Falabella, dólar y amenazas destituyentes: Misceláneas de la Argentina contemporánea

Las grandes calamidades, aun cuando involucren a la sociedad en su conjunto, no implican que obtendrán una respuesta social uniforme y con preeminencia de conductas solidarias. Lo que sí suelen dejar a la luz, son las miserias y mezquindades como también las alternativas existentes.

Capital y Patria

El uso de la palabra Capital, con mayor razón escrita con mayúscula, nos permite asignarle sentidos diversos. En lo económico como factor de la producción, asimilado al dinero o como valor expresable en lo patrimonial conformado por bienes de diferente naturaleza. En lo concerniente al Estado, como el asiento territorial en el cual tienen su sede las autoridades y organismos principales de gobierno.

Su condición polisémica posibilitaría un muy largo recorrido del uso de ese término acompañado de alguna adjetivación (capital social, político, cultural), aunque a los fines que aquí se proponen habré de ceñirme a los antes referidos.

El sistema Capitalista que como tal comprende un espectro que excede su concepción economicista, sin embargo se construye fundamentalmente desde esa perspectiva –disimulando su entidad ideológica- y otorgándole un especial rol al Capital privado en orden a la titularidad de los medios de producción, como generador de riquezas y en la asignación de recursos a través de los mecanismos de mercado. El derecho de propiedad se erige como un dogma que se pretende absoluto, así como las “libertades” se piensan y definen en función de aquél.

Con un criterio de dudosa validez, cuanto menos en su desenvolvimiento concreto, se distingue entre Capital nacional y sus variantes no nacionales (multinacional, transnacional, internacional, entre otras), atendiendo a las personas (humanas o jurídicas) que son sus titulares e incluso con relación al territorio en el cual se haya invertido si registra determinada permanencia o cuando se ha adoptado una figura societaria local.

Cualquiera sea la opinión que nos merezca esa dicotomía, la calificación de “nacional” que pueda asignársele no importa por sí mismo una expresión “nacionalista” que se manifieste en un compromiso real con los intereses de la Patria, ni que sus titulares demuestren tenerlo por encima de la rentabilidad que persigan o de ocasionales ventajas que les reporten políticas públicas vinculadas a esa identificación de un patrimonio.

De los otros, supuestos generadores de desarrollo por las inversiones e ingreso de divisas con imaginados fines productivos, menos podría esperarse entonces una conducta comprometida con el país más allá de las declamaciones publicitarias que así lo postulen. El éxodo hace a su destino natural en cuanto se reduzcan privilegios, se impongan regulaciones estatales más estrictas en el control de sus operaciones, se atraviesen coyunturas problemáticas o, simplemente, se avizoren mayores niveles de rentabilidad en otras tierras.

Ejemplos como los de LATAM, GLOVO, FALABELLA/SODIMAC (y las dudosas desmentidas de WALMART, STARBUCKS y BURGER KING) dan cuenta de la volatilidad del Capital, no sólo del “golondrina” que anida en los mercados financieros.

La ciudad Capital de la Argentina que, gracias a una absurda formulación de una “progresía” influenciada por experiencias eurocéntricas, hoy se reconoce “Autónoma” y asimilada a una Provincia, como Ciudad-Estado, arrastra una larga tradición de distanciamiento con la Patria en su conjunto. La brutal concepción binaria del país, Ciudad de Buenos Aires (ahora CABA) y el Interior que vendría a representar –sin matices- a todas las Provincias, es de una elocuencia mayúscula.

La política centralista desplegada desde la Ciudad-Puerto, que impulsaran porteños y provincianos aporteñados frecuentemente vinculados a intereses extranacionales, ha renegado inveteradamente del federalismo y fomentado en su población un unitarismo reduccionista, desligado del país real y defensor de privilegios injustificados.

La reciente disputa por la reasignación de fondos de coparticipación federal, que parcialmente corrige la exagerada compensación por el traspaso de la policía a la CABA, que importaba como costo menos de un tercio de lo acordado por Macri con esa imputación, reafirma ese divorcio citadino del conjunto de la Nación.

De silencios y elocuencias

De un mes a esta parte la Argentina vivió una serie de hechos que han puesto en cuestión el funcionamiento de la Democracia, declaraciones que prohijaban dudas sobre la realización de elecciones en 2021, que alertaban sobre movimientos golpistas, que reivindicaban la dictadura genocida de 1976, que promovían la desobediencia civil contra las medidas sanitarias y, con esa excusa, contra toda otra iniciativa –real o imaginada- del Gobierno nacional .

