Los dichos y refranes populares encierran una enorme sabiduría, originada en la experiencia y expresados en frases breves que a veces es preciso decodificar, como la realidad de estos tiempos, para desentrañar las verdades que enuncian.
Dime con quién andas y te diré quién eres
El aparente trío que conformaba la Junta Militar en 1976 (Videla, Massera y Agosti) fue en realidad un cuarteto, con José Alfredo Martínez de Hoz como Ministro de Economía y encargado de implementar el Plan Maestro para concretar la definitiva sujeción de la Argentina al poder financiero internacional, con claras terminales en los EEUU de Norteamérica.
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Claro está, que ese propósito no escatimaba medios ni admitía límites para alcanzarlo, como lo revela el genocidio que llevaron a cabo y que constituye uno de los principales signos distintivos de esa dictadura.
Pero “negocios son negocios”, y en consecuencia aquellos fines que servil e interesadamente cumplían no eran óbice para aprovechar la impunidad emergente de esa tremenda violencia institucional para llevar “agua” (en realidad dólares, francos suizos u otras divisas) para su molino.
El 24 de julio de 1979 de visita en la Provincia de Jujuy, Martínez de Hoz sentenciaba que los ferrocarriles argentinos eran “uno de los mayores enemigos que tenía el país”, y cuestionaba a un Estado presente señalando que “estábamos acostumbrados a recibir el ‘maná’ del cielo, al que podíamos pedirle cuanto queríamos y se nos concedía”, agregando que “en materia de economía nada es gratis”. En esa misma oportunidad celebraba la venta, a precio vil, de los talleres ferroviarios que, decía: “Están siendo comprados por empresas privadas”.
Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago
La Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIAE), más conocida como la Italo, fue una empresa que desde 1912, cuando obtuviera su primera concesión para explotar ese servicio público, protagonizó numerosos como escandalosos negociados.
A fines de 1975 se había declarado “la manifiesta irregularidad y en consecuencia la ineficacia e inexigibilidad del contrato-concesión” suscripto en 1961, instruyéndose a la Procuración del Tesoro para iniciar las acciones judiciales para obtener la consiguiente declaración de nulidad (Decreto N°648). El Procurador, por su parte, determinó que desde 1961 no se habían aportado capitales nuevos y que, a pesar de ello, la empresa había urdido maniobras de revalúo al 31 de diciembre de ese año superiores al 1800 % con similar impacto en “su capital accionario”.
Desde 1969 Martínez de Hoz integró el Directorio de la Italo, ocupando luego su presidencia hasta marzo de 1976, siendo uno de sus principales accionistas. En 1977, ya en su condición de Ministro de Economía, impulsó la compra por el Estado de la empresa eléctrica, haciendo caso omiso de las serias irregularidades verificadas, de la obsolescencia de los equipos (maquinaria, turbinas y cableados de más de 50 años de antigüedad) y de la total amortización de sus bienes de capital.
En 1978 se realizó la compra por la cual el Estado desembolsó 394,5 millones de dólares, cuando la valuación más generosa no llegaba a representar un 25 % del precio convenido. Una operación claramente fraudulenta y perjudicial para el Estado que, en sus entretelones, registraba además la desaparición forzada (el 15/6/1977) del Director de Inversiones Extranjeras (Juan C. Casariego del Bel), dependiente de la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, que se oponía a esa negociación por su ostensible inconveniencia. Crimen por el que fue condenado un ex agente de Inteligencia del Ejército (Héctor Vergez), pero continúa una causa judicial en la que está imputado Guillermo Walter Klein, titular de esa Secretaría y mano derecha del Ministro de Economía.
Por aquella misma época, en que la publicidad oficial insistía con el lema “achicar el Estado es agrandar la Nación”, funcionarios exégetas del antiestatismo desde el Banco Central dispusieron en 1982 una serie de medidas que posibilitaron la estatización de la deuda privada –beneficiando a los grandes grupos empresarios-, estimada en más de 15.000 millones de dólares. Con posterioridad, recuperada la democracia, diferentes auditorías dieron cuenta de las maniobras realizadas que –en muchos casos- consistieron en aparentes préstamos (meros asientos contables) de las casas matrices a sus filiales o sucursales radicadas en Argentina.
El que no corre, vuela
La prédica constante en favor de la libre empresa y del libre mercado, proviene de quienes se han valido del propio Estado para multiplicar sus riquezas desviándolo de sus funciones esenciales en procura del bienestar general y reduciéndolo a un mero instrumento de sus intereses, frecuentemente espurios.
En nuestra historia ha sido recurrente la toma por asalto del Gobierno, mediante golpes cívico-militares con tales propósitos. Pero también se verifican intervenciones de igual naturaleza sin apelar a disrupciones institucionales, con grave menoscabo de valores republicanos y democráticos una vez posicionados en puestos claves de gestión o administración.
La experiencia vivida durante el macrismo ha dejado a la vista, como nunca, el carácter depredador de las políticas neoliberales, a partir de una combinación sin precedentes de factores facilitadores de la colonización del Estado.
El acceso al Gobierno por el voto proporcionó una legalidad de inicio, que a poco andar no se tradujo en legitimación por el sistemático incumplimiento de las seductoras promesas electorales (supresión del impuesto a las ganancias sobre el salario, 82% móvil para los haberes previsionales, medidas efectivas en pos de alcanzar pobreza cero, acelerado crecimiento del empleo, apoyo a las Pymes).
La conformación de un Gabinete con representantes directos de las grandes Corporaciones, completando las segundas y terceras líneas en Ministerios, Secretarías y Organismos públicos con Ceos que respondían a esos mismos sectores, fue la vía utilizada para la realización de sus negocios privados.
A la cobertura mediática que tenían asegurada desde un principio, por formar parte del mismo Club, sumaron la de la Justicia cuya colonización en todos los niveles (del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Consejo de la Magistratura) les proporcionaba una garantía de impunidad absoluta. No sólo en orden a la desestimación o entorpecimiento del trámite de fundadas denuncias a los funcionarios responsables de áreas estratégicas, sino en la sistemática persecución de los opositores con el procesamiento –incluidas detenciones y prisiones preventivas arbitrarias- de dirigentes políticos, sociales y gremiales. Todo ello con el apoyo irrestricto de los servicios de inteligencia, proveedores de información manipulada que -distribuida selectivamente- permitía instalar una condena “pública” que anticipara la ya decidida por los magistrados afines o que pusiera en aprietos a los que no respondieran a esos designios.
Pájaro que comió, voló
En estos días se supo del intempestivo y sorpresivo, aunque no sorprendente, viaje a Europa de Mauricio Macri en plan de “vacaciones”.
Sin pensar como una máxima inexorable el dicho de que “no hay casualidades sino causalidades”, lo cierto es que despierta cierto escepticismo el éxodo turístico, justamente, cuando los más estrechos colaboradores durante su Gobierno están siendo procesados o convocados en distintas causas judiciales con motivo de variados negociados u operaciones ilícitas que vinculan a periodistas, espías, jueces y fiscales.
Prescindiendo por un instante de esas dudas, lo que resalta es la falta de responsabilidad ciudadana en su calidad de ex Presidente y Jefe de la principal fuerza opositora, tanto por la conducta esperable frente a las restricciones impuestas por la pandemia, como por el rol político que le correspondía en momentos en los cuales se están debatiendo temas centrales en los que, se supone, su opinión debería tener gravitación en la postura que asuma Juntos por el Cambio.
Su historia familiar, personal y patrimonial, en cambio, brindan múltiples ejemplos de similares inconsistencias actitudinales, que se corresponden con otras tantas evidenciadas en el terreno político.
Los valores republicanos, la vocación de diálogo, la libertad de prensa, la lucha contra la corrupción o la independencia de la Justicia tantas veces declamadas, han brillado por su ausencia en todos sus actos de gobierno. Lo que lejos de configurar una opinión, se infiere sin mayores esfuerzos de los datos y hechos que día a día van apareciendo.
La fortuna acumulada encuentra estrechos lazos, sobre todo su incremento exponencial, con la última dictadura iniciada en 1976 y en las contrataciones con o a través del Estado que durante décadas se han verificado y que, en buena medida, han redundado en perniciosos efectos para el país.
En su caso como en el de otros tantos grandes “afortunados” residentes en Argentina, rápidos para los negocios como para eludir todo compromiso social, es inevitable recordar la reflexión de Mafalda (ese icónico personaje creado por Quino): “Nadie puede amasar una gran fortuna sin hacer harina a los demás”.
No hay peor ciego que el que no quiere ver
El incremento de los contagios por COVID-19, como su mayor concentración en el AMBA, no admiten discusión alguna acerca de la necesidad de mantener las medidas de aislamiento y distