Hace una semana decíamos en esta misma columna “El documento recientemente hecho público por la mesa del Frente de Todos (FdT) es una novedad política muy importante. Sin exageración alguna puede decirse que es la primera expresión de una interpretación común sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación compartido por sus principales dirigentes y las agrupaciones en las que participan. ¿Puede un documento cambiar la realidad política? Puede decirse que las palabras solamente pueden modificar la situación si son inspiradoras de cambios profundos en las conductas de las personas. En este caso, la influencia del texto debe enfrentar un primer test muy exigente: la correspondencia de los actos de sus firmantes con sus palabras”.
En las horas inmediatamente posteriores a la publicación de ese texto se abrió paso una insólita discusión sobre lo que constituye un fragmento principal del citado documento: la lucha contra la proscripción a Cristina Kirchner. Aníbal Fernández, ministro de seguridad del gobierno, afirmó en estas horas que la ex presidenta no está proscripta. Es decir, se pronunció en un sentido claramente antagónico con la letra y el espíritu del documento frentista que destaca la lucha contra la proscripción de Cristina como una cuestión central de la etapa política actual. Lo que se pone así en discusión es toda una interpretación de nuestra realidad. Algo que con absoluta seguridad ocupará el lugar central de la discusión política argentina. Cuando se anunció la formación de la “mesa electoral”, como se la llamó al principio, se puso en discusión la cuestión de sus alcances. Para el presidente, era importante subrayar que la mesa era electoral y no política, puesto que esta última interpretación pondría en cuestión quién tomaría las decisiones de gobierno. Pero la mesa no podía dejar de ser política; de otro modo navegaría en el vacío. Lo ocurrido revela de modo muy claro la naturaleza de la discusión: es una disputa hegemónica en el interior del frente acerca de la interpretación de la situación política y de las conductas que de esa interpretación se deriva.
A pocos meses de una elección decisiva para el futuro del país, nadie -y menos la fuerza que actualmente gobierna- puede dudar de la importancia política del hecho. Sin embargo, lo que tampoco se puede -o tampoco se debe- dejar de tener en cuenta la realidad en la que se desarrollarán los acontecimientos previos a los comicios. ¿En qué realidad política nos vamos acercando al momento electoral? ¿Es una simple “rutina institucional” la elección o se está discutiendo una cuestión de régimen político? Por ejemplo: hoy se está desarrollando en la cámara de diputados la discusión sobre si corresponde el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema: ¿es un hecho corriente en la vida institucional del país?, ¿es, como dicen de modo unánime los medios oligopólicos de comunicación una maniobra de distracción política por parte del actual oficialismo? ¿o es la puesta en cuestión de un régimen político que funciona en los hechos, más allá de las fachadas institucionales vigentes? ¿es o no cierto que existe un poderoso tejido extrainstitucional que incluye a un sector importante del poder judicial, a los grandes complejos comunicativos y al poder económico concentrados que impone sistemáticamente su interpretación del país en que vivimos?
Lo que está en el centro de la discusión no es solamente una cuestión de gobierno. Es una cuestión de régimen. De quién y cómo decide el rumbo de la política nacional. Y la cuestión de la proscripción de Cristina se ha convertido en el problema principal de la coyuntura política argentina. Porque la proscripción divide definitivamente las aguas de la institucionalidad democrática de las de un régimen de apariencia democrática pero de esencia autoritaria. Esto ocurre, además, en un país en el que entre el año 1955 y el año 1976 -con un “veranito” fugaz en 1973- funcionó un régimen “democrático” en el que la fuerza popular estaba impedida de participar en las “elecciones democráticas”. Se consideraba entonces presidentes y regímenes “democráticos” a quienes gobernaban sobre la base de esa proscripción. A nadie entonces se le ocurría divagar sobre qué es o deja de ser una proscripción. También se usaban entonces “causas penales” contra Perón y los peronistas, sin que nadie pudiera decir con seriedad que esas sutilezas leguleyas escondían mal a la proscripción.
¿Qué quiere decir que CFK no está proscripta? ¿Qué falta el fallo de Casación? ¿El de la Corte? Eso carece de toda seriedad, parece que quien sostiene ese argumento está pensando más en la lucha de candidaturas en el Frente de Todos que en la vigencia del régimen democrático. Y razonar así en nombre del peronismo no huele demasiado bien. Pero hay algo realmente grave en esta discusión. Es el hecho de que el primer documento institucional, político y estratégico del frente, el documento que caracteriza una etapa política y orienta acciones en su interior se tira lisa y llanamente a la basura porque complicaría alguna candidatura que se estaría defendiendo. En este punto, lo más probable es que el abrazo a la granada esté pensado para proteger al presidente de la necesidad de un largo período de progresiva pérdida de centralidad ante la inminencia del fin de su período gubernamental. El motivo es plenamente razonable, pero de ninguna manera justifica la indiferencia frente a la proscripción de la actual vicepresidenta. Se podría plantear, por ejemplo, una estrategia para el fortalecimiento del presidente en la transición preelectoral en la que se comprometieran todas las fuerzas y todos los dirigentes del Frente. Pero en este punto está lo más complejo (y dañino) de los hechos ocurridos. Porque la apertura del debate sobre si estamos ante una proscripción es un modo de restar toda confianza en los acuerdos adoptados en el interior del frente. Si un texto del volumen del pronunciamiento de la mesa fue irresponsablemente atropellado irresponsablemente horas después de su aprobación, ¿cómo confiar en nuevos acuerdos que remienden lo que se dañó?
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El documento parecía destinado a cerrar un pasaje largo y lamentable de querellas mediáticas interiores, de mutuas descalificaciones, de desconfianzas crecientes, de las que ningún sector de la coalición se privó de participar. ¿Eso significa que la querella sobre la proscripción es el camino de regreso (o más bien de continuidad) a la guerra de todos contra todos? ¿Hay alguien que crea que eso beneficiará la candidatura propia o de su sector? La palabra del espacio frentista ha sido visiblemente devaluada. El tiempo para restablecer su valor es muy poco. Y no se trata sola ni principalmente de gestos exteriores de reconciliación. Se trata de pararse en la dura realidad económico-social que padece nuestro pueblo. De tomar medidas de reparación urgente de esa realidad, utilizando entre otros recursos los aumentos de suma fija que compensen los costos sociales de una inflación cuyo freno sigue siendo un programa de problemático alcance. Las paritarias son una gran conquista social de nuestro pueblo y no deberían ser argumentadas en contra de medidas reparatorias inmediatas y urgentes. Queda tiempo todavía, pero es muy poco.
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