La navaja oculta de BlackRock

La quinta prorroga ofrecida por el gobierno para llegar a un acuerdo con los bonistas, cuyo nuevo plazo quedó estipulado para el 24 de julio, da cuenta de la dureza que los inversores internacionales están teniendo con el país, aunque entre ellos se destaca BlackRock, fondo que administraba, antes de la pandemia, una cartera mundial de 7,43 billones de dólares y que con Argentina litiga por 1.500 millones de dólares  otorgados al gobierno de Macri. Sucede que la Argentina subió su propuesta inicial de 40 a 49,90 dólares por lámina, sumado a un cupón ligado a las exportaciones, pero aún cuando la diferencia se ha acortado significativamente con diversos bonistas, persiste en gran medida con BlackRock, uno de los principales acreedores.

Una de las mayores cartas con las que cuenta este fondo, es patrocinarse con el estudio White & Case, especializado en deudas soberanas, y quien ya obtuvo un triunfo contra la Argentina por un recurso iniciado ante el CIADI por el endeudamiento legado de la primer Alianza.  Al igual que con los fondos buitres, el elemento definitorio para lograr los objetivos de White & Case fue la alianza Cambiemos, que aceptó abonarles a los representados por este bufete toda la suma exigida, más allá de que ante la claudicación que el país realizó a través de ese gobierno con los fondos buitre, el caso pasó desapercibido. Sin embargo, ese triunfo puede haber sido una de las claves por las que BlackRock, que no es un fondo buitre, eligió asesorarse con este estudio. Recientemente, la organización Transnational Institute (TNI) una ONG orientada a fortalecer los movimientos sociales internacionales y que fue espiada por el macrismo durante el Congreso del G 20, trajo a la luz el caso Abaclat vs. Argentina, donde narra la situación de 180.000 bonistas italianos que no aceptaron el canje del 2005 y fueron representados por la Asociación para la Protección de Inversores en Títulos Argentinos, también conocida como Task Force Argentina (TFA), que no debe confundirse con la American Task Force Argentina (TFA), liderada por el fondo buitre Elliott Associates, de Paul Singer. La TFA italiana, liderada por el ex titular del Banco Central italiano, Nicola Stock, trabajó con el patrocinio legal de White & Case, quien presentó la demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por la cesación de pagos de 152 series diferentes de bonos argentinos. Cecilia Olivet, del TNI, señala que en el caso Abaclat se dictaminó que los bonos soberanos emitidos por un Estado son considerados inversiones protegidas bajo los tratados de protección de inversiones, lo cual para Luciana Ghiotto, del mismo organismo, resulta “escandaloso” pues según señaló a El Destape “es como si los acreedores, que en muchos casos solo hicieron inversiones en sus bancos italianos, tuvieran la idea de haber invertido en la Argentina, abriendo además las puertas para que el sistema financiero utilice estos tratados originalmente diseñados para la inversión extranjera directa”.

En efecto, los bonistas italianos solo habían depositado sus fondos en ocho bancos italianos -Banca Antonveneta, Banca Intesa, Banca Sella, BNL, Iccrea Banca, Monte dei Paschi di Siena, San Paolo y UniCredito-, sin saber mayormente el destino que las entidades financieras les darían, y menos aún como litigar contra Argentina. El escollo fue salvado con la contratación de White & Case, un bufete especialista en deudas soberanas, que no por casualidad optó por el CIADI, pues este organismo tiene a la Argentina como la principal nación del mundo con demandas en contra, con 62 casos, 43 de las cuales fueron efectuadas luego del default del 2001, posiblemente ante su porosidad para tomar y ejecutar sentencias contra nuestro país. De hecho, TNI apunta que en un 77 por ciento de los casos la sentencia fue favorable a los litigantes, sin importar la situación socioeconómica en la que se encontraba el país.

La demanda de clase de los acreedores italianos, es decir de varios bonistas en similar situación, fue la primera realizada ante el CIADI, y el solo hecho de ser aceptada bajo el paragua de los tratados de protección de inversiones daba cuenta de su posición favorable a los demandantes. Pero no fue necesaria una sentencia, pues a poco de asumir el gobierno, Macri abonó con el dinero de los contribuyentes argentinos  la suma de 1.350 millones de dólares, más las costas legales de abogados que llegan a cobrar 1.000 dólares la hora, permitiéndoles obtener a los bonistas una ganancia equivalente al 150 por ciento del valor nominal original de sus bonos en cesación de pagos. "El acuerdo fue posible gracias al gobierno del presidente Mauricio Macri, pues con el precedente gobierno de Cristina Kirchner las negociaciones se empantanaron", señaló Stock, exhibiendo la dureza de la ex presidenta por aceptar este tipo de demandas, así como los beneficios que otorgó Macri a quienes no aceptaron la renegociación propuesta por Argentina.

Si se tiene en cuenta que nuestro país posee casi 50 Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, incluyendo Estados Unidos, puede verse la fuerte carta que con White & Case y el CIADI está jugando BlackRock, sin dudas alentada por el comportamiento pasado de la Alianza Cambiemos.
De hecho, el pasado 17 de junio, el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos soberanos argentinos, el mayor de todos los acreedores de Argentina que integra BlackRock y es patrocinados por White & Case, afirmó que había “hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo viable con el gobierno argentino, pero las autoridades han optado por profundizar innecesariamente el deterioro económico actual al rechazar nuestra propuesta”, agregando que “dado el fracaso de las negociaciones, nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles en nuestra capacidad”.

La situación, es resultado de que durante el macrismo la deuda pública haya trepado del 44 al 96 por ciento del PBI, pero más grave aún, que de acuerdo a la Universidad de Avellaneda (UNDAV) la nominada en moneda extranjera aumentase en un 54 por ciento (87 mil millones de dólares más) y la protegida por tribunales extranjeros un 116 por ciento (76 mil millones).

Así, la Alianza Cambiemos abrió las puertas del poder financiero global, en los que juegan los bancos de inversión, los bufetes especializados como White & Case, y también tribunales como los de Nueva York, Londres y el CIADI, muchos de ellos con funcionarios de puerta giratoria. El desafío del gobierno para evitar introducirse en este camino, sin resignar como el macrismo la sustentabilidad socioeconómica, es a todas luces enorme.