Desde Roma, el presidente Javier Milei lanzó un mensaje que consolidó los temores sobre su pulsión autocrática. Si el Senado no aprueba los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, dijo, recurrirá a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para imponer las designaciones. "Si yo lo puedo sacar como pedí, por el Senado, lo saco por el Senado. Si me aparece la demanda y el Senado no me resuelve, lo tengo que resolver", planteó el Presidente en un frontón con el comunicador oficialista Luis Miguel Majul. Y agregó: "Son las dinámicas del Poder Judicial y yo lo que tengo que hacer es sujetarme a las condiciones de la Constitución. Igual vuelve a abrir el 1 de marzo, si es por eso, las ordinarias".
La alusión a la reapertura de sesiones no fue ingenua ni casual. Tras la tumultuosa sesión por la destitución del senador entrerriano Edgardo Kueider, la oposición del Senado quedó cerca de conformar una minoría que le permitiría plantar quórum e importunar al gobierno. En ese marco, el mensaje presidencial se emitió fuerte y claro: Milei no está dispuesto a depender del Congreso para ejecutar su plan de gobierno.
La implosión del Senado añade un capítulo más al desgaste parlamentario del oficialismo. La expulsión de Kueider y la licencia de Víctor Zimmermann dejaron al bloque pan oficialista -compuesto con altibajos por radicales, libertarios, federales y PRO- con 37 escaños, al filo de lo necesario para garantizar el quórum. Por su parte, la llegada de la camporista Stefanía Cora en marzo en reemplazo de Kueider arrimaría la banca 34 a Unión por la Patria, lo que la deja a “un Lousteau, un Blanco y una Tagliaferri” -según una humorada que se esparció por la Cámara Alta- de conseguir quórum opositor.
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La fractura expuesta de Milei con la vice Victoria Villarruel constituye otro estímulo al cierre precoz del año parlamentario. “Imposible confiar que va a maniobrar en favor de los intereses del presidente. Es tan enemiga nuestra como Macri o Cristina”, deslizó un funcionario con despacho en la Casa Rosada. La mención de Villarruel y Macri en la misma oración ratifica otra ruptura política con gravitación en el parlamento: el PRO de Macri fue clave para que el gobierno implementara un severo ajuste económico y desregulaciones en sectores estratégicos.
Macri siente que su aporte no ha sido reconocido del modo contante y sonante que imaginó cuando le acercó los votos que Milei necesitaba para llegar al poder. “A pesar de nuestro apoyo hemos sufrido un destrato permanente” se quejó el ex mandatario esta semana, durante una reunión de la Fundación Pensar, que lidera María Eugenia Vidal. En ese ámbito de propios, Macri lanzó dos advertencias. Una electoral: “Yo estoy comprometido”. Y la otra institucional: “La confianza no depende de una persona, aunque sea Milei. Depende de las instituciones, de la seguridad jurídica y de las leyes”. Los contertulios se fueron del encuentro sin dudas de lo que viene: el PRO endurecerá su posición y se prepara para competir con listas propias en cada provincia.
Con un Senado fracturado y el PRO de Mauricio Macri endureciendo su postura, el mandatario blande la posibilidad de gobernar por decreto, un terreno que ya transitó con sus primeras decisiones de ajuste. Pero hay un elemento que limita la tentación presidencial: los acreedores son susceptibles a la fragilidad institucional. No por convicción democrática, claro, sino por la sustentabilidad del programa económico que les pide plata fresca.
En un mundo agitado por movimientos en las placas tectónicas del poder global, los mercados observan con atención la estabilidad de los países emergentes. Y las señales de fragilidad institucional suelen encarecer cada dólar que busca el gobierno. Así las cosas, el nuevo ciclo de deuda y fuga que se propone perpetrar el ministro de Economía Luis Toto Caputo enfrenta una barrera: el capital financiero desconfía de gobiernos con baja sustentabilidad política.
Es la carta que agita Macri para evitar que la disputa de negocios que sostiene con el gobierno derrame al terreno electoral. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde su primo Jorge ya bebió del trago amargo que le sirvió El Jefe, Karina Milei. El intendente porteño debió conceder a La Libertad Avanza más de lo que pretendía para obtener el nuevo Código Urbanístico, pieza clave para una nueva generación de los negocios inmobiliarios que desde hace décadas administra la gestión PRO en la Ciudad.
La pulseada en suelo porteño terminó de convencer a Macri de que Milei va por todo lo que era suyo: votantes, territorio, dirigentes y negocios. Hay un territorio, sin embargo, donde Macri todavía reina y el presidente aún no logra hacer pie: la amalgama de jueces, fiscales y servicios de inteligencia que habita en los subsuelos del poder. ¿Acaso de esa ciénaga emergió la conveniente activación de una vieja causa contra Kueider que sirvió de excusa para que senadores del PRO cambiaran su postura y votaran por la exclusión del senador? Como suele ocurrir con los fantasmas: es creer o reventar.
La entronización de Lijo pero, sobre todo, la instalación como Porcurador General de Sebastián Amerio -vice ministro de Justicia e íntimo de Santiago Caputo- implicaría un potente desembarco del Gobierno en el territorio que aún ocupa Macri. La aplicación del sistema acusatorio le otorga al Jefe de los fiscales la conducción de un ejército legal con la potestad exclusiva de acusar e investigar a los presuntos autores de delitos penales. Visto de otro modo: el monopolio para ejercer maniobras de persecución política, económica y social, ejercicio también conocido como "lawfare".
La participación activa de Villarruel en el affaire Kueider -contra la opinión del Ejecutivo, la vice habilitó el debate a riesgo de que ocurriera lo que ocurrió- estimuló la guerra abierta de Milei con quien le sigue en la línea de sucesión. Y constituyó la excusa que le faltaba para justificar el virtual cierre del parlamento en el año electoral. “Sin número, aliados firmes ni vicepresidenta, no habrá mucho que podamos hacer en el Congreso” se justifican en la Casa Rosada. Es probable, sin embargo, que en el fragor de la campaña el gobierno bombardee al parlamento con caramelos de madera de baja densidad legislativa pero alto impacto en la opinión pública, para alimenar a la leonera del odio y mantener activa la narrativa “anti casta” que nutre la narrativa electoral de Milei. La estrategia es sencilla: el gobierno culpará de los problemas provocados por su propio programa a “los políticos” que no lo dejan gobernar. Con eso justificarán emitir normativas críticas por decreto y pedirán el voto para “barrer a las ratas” del Congreso.
Bajo esas premisas, el presidente se dispone a hacer lo que siempre quiso: gobernar a punta de DNU, presupuesto prorrogado, cortesanos adictos, procurador propio y facultades delegadas.
El sueño húmedo de todo presidente de cara a un año electoral
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