“Nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua?”, se preguntaba Ramona Medina el 3 de mayo en un video donde denunciaba la falta de suministro de agua en la Villa 31. Tenía 42 años, era monotributista, trabajaba como gestora de trámites para personas con discapacidad, y coordinaba el área de salud de la Casa de las Mujeres y Disidencias del barrio Carlos Mugica. Vivía con su familia numerosa en un monoambiente en la manzana 35 casa 79 mientras esperaba la relocalización de su vivienda, una promesa incumplida del gobierno porteño. A los pocos días de la viralización de video fue diagnosticada con Coronavirus y falleció el último domingo en el Hospital Muñiz. Ramona era mujer, pobre y villera.
El 35,5% de la población argentina es pobre. A esto se le suma la condición de género y las posiciones diferenciadas en la estructura social que han profundizado la feminización de la pobreza. Según información del INDEC, 7 de cada 10 personas de los sectores con menores ingresos son mujeres, y la diferencia promedio entre los ingresos femeninos y masculinos es del 28,2%. El problema del hambre perjudica más a las mujeres ya que realizan el 75% del trabajo no remunerado. De cada 10 hogares 4 tienen jefatura femenina, niveles que se amplifican en los de menos recursos. Al estar encargadas de los cuidados disminuye el tiempo disponible de dedicación laboral o profesional, lo que provoca un nivel de ingreso significativamente inferior.
“En mi casa vivimos amontonadas seis personas, de las cuales cuatro son enfermos: dos discapacitados y dos diabéticos. A tres casas hay once casos de Covid-19 confirmados y no hay higiene, no vienen a limpiar. No están haciendo nada”, relataba Ramona. El imperativo “Quedate en casa” no aplica cuando no hay casa donde quedarse o el hacinamiento hace imposible el distanciamiento social. En la actualidad en la ciudad de Buenos Aires se calcula que el 8 % de la población vive en villas o asentamientos, cifra que aumentó un 69 % en el período 2007 – 2020 por una política urbana excluyente que privilegia los procesos de valorización y especulación inmobiliaria por sobre las soluciones habitacionales.
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La problemática de acceso a la vivienda también está fuertemente atravesada por la cuestión del género. Tanto las inmobiliarias como los propietarios son mucho más abusivos y se niegan a alquilarles a mujeres solas o con hijos, quienes en general tiene mayores dificultades para el pago de la renta. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y de la Asociación de Inquilinos Agrupados advierte que en la Ciudad hay “desalojos violentos todos los días, sobre todo en casos de mujeres solas o con sus hijos”.
El rol del Estado en la gestión urbana es fundamental para la planificación territorial en pos de garantizar el hábitat, que implica además de la vivienda digna el acceso a infraestructuras básicas, equipamientos sociales, y sobre todo servicios esenciales que son columna vertebral de otros derechos básicos como la salud y la educación. La carencia de esos servicios en los barrios populares es un problema estructural previo a la pandemia. Los vecinos de la 31 habían estado tres semanas enteras sin agua hasta que se hizo público el primer caso positivo de coronavirus. En ese contexto Ramona debía acercarse a diario, con sus bidones y baldes, a buscar agua de los camiones de Aysa que se disponían en las entradas principales para poder higienizarse y mantener limpia su vivienda. Situación que además provocaba aglomeración y un mayor peligro de contagio.
No es novedad que el macrismo, que gobierna la Ciudad hace 13 años, siempre apuntó más al marketing y la espectacularización que a resolver los problemas estructurales de los barrios. Con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se realizaron algunos cambios como la jerarquización del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y el anuncio de un proceso de urbanización de algunas villas que incluía, además del programa de relocalización, un mejoramiento de las redes de servicios esenciales dentro del barrio. Para Ramona el programa “fue un total fraude”. Por la situación particular de su hija Guada, que padece Síndrome de West y Aicardi, comenzó en 2018 los trámites para la relocalización en un departamento adecuado, a medida, como le habían prometido, y a pesar de sus reclamos y de haber presentado los papeles de especialistas, nunca sucedió. Desde la Coordinadora de Villas por una Urbanización Real de la Villa 31 denuncian que la política funciona a espaldas de los 40 mil habitantes y sigue siendo un negocio inmobiliario para las empresas licitatorias.
“Al final siempre terminamos siendo nosotras, las mujeres, quienes no solamente sostenemos las ollas populares, los comedores, y un montón de otras cosas más, sino también quienes terminamos poniendo el cuerpo y exponiendo nuestra salud para poder garantizar derechos básicos que no son garantizados, y fue por todo eso también que ahora Ramona se vio expuesta al contagio”, dijo Lilian Andrade, comunicadora de la Asamblea de La Poderosa en la villa 31 y compañera de militancia de Ramona en una entrevista con Página/12. Ramona Medina le puso cara y cuerpo a una problemática que la trasciende y que afecta a millones de Ramonas que se ven atravesadas por diferentes formas de discriminación, desigualdad y violencia todos los días.
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