Macri y su régimen al banquillo por espionaje ilegal

Macri ya estuvo imputado antes de ser presidente por escuchar conversaciones telefónicas ajenas. Fue sobreseído a impulso del fiscal federal Di Lello, horas antes de asumir la presidencia. Quien hoy lo imputa es el mismo fiscal Di Lello.  

Es muy grande la tentación de limitar la mirada a una práctica individual perversa y desleal de Macri. Por supuesto que la investigación deberá concentrarse en el hecho denunciado, es decir en la intercepción de mensajes electrónicos de un conjunto de personas que incluye muchos supuestos amigos y compañeros de ruta política del ex presidente. Será esa investigación la que establezca o no las correspondientes responsabilidades. Sin embargo, la manipulación macrista de las instituciones es un hecho que ni el propio Macri ni varios de sus colaboradores se preocuparon en ocultar. La insólita referencia a una “mesa judicial”, abundante en los comentarios políticos de la época, nació del propio gobierno, de los más cercanos al presidente.    Pero la importancia de la investigación iniciada por Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI, no termina ahí. No es solamente la ejecución de un delito ocasional lo que está en juego, ni es solamente una responsabilidad personal del ex presidente y su jefe de inteligencia. Lo que aparece en primer plano está en la ruta de lo que la investigación del juez Ramos Padilla, llamada el “D’Alesio gate”, comenzó a poner de relieve hace poco más de un año. No es la corrupción individual o de grupo lo que está en juego, es la existencia de un régimen de control y persecución política basado sobre el uso ilegal de posiciones de Estado. El régimen tiene una estructura básica y un uso más o menos estandarizado. Se trata del conocimiento profundo y sistemático de las personas que actúan políticamente para utilizar cualquier aspecto de su vida con vistas a su uso a través de la extorsión. Lo que está apareciendo –aun cuando de alguna manera se conociera desde hace mucho- es una práctica sistemática que apunta a sacar de la cancha a enemigos, a apretar aliados y a conseguir que unos y otros se encuadren en diversas estrategias políticas.

De modo que hay un plano estrictamente judicial del episodio y otro plano claramente político. En los tribunales se trata de establecer justicia utilizando la comparación de las conductas del caso con las leyes, especialmente con la llamada ley de inteligencia, que fue uno de los logros de la recuperación democrática de 1983. Es una ley cuyo espíritu más profundo es el de circunscribir la labor de los servicios de inteligencia a sus funciones de defensa del país frente a eventuales agresiones externas y a evitar su utilización en las cuestiones políticas internas. La mirada política –a diferencia de la judicial- podría ayudar a pensar cómo opera este tipo de acciones ilegales en el régimen democrático. 

 Para eso es necesario situarse en diciembre de 2015. Claramente, entonces, los núcleos más poderosos del país vieron llegada la hora de una refundación del país. A voz en cuello sostenían a través de periodistas y divulgadores de distinto tipo que era la oportunidad de terminar con décadas de atraso, aislamiento del mundo y corrupción, todas ellas lacras que se llamaron siempre peronismo, aun cuando fueron recibiendo otros nombres como kirchnerismo o populismo. Puede consultarse a propósito el paradigmático editorial de Morales Solá en La Nación del 13 de diciembre de ese año. “Un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo” postulaba la nota, curiosamente escrita por un “periodista independiente”. En modos parecidos, salvando la distancia, se expresaron diversas voces del establishment inmediatamente después del golpe del 24 de marzo de 1976. 

Claramente el macrismo no inventó el uso faccioso de los organismos de inteligencia. Lo que parece específico de esa etapa es una orientación claramente dirigida a terminar con la experiencia de los años anteriores a su triunfo. ¿Cómo se explica, entonces, la presencia en la lista de espiados de conspicuos dirigentes de la propia alianza de gobierno? Está muy claro que Macri no se sentía tanto el líder de una coalición gubernamental (coalición que, de hecho, nunca funcionó) como un garante estratégico de los grupos más poderosos de la sociedad. El hombre providencial que puede asegurar la dirección con mano férrea de la finalización compulsiva y definitiva de una larga experiencia social y política argentina. Y para eso necesitaba asegurar una conducta plenamente subordinada por parte de gente de la “vieja política”, cuya conciencia de la gravedad de la hora podía flaquear ante los cálculos de poder individuales o de grupo. La lealtad en el “mundo Macri” (que es el mundo de las “clases cultas y productivas”) no es el resultado de un liderazgo intelectual y moral sino el objeto de una operación compulsiva de poder. 

No habría que considerar la decisión de la actual jefa de inteligencia como un “hecho menor” de la política, frente a la emergencia sanitaria y económica que atravesamos. Los hechos en los que se juega el poder nunca son hechos menores. Y aquí se juega el poder. Porque el poder legal- constitucional es el poder visible, el que tiene origen en la voluntad popular y en las leyes que le dan forma institucional. Pero en la Argentina conocemos de sobra la existencia de un poder real que no se basa en votaciones ni en leyes sino en el dominio fáctico de recursos materiales ejercidos de modo monopólico. Quedó muy claro en los años de los gobiernos kirchneristas la enorme capacidad de ese entramado (político-mediático-judicial-servicial) para construir escenas de ingobernabilidad. Ese poder real es el que, por ejemplo, “durmió” la ley de servicios de comunicación audiovisual hasta que Macri la fulminó con un decreto. Una vez constituido Macri en el presidente, ese poder fáctico accedió a la botonera oficial del poder democrático. Ese es el origen del repugnante espectáculo de mesas judiciales, expulsión de jueces, violación de derechos individuales y sociales y vergonzosa renuncia a cualquier actitud nacionalmente soberana que fue la experiencia de los cuatro años de la derecha en el gobierno. Todavía resuena en nuestros oídos la increíble música de documentos “intelectuales” que proclamaban a los cuatro vientos la “recuperación de las instituciones” alcanzada durante los años de Macri. 

Gracias a la valiente decisión del presidente de terminar con el uso de los servicios de inteligencia en contra de la democracia se ha abierto un capítulo muy importante, tal vez uno de los principales, de la recuperación de la democracia en la Argentina.