Este lunes 2 de octubre, mientras el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, retornaba de México, donde asistió al IX Encuentro del foro regional progresista “Grupo de Puebla” -y lo que es aún más relevante- tuvo la oportunidad de reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, las y los guatemaltecos volvieron a dar una señal de fuerte defensa de los resultados electorales de agosto.
La Junta Directiva y el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán se declararon en paro nacional y convocaron a diversos sectores de la población a movilizarse pacíficamente en defensa de la democracia. Desde el balotaje presidencial que otorgó la victoria al Movimiento Político Semilla por el 60% de los votos frente al 39% de la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la movilización popular no cesa.
Durante los primeros días de septiembre, estudiantes del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) y cientos de ciudadanos llegaron al frente de la sede del Ministerio Público (MP) en Xela, para rechazar la gestión de la fiscal general que dirige el organismo, la cuestionada Consuelo Porras. Al sector estudiantil que se expresó con banderas, carteles, parlantes y cantos de protesta afirmando “Consuelo golpista, vos sos la terrorista”, “Va a caer, va a caer, Consuelo va a caer”, “Curruchiche no es fiscal es otro criminal”, se sumaron en esa ocasión también, integrantes de la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ), el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y el Movimiento Indígena Guatemalteco.
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El 18 de septiembre Arévalo hizo un llamado a sus seguidores a apoyarlo durante la presentación de un amparo frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando la destitución de Porras y otros funcionarios que aún se encuentran en sus cargos y operando como caras visibles del proceso de persecución política a Semilla. Entre ellos, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y el juez Fredy Orellana. Ese día la alcaldía comunal del cantón Paquí, Totonicapán, anunció una peregrinación a la ciudad capital en conjunto con las autoridades de los 48 Cantones (coordinados con otras autoridades ancestrales del país) con cortes de rutas y concentración en el Congreso de la nación.
Campo minado: una transición gubernamental de cinco meses
El lunes 4 de septiembre inició el proceso de transición de mando del poder Ejecutivo, que tiene como punto culmine la asunción de Bernardo Arevalo y Karim Herrera el próximo 14 de enero de 2024, presidente y vicepresidenta. Si es que las fuerzas populares guatemaltecas y la comunidad internacional logran hacer prevalecer el resultado electoral oficializado, frente al proceso de golpe de estado en curso.
Esta transición que cuenta con el explícito compromiso del actual presidente, Alejandro Giammattei, se encuentra bajo la vigilancia de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y depende del trabajo conjunto entre representantes del gobierno saliente y del entrante. Más allá de las buenas voluntades expresadas públicamente, es un proceso plagado de tensiones, avances y retrocesos.
Giammattei llegó a asegurar en diálogo con Arévalo: “Si es necesaria mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala; me guste o no me guste, eso es lo que no importa, lo que importa es que a usted el pueblo lo eligió” luego de que el Ministerio Publico a cargo de Porras, por pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), realizara uno de los allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Secuestraron actas oficiales, como parte de una seguidilla de maniobras poco justificadas y realizadas con altos grados de “reserva” de información.
El proceso se suspendió por pedido de Semilla -apenas una semana luego de haber comenzado- implica el intercambio y análisis de información del estado actual del Gobierno a partir de cientos de documentos e informes de ministerios, secretarías y consejos. Y se retomó el pasado 27 de septiembre, tal como anunció Giammattei en su cuenta de X (ex Twitter) “con la metodología planteada por el Pdte. electo, limitada a reuniones sectoriales”.
El apoyo internacional
A esta altura, y desde la primera vuelta electoral, continúan sumándose múltiples y diversas voces del teatro internacional que se posicionan sobre el flagrante ataque al futuro gobierno. Luego del cuarto allanamiento realizado por la Fiscalía -mientras Arévalo se encontraba en Puebla el pasado fin de semana-, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó la maniobra como un “ataque sin fundamento ni motivación clara al órgano electoral, que atenta contra su independencia y autonomía”. Además, denunció que el MP conducido por Porras, está llevando a cabo una “persecución política similar a la de regímenes autoritarios, que viola los estándares democráticos y que ignora los llamados de la comunidad internacional”. La doble vara de la OEA.
Horas antes del comienzo de la transición, en su visita a Guatemala, el Subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, se reunió con el presidente Alejandro Giammattei, a quien le transmitió el apoyo a una transición ordenada. Recientemente, Arévalo ha conseguido que importantes mandatarios de nuestra región demuestren públicamente su preocupación y apoyo, frente al ataque jurídico-institucional del que es objeto.
Entre ellos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Asamblea General de la ONU alertó a la comunidad internacional, asegurando en su alocución que “en Guatemala hay riesgo de un golpe, que impediría la investidura del ganador de unas elecciones democráticas”, convocando a todos los mandatarios a “velar” por la preservación del Estado de derecho y la democracia. Este sábado 30 de septiembre, fue el turno de López Obrador quien comentó en X "Comimos en Texcoco con nuestro amigo Bernardo Arévalo, presidente electo del hermano y vecino país de Guatemala. Hicimos el compromiso de trabajar juntos en bien de nuestros pueblos", luego de la reunión que mantuvieron para poner en agenda la cooperación bilateral entre ambos países.
En simultáneo, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmaba en sus redes sociales: “Se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder. En el territorio americano no se debe dar un golpe de estado más, ni una burla más al mandato popular. La fiscalía de Guatemala es el instrumento del golpe y en la OEA se debe alistar el uso de la carta democrática”.
¿Al servicio de quién?
En el centro de la escena, la Fiscal cuya cabeza piden en las manifestaciones por su minuciosa tarea dedicada a suspender al Movimiento Semilla e impedir que se haga efectiva la toma del poder, fue incluida en septiembre de 2021, en la lista de actores corruptos y antidemocráticos presentada al Congreso de EE. UU., en virtud del artículo 353 de la Ley de Mayor Colaboración entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Engel. Mientras que en mayo de 2022, la oficina del Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que se le retiraba la visa a Consuelo Porras y su cónyuge, “debido a su participación en hechos significativos de corrupción”. De acuerdo con el comunicado, durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. “El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”, dice la misiva.
Lo cierto es que Porras llegó al Ministerio Público en 2018, de la mano de Jimmy Morales, un actor y productor que se aventuró a la política y no pudo cumplir con ninguna de sus promesas de campaña. Sin embargo, durante ese gobierno y el de Giammattei, en el que fue ratificada en el cargo, la política “anticorrupción” guatemalteca, intentó desprenderse de ciertos tutelajes externos. A mediados de 2018, expulsó la CICIG (Comisión contra la Impunidad en Guatemala), un órgano creado por la ONU, para dar apoyo al MP en la lucha contra la corrupción. El 23 de julio de 2021, Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, fiscal encargado de la fiscalía de sección FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad), quien había sido condecorado por los Estados Unidos por su trabajo contra la corrupción.
En el historial de Porras, que la muestra como instrumento al servicio de la conservación en el poder de un entramado de actores político económicos guatemaltecos, figura una obstrucción de investigación contra el presidente saliente Giammattei, en un caso de sobornos de empresarios rusos para ganar sus favores en el sector minero, además de demorar medidas en contra de la candidatura de Sandra Torres, contrincante en estas elecciones del Movimiento Semilla.
En junio de 2021, un mes antes de que Porras embistiera al Fiscal avalado por EEUU, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, emprendió su primer gira fuera del país, que tuvo como destino México y Guatemala, para tratar temas referidos a la migración y la lucha contra la corrupción. Allí Harris anunció que los departamentos de Justicia, Tesoro y Estado de EE.UU. trabajarían ”juntos para realizar investigaciones y capacitar a las autoridades locales para que realicen las suyas propias". En septiembre el nombre de Porras fue incluido en la lista Engel.
En este contexto es que Arévalo, además del apoyo del progresismo regional, cuenta, al parecer con el acompañamiento de un sector demócrata norteamericano, cuya influencia en centroamérica es un asunto por momentos, poco cuestionado. Dicho esto cabe retomar algunas afirmaciones que venimos sosteniendo sobre la concentración del poder político y público en Guatemala, en una reducida élite de familias que no parecen estar dispuestas a acatar el mandato popular, ni velar por las apariencias democráticas.
No es la primera vez que escuchamos en la historia reciente latinoamericana que la justicia es utilizada como tropa de ocupación para el control de los designios políticos de un país.
La movilización popular indica, por otra parte, que las organizaciones y las y los ciudadanos cansados de la marginalidad, el empleo precario, la falta de acceso a la tierra, los alimentos, la vivienda, la salud o la educación han trazado un camino y elegido a quienes deberán ocupar el Ejecutivo para contrarrestar la lamentable situación de desigualdad que vive el país. Un pueblo que trazó una estrategia, apostó sus fichas y ahora sostiene su decisión involucrándose y apostando a la lucha de calles. Podemos hablar entonces, de varias victorias en curso, conviviendo con el intento de golpe.
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