Con miles de haitianos en las calles durante semanas exigiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry, miembro del ultraderechista PHTK (Partido Haitiano Tèt Kale), este lunes 11 de marzo el gobierno anunció en sus redes sociales oficiales que iniciará una transición presidencial. Esto sucede luego de haberse negado sistemáticamente a un nuevo proceso electoral durante más de año. Resultó llamativo que Henry sucediera en el poder al asesinado ex presidente Jovenel Moïse -crimen que aún está siendo investigado-, mediante un anuncio de twitter (X) el mismo día en que organizaciones sociales y políticas se reunían para impulsar una “transición gubernamental”, y que el premier renunciante continuara hasta hoy en el poder. Por supuesto, nada de esto podría suceder sin el aval de Washington.
Según lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo del 21 de diciembre de 2022, conocido como el “Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes”, firmado, bajo los auspicios de la comunidad internacional, por representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado, el mandato de Henry debía concluir el pasado 7 de febrero.
Sin embargo, recién por estos días decidió ceder frente a las presiones externas e internas. Acorralado por la situación social caótica, donde se conjugan altos niveles de violencia del crimen organizado, la situación de Haití es crítica.
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El anuncio de dimisión llegó a tan solo horas de que el secretario de Estado de EE UU, Anthony Blinken, reclamara a Henry que iniciara una transición urgente hacia “un gobierno más amplio e inclusivo y el nombramiento de un primer ministro interino”. Todo esto sucedía mientras el hatiano se encontraba fuera de su país, en Puerto Rico. La exigencia tuvo lugar durante la celebración de una nueva sesión extraordinaria de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en Kingston, Jamaica, con representantes de Estados Unidos, Francia, Canadá y la ONU, reunidos allí por el conflicto humanitario en Haití.
La CARICOM propuso que el consejo presidencial de transición sea integrado por siete miembros con derecho a voto y dos observadores, asegurando que el consejo seleccionará y nombrará un Primer Ministro interino y un Consejo de Ministros hasta las próximas elecciones. Sin embargo, aún no hay fechas para celebrar las mismas. Blinken aseguró, además, que el Consejo debe permitir el “rápido despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad”, y anunció el aumento del financiamiento a tal Misión, autorizada por la ONU.
A Henry, no le bastó con ausentarse del país en medio de la escalada del conflicto en las calles de Puerto Príncipe. Aún con el pedido de una intervención extranjera respaldada por las Naciones Unidas y tropas kenianas. Desde que el PHTK llegó al control del gobierno haitiano, con presidentes y primeros ministros (Michel Martelly, Jovenel Moïse y Ariel Henry como grandes figuras), la crisis solo se ha profundizado. La preocupante degradación de las instituciones del país y el incontrolado aumento en la influencia de bandas armadas relacionadas al narcotráfico exponen a una gran mayoría del pueblo a una situación de supervivencia.
Un breve recorte temporal indica que durante el año pasado los homicidios aumentaron en un 119.4 %, unas 4,789 personas fueron asesinadas, entre ellas 465 mujeres, 93 niños y 48 niñas, lo que equivale a una proporción de 40.9 homicidios por cada 100 mil habitantes y el número de personas secuestradas casi se duplicó en 2023, superando las 2.500.
El ataque de las bandas a las comisarías ha destruido por incendios más de 45 comisarías de las 412 existentes en el país. En el 2023 1,636 oficiales abandonaron el servicio y 48 policías resultaron muertos y 75 terminaron heridos. En febrero de este año UNICEF informó que debido la violencia de las bandas criminales unos 170.000 niños y niñas abandonaron sus hogares. En total, cerca de 314.000 personas viven como desplazados, principalmente en la capital, Puerto Príncipe; y el departamento de Artibonite, además de advertir que más de 100.000 niños corren el riesgo de morir de desnutrición grave entre los 5,2 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria.
La movilización popular es permanente y adquiere un carácter antiimperialista
Hace tres años se vivió un momento de esperanza con un enorme movimiento social de oposición al gobierno. En las calles de las principales ciudades del país, más de un millón de personas se manifestaron en contra de la corrupción, con la importante participación de organizaciones como el Foro Patriótico, Engages pour le Developpement (EDE), Rally Socialdemócrata para el Progreso de Haití, Comprometidos con el Desarrollo, entre otros.
La historia de reclamos populares por una vida digna, calidad democrática y soberanía sobre los recursos es larga. En 2016 el pueblo salió a las calles para denunciar el fraudulento proceso electoral, en el que finalmente se impuso Moise, al año siguiente la movilización escaló contra el presupuesto que la población llamó “presupuesto criminal”, por los intentos de represión fiscal contra las capas populares tras la caída del programa Petrocaribe (generado por Venezuela) y que generó una grave crisis de liquidez. En 2018 un alza importante de los precios de los combustibles de entre el 35 y el 51 por ciento de aumento volvió a calentar las calles con bloqueo de carreteras y de la actividad económica del país.
Durante esos años de la presidencia de Moise (2017-2021), millones de ciudadanos haitianos se alzaron para reclamar la salida del poder del presidente y su gabinete. Las movilizaciones exigían, en suma, un cambio de sistema político. Ya para el 2022, las manifestaciones en la ciudad de Puerto Príncipe, y en otros puntos de la isla, repudiaban el despliegue militar de Estados Unidos y Canadá. En una serie de protestas convocadas bajo el lema “Abajo Ariel Henry, abajo la ocupación”, las manifestaciones políticas volvieron a ser multitudinarias. El año pasado, continuaron entre las consignas de protesta el cuestionamiento al sistema político total, con énfasis en la dimisión de Henry y el llamado a elecciones transparentes.
Sin embargo, en el escenario abierto por estos días, aunque se garantiza la salida de la Primer Ministro, las maniobras internacionales para continuar con una presencia en el territorio del país, continúan. Evidentemente, un importante segmento de la voluntad popular haitiana está en contra de esto, y no por nada. El peligro de que la crisis social se acreciente parece inminente.
El disciplinamiento histórico
A lo largo de su historia, el pueblo haitiano no solo fue el primero en llevar adelante una exitosa revolución antiesclavista en la región, sino que además, procuró aportar a la liberación de ese yugo en otras latitudes. Como si hubiera una acción histórica disciplinadora, Haití ha experimentado un patrón persistente de interferencia extranjera, principalmente de los Estados Unidos. Esto ha dado origen a un legado de explotación y saqueo que afecta profundamente a esta nación insular del Caribe.
A lo largo de un siglo, desde la invasión colonial el destino de Haití ha estado entrelazado con el ejercicio despiadado del poder por parte de actores extranjeros, que priorizan su propia agenda sin tener en cuenta el bienestar de una de las poblaciones más empobrecidas del planeta.
Desde la primera ocupación estadounidense, de 1915 a 1934, las revueltas populares haitianas fueron brutalmente reprimidas. Esto provocó la pérdida de miles de vidas y dejó una herida abierta y duradera en la estructura social y económica del país.
En los años siguientes, Haití sirvió como sitio experimental para las estrategias intervencionistas en América Latina y el Caribe. Con el apoyo de Washington, la dictadura de François Duvalier, “Papa Doc”, durante 30 años la nación fue sometida a un reinado de miedo y opresión. Su régimen de terror se cobró la vida de numerosos dirigentes opositores, la imposibilidad de desarrollar un proyecto de país soberano y la imposición de una situación social paupérrima.
Los sucesivos gobiernos estadounidenses aprovecharon la ventajosa posición geográfica de Haití, enclavado en un punto estratégico entre el mar caribe y el océano atlántico, cercano a Cuba, México, Colombia y Venezuela, para establecer instalaciones militares y ejercer influencia en toda el área.
Además de la intervención con el objetivo de “restaurar democracias”, la dominación desde el Norte se ejerció también detrás de la “asistencia humanitaria”, en el marco de los terribles desastres naturales que sufrió el pueblo de Haití. Luego de que fuera derrocado Aristide en 2004, el gobierno estadounidense aprovechó una crisis política interna para establecer la presencia militar extranjera con la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, conocida como MINUSTAH.
Teóricamente, esta misión tenía como objetivo el mantenimiento de la paz, pero nunca logró cumplir su función de proporcionar ayuda humanitaria. El accionar de la MINUSTAH fue tan escandaloso que obligó a realizar investigaciones por abusos y violaciones a los derechos humanos, especialmente contra mujeres y niñas. La MINUSTAH tuvo que cerrarse de manera intempestiva en 2017, dando lugar a la morigerada Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia de Haití, MINUJUSTH.
Ahora pareciera que se transita un escenario de una nueva intervención internacional en la política haitiana. El creciente rechazo de las organizaciones y partidos políticos opositores al gobierno saliente, con mandato cumplido a inicios de febrero de este año, es evidente.
La ocupación y la dependencia es entonces en Haití, un problema histórico al se suman nuevos elementos, pero que -no por casualidad- vienen repitiendose en la región: el aumento indiscriminado de los agrupamientos narco-criminales, declaraciones de estado de sitio con emergencia social, y crisis carcelarias, como elementos de un modelo de control social que se profundiza. Tomemos como ejemplo la situación de Ecuador y El Salvador.
De hecho, el pasado 10 de marzo, el presidente Nayib Bukele, afirmó que puede ayudar a estabilizar la situación en Haití con una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y el consentimiento del gobierno haitiano, abonando la estrategia de securitización social para la región.
Un emergente de estas protestas es Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, el vocero de una coalición urbana denominada ‘Vivre ensemble’ (Vivir juntos), a la que la gran prensa occidental ha rotulado de “líder pandillero”, con una larga historia de violencia. No faltaron acusaciones para vincularlo a prácticas de canibalismo, que incluyó la publicación de videos falsos en redes sociales. Más allá de lo contradictoria que puede resultar su figura, es importante reconocer que en todas sus declaraciones aparece un político, no un criminal.
Mientras tanto, el accionar internacional ha determinado que el Ministro de Finanzas, Michel Boisvert, asuma como primer ministro interino.
La alarma continúa
La salida de Henry parecería tener dos vías de resolución. La más probable es la continuidad de la injerencia extranjera dirigiendo los destinos de Haití, disfrazada de una Ayuda Humanitaria que, finalmente, siempre es escasa. La menos probable, pero aún posible, es la instauración de un gobierno de coalición que incluya a los amplios sectores de la oposición no solo política, sino económica.
El recorrido del conflicto social y político de la Haití de los últimos años señala que existe una Fuerza social que reclama una apertura institucional y garantías democráticas, para la instauración de un gobierno nacional que desarrolle grados de soberanía en sus decisiones y, sobre todo, de manera urgente, resuelva la grave crisis económica y social en que la derecha haitiana financiada y dirigida desde el exterior, ha sumido a toda la población.
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