el 0,38%. En términos absolutos, esta reducción impositiva equivale a la misma cantidad de recursos que el gobierno recortó en el sector universitario.
De acuerdo con el Centro RA, el esfuerzo fiscal destinado a sostener los gastos de funcionamiento de universidades y hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes representa un 0,14% del PBI, una cifra similar a los beneficios fiscales otorgados a los sectores más acomodados.
La redistribución inversa que despunta entre las esquirlas del ajuste es la razón de ser del modelo minarquista. La sublimación de la élite y la consolidación de la desigualdad son requisitos necesarios para consolidar un futuro de país rico con ciudadanos pobres y trabajadores desahuciados. La escenificación de la brutal represión a los jubilados busca disciplinar a los sucesivos colectivos de trabajadores cuyos bolsillos serán sacrificados en el altar de la élite. La fragmentación de la resistencia, y la defección de quienes deberían articular un freno al daño, contribuyen para que el gobierno avance con la redistribución inversa a todo vapor.
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