Hidrovía es el nombre del canal que gerencia una firma integrada por la empresa belga Jan de Nul -una de las dos mayores dragadoras del mundo- y Emepa, de Gabriel Romero, integrante del conjunto de los arrepentidos que investiga la justicia, por la causa de las fotocopias de los cuadernos de las coimas.
Esa firma tuvo hasta el 30 de abril la concesión, otorgada por Menem en 1995, del sistema hídrico de transporte fluvial del río Paraná-Paraguay, que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional. Por esa vía navegable entra y sale anualmente casi el 80% del comercio exterior argentino, 6.000 barcos extranjeros que no pagan peajes, impuestos, ni tienen controles estatales: un negocio de USD 300 millones anuales.
El ministerio de Transporte, Gabriel Katopodis, quien se encuentra ejerciendo dicho cargo de manera temporal tras la muerte de Mario Meoni, antes del vencimiento, prorrogó por 90 días la concesión de la Hidrovía para que se realicen trabajos de "modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado". ¿Qué ocurrirá una vez que se cumplan los tres meses de la prórroga? Habrá que definir si se realiza una nueva licitación para concesionar la vía navegable troncal de la Argentina a un prestatario privado o si se opta por un retorno de funciones al Estado.
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La senadora nacional del Frente de Todos por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, señaló en el Congreso la necesidad de revisar la concesión, y Jorge Taiana planteó la recuperación del Canal Magdalena para la plena soberanía nacional sobre la mal llamada "hidrovía", según Mempo Giardinelli. ¿Por qué mal llamada hidrovía? preguntó esta cronista a Giardinelli, uno de los intelectuales que militan la soberanía del río. “Porque no es una hidrovía, es el río Paraná que amamos y hace a nuestra historia e identidad”, respondió el reconocido escritor.
Una simple frase permitió iluminar la operación de saqueo económico, geopolítico, simbólico, afectivo, de identidad y soberanía, porque tal como afirmaba Freud “se comienza cediendo en las palabras y se termina cediendo en las cosas”. “Hidrovía” es un nombre que desnacionaliza y privatiza los recursos nacionales, “el Paraná” no es la hidrovía sino un río argentino por el que, como decía Jaime Dávalos, va el jangadero hacia el confín del litoral.
El Artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. A pesar de que la Constitución establece que el verdadero propietario del territorio nacional es el pueblo, en nuestro país la demanda de soberanía constituye una lucha permanente desde la conquista española hasta nuestros días.
A la luz de la violencia expropiadora y extranjerizante ejercida sobre el país por los tres gobiernos neoliberales que administraron a favor de potencias extranjeras y/o consorcios transnacionales -siempre en perjuicio del pueblo argentino-, es hora de empoderar la democracia en su dimensión soberana. El pueblo tiene derecho a decidir sobre el uso de los bienes naturales del territorio.
La soberanía implica una decisión política que se ejerce a través de representantes pero, fundamentalmente, radica en la emergencia del pueblo como sujeto político y principal agente de la democracia participativa. El pueblo implica el ejercicio de la voluntad popular que consiste en la organización política de las relaciones sociales que se sienten afectadas o dañadas y realizan el performativo del “nosotros”. Esa potencia social está conformada por demandas articuladas y por una intensidad afectiva común que cuando se hace cargo de la soberanía posee un poder insurrecto capaz de “hacer sonar el escarmiento”.
En la época de la pandemia el sector que apoya al Gobierno comprendió que, para el cuidado colectivo, era fundamental adaptarse al #QuedateEnCasa. Esa parte de lo social, acostumbrada a manifestarse en la calle, se vio obligada a reconfigurarse y expresarse bajo nuevas formas políticas, como la militancia virtual. Del mismo modo que en las manifestaciones callejeras, a través de las redes se movilizan afectos que logran expresarse como demandas organizadas en un cuerpo o un espíritu colectivo.
La soberanía del Paraná constituye una demanda que se organizó y cobró centralidad en los últimos meses, en los que se fueron sumando voces a través de las redes sociales, documentos, videos, conferencias, clases por zoom y petitorios que circularon por los WhatsApp.
En el actual contexto de la segunda ola de la pandemia, enfrentando la grave crisis sanitaria y económica que eso suscita, habría que dejar de naturalizar las venas abiertas del continente latinoamericano, constantemente desangrado y saqueado en sus recursos naturales.
Es hora de escuchar al pueblo y que el Estado haga valer una política del cuidado que incluya el cuerpo, los bienes del territorio y el medio ambiente. Un anudamiento entre esos tres será capaz de afirmar la vida y reparar los dolores.
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