En sintonía aparecieron amenazas a dirigentes del oficialismo, movilizaciones cargadas de violencia con invocaciones libertarias que en algún caso pretendieron irrumpir en el Congreso de la Nación para impedir que sesionara la Cámara de Diputados.

Todas y cada una de esas alternativas se desarrollaron sin expresiones de repudio de parte del empresariado, de sus Corporaciones y, en definitiva, de los representantes del Capital. Aunque el silencio guardado ante una situación tan extrema, por sus connotaciones destituyentes, como fuera que policías bonaerenses rodearan la Residencia Presidencial de Olivos, no admite justificación alguna.

La hipocresía alcanzó ribetes de sainete criollo en la explicación brindada por el Presidente de la UIA quien, consultado en una entrevista sobre ese episodio verificado en el motín policial, lo calificó como grave e inusitado. Luego, al ser preguntado acerca del motivo por el cual no hubo ninguna declaración de esa Federación empresarial, respondió que sí habían pensado emitir un comunicado al respecto pero como “se solucionó” el conflicto desistieron de hacerlo.

Sin demasiado esfuerzo fácil es ver el contraste con los rápidos reflejos que demuestran cada vez que el Gobierno realiza o, simplemente, anticipa cualquier medida que siquiera potencialmente pueda afectarlos.

Es revelador el obstinado rechazo a un tributo, por única vez, a las grandes fortunas personales y que abroquela a las diversas representaciones corporativas, acompañadas obviamente por sus socios o empleados mediáticos.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), con fuerte presencia de TECHINT y CLARIN, sostuvo que: “debe evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina empresas y personas”. Criterio que también hizo suyo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Cámara de Inmobiliarias Rurales.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), señaló: “Nuestro país tiene una larga tradición en impuestos nacidos en la emergencia, casi siempre distorsivos, que acaban por perpetuarse, incrementando el cada vez más alto costo argentino”.

Verde que te quiero verde

El dólar sigue siendo un factor determinante para nuestra Economía, como valor refugio o de incidencia en la formación de precios –sin correlato necesariamente en la composición y costo de los insumos-, y con el consiguiente impacto inflacionario.

El drenaje de divisas es un problema de compleja resolución, como acuciante cuando se verifica un desequilibrio negativo en la balanza comercial y la necesidad de afrontar el endeudamiento externo.

Con prescindencia de las maniobras especulativas ilícitas, el recurso al ahorro en dólares desde mediados de la década del 70’ ha sido una práctica extendida en las capas medias de la sociedad, que reconoce parte de sus causas en la desconfianza en la moneda nacional –objeto de recurrentes devaluaciones- como en haberse constituido en la medida de valor de los más diversos bienes, en particular inmobiliarios.

Las restricciones para la compra del llamado “dólar ahorro” busca proteger las reservas del Banco Central, no ceder a los reclamos devaluatorios y mejorar la regulación del mercado cambiario, pero es un instrumento que no alcanza para ganar confianza en el peso ni resulta suficiente para incrementar las reservas y garantizar el aprovisionamiento de divisas.

La recuperación de una presencia mayor del Estado en el mercado exterior –y en la administración portuaria-, en el manejo de los depósitos bancarios para la orientación del crédito y en la operatoria de la liquidación de granos –neutralizando la especulación del concentrado sector agroexportador-, impactarían de un modo más estructural que coyuntural.

Avanzar en la investigación del endeudamiento externo que se verificó exponencialmente entre 2017 y 2019, determinando las responsabilidades penales que correspondieran es una exigencia impostergable pero de largo aliento y de eficacia incierta. El relevamiento de la fuga “legal” de capitales, por las reglamentaciones flexibilizadoras que le dieron cauce o detectadas por el “blanqueo” sin exigencia de repatriación de las tenencias en el exterior, puede proporcionar otras herramientas en el corto plazo.

De seguro que los riesgos del alejamiento de empresas y personas no está atado, ni menos exclusivamente, a una mayor y selectiva presión tributaria sobre los que más capacidad contributiva demuestran. Ni puede ello confundirse con una condición confiscatoria de impuestos directos, a la renta o a los bienes personales, que puedan establecerse con un evidente signo de progresividad.

Tan sólo con advertir que en pleno auge neoliberal (entre 2016 y 2019) y declamada reinserción en el mundo que auguraba una lluvia de lucrativas inversiones, funcionarios de primer nivel de ese Gobierno como Aranguren (Ministro de Energía), Dujovne (Ministro de Economía) o Melconian (Presidente del Banco Nación), mantenían sus patrimonios en el exterior con prevalencia en “paraísos fiscales”, disipa toda duda sobre la calidad apátrida del Capital y que su derrotero tiene por único norte las ganancias obtenibles.

De allí también, que el reparo sobre la permanencia de un impuesto a las grandes fortunas carezca de fundamento. Por cierto que si ante circunstancias tan extremas como las deparadas por las consecuencias de la pandemia, con alcances más que limitados (12 mil personas tributarían en una población de más de 44 millones) y con asignaciones taxativamente predeterminadas, se ofrece tanta resistencia. La sola idea de una mayor presión impositiva para quienes más, y en demasía, poseen generará una sensación de espanto, pero ese miedo guiado por una codicia sin límites nada le resta de razonable a gravar esos niveles patrimoniales.

¿Una Internacional Progresista?

La convocatoria a una reunión Cumbre para la conformación de un espacio internacional que analice la problemática mundial en clave social y democrática, planteando como dilema central “Internacionalismo o Extinción”, cuenta con la participación de importantes referentes de diversas disciplinas, de sectores y de organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Si bien por un lado pone de manifiesto la dimensión, alcances y serios compromisos para el desarrollo futuro de la Humanidad, que deviene del nivel de desigualdad imperante; por otro, exhibe un universalismo y laxitud en la comunidad convocada que se propone, de improbable concreción.

El “progresismo” como categoría política es un concepto de gran ambigüedad, que si bien podría pensarse dotado de valores ligados a anhelos de equidad e igualdad, suele encontrar una suerte de definición en su contraposición con las posturas reaccionarias o conservadoras más extremas.

Cualquiera fuera la noción elegida no le quitaría una vaguedad que le es consustancial, que se acrecienta cuando analizamos quienes (personas, organizaciones civiles o partidos) podrían inicialmente concebirse formando parte de una corriente semejante.

Otro tanto ocurre cuando lo proyectamos al plano internacional, a poco que se advierta la absoluta asimetría entre los países centrales y los periféricos que aún frente a fenómenos que inicialmente resultan comunes, sus efectos guardan una distancia enorme en razón de la hegemonía de los primeros cuyas sociedades gozan de ventajas comparativas a costa –en mayor o menor medida- de la condición dependiente de los segundos.

La solidaridad resulta de una construcción político-cultural que hoy no prevalece, ni es factible imaginarla por imperio del pensamiento Neoliberal, como se ha demostrado en el egoísmo economicista prevalente ante las catastróficas consecuencias de la pandemia que atraviesa al Planeta entero y a todas las capas sociales sin distinción.

Los “internacionalismos” no han mostrado eficacia en los objetivos universalistas propuestos, ni siquiera aquellos que contenían una identidad ideológica definida. Planteárselo sin recorrer previamente instancias nacionales con eje en valores comunitarios consolidados, para emprender una etapa posterior de un regionalismo que ostente intereses comunes en un proceso emancipatorio, para países como el nuestro, torna menos asequible una meta de aquella naturaleza.

Sin menosprecio de los ideales que animan la convocatoria, ni del compromiso de quienes participan de la misma o del valor testimonial que esa Cumbre pueda significar, la enunciación del “Progresismo” como elemento catalizador para una transformación profunda del sistema vigente puede retrotraernos a experiencias fracasadas en nuestro país y en Latinoamérica.

Retomando cauces de una suerte de “liberalismo social”, tan presente en las socialdemocracias –hoy virtualmente perimidas-, que no ha sido capaz de proveer una justicia social en la que cobren real sentido la libertad y la igualdad, ni apto para remover los rasgos más perniciosos del Capitalismo potenciados por el Neoliberalismo a niveles de iniquidad inconcebibles.

En Argentina es un debate aún pendiente, cuya resolución es determinante para alcanzar una real igualdad de oportunidades en un contexto de desarrollo soberano que permita colocar al país –como Pueblo y Nación- en una estrategia regional mancomunada, desde la cual pueda establecerse una interacción razonable en el plano internacional.