Acuerdo por la deuda: de la sumisión a la negociación

Si bien resta esperar al 24 de agosto para conocer la respuesta de la totalidad de los bonistas extranjeros, el acuerdo al que el gobierno llegó con los comités ACC, Ad Hoc y Exchange, -que agrupan a los fondos más relevantes y poseen cerca del 30 por ciento de los títulos en manos extranjeras-, es una muy buena señal en el camino de la reestructuración de la deuda pública, pues si bien el acuerdo alcanzaría a solo el 20 por ciento de la deuda, se trata del tramo más complejo, por estar expresado en moneda dura y bajo legislación extranjera, con un monto total de 65.000 millones de dólares, mayormente tomados durante los años de gestión macrista.

De avanzarse en este camino, el gobierno de Alberto Fernández no solo lograría un ahorro para el país por cerca de 30.000 millones de dólares, sino también allanar el camino para la renegociación del resto de la deuda, pues se presupone que los acreedores locales y los organismos multilaterales difícilmente puedan exigir mayores beneficios que Wall Street. Un tema no menor, si se considera que todavía se deben reestructurar 70.000 millones con al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y otros organismos multilaterales y 65.000 millones más con tenedores locales, al margen de los 100.000 millones de dólares en deuda intrasector público, que es la más simple de refinanciar.

La dura negociación de ocho meses, contrasta fuertemente con la anterior experiencia de acuerdo por deudas soberanas, que llevó adelante la alianza Cambiemos a poco de asumir el gobierno.

Entonces, a poco más de dos meses de asumir, el ministro de Economía Alfonso Prat Gay y el secretario de Finanzas Luis Caputo acordaron abonarle a los denominados fondos buitre el total de lo reclamado sin descuento alguno, así como también las costas de sus abogados. De esta forma, el 26 de abril de 2016 se hizo efectivo el pago de 9.300 millones de dólares, que la prensa neoliberal presentó como la “salida del default”, pues se vinculaba al 7 por ciento de acreedores cuyas tenencias aún se encontraban en cesación de pagos, pues no habían aceptado el descuento propuesto por el kirchnerismo, que en una negociación aún más dura que la actual, logró que el restante 93 por ciento aceptará un descuento que en los hechos llegó al 35 por ciento.

Es la misma prensa que, en las últimas horas, prefirió focalizar en el hecho de que la Argentina subió su oferta de 40 a 55,80 por cada lámina de 100, sin mencionar que los acreedores más duros redujeron sus pretensiones de 75 a la cifra acordada.

Quedan de todas formas algunos puntos por considerar. Tal vez, el más importante sea lo que va a suceder con las Clausulas de Acción Colectiva (CAC), que el gobierno había fijado con altos estándares para evitar la emergencia de nuevos litigios ante posibles incumplimientos. De acuerdo al comunicado del gobierno, “se ajustarán ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resolución de las reestructuraciones de deuda soberana”. En el caso de que el gobierno no logre mantener en este punto la misma firmeza, se activarán resquicios para nuevas dificultades con la deuda, pues tendrá menos relevancia que una mayoría acepte las propuestas de reestructuración, pudiendo permitir incluso el nuevo ingreso de fondos buitre.

Queda también por delante el acuerdo con el FMI, para el cual los descuentos alcanzados sientan un buen precedente, aunque en este caso la moneda de cambio podría ser la búsqueda por imponer un programa económico neoliberal, lo cual el gobierno ya ha dicho que no aceptará.

Habrá que aguardar entonces al 24 de agosto para observar el comportamiento del 70 por ciento de los acreedores internacionales restantes, que hasta el momento en gran parte se mostraron mucho más flexibles que aquellos grupos con los que el gobierno acaba de acordar, así como también para conocer en qué consistirán las nuevas CAC, todo lo cual brindará el cuadro completo de la presente negociación.

Con todo, la foto actual muestra a un gobierno que ha dado un importante paso en la dura negociación con los acreedores, en medio de una pandemia, con un país en recesión desde el 2018, y sumido en el default iniciado en octubre del año pasado por el macrismo, luego del ciclo más intenso de endeudamiento sobre PBI y fuga de divisas que haya sufrido país alguno en la historia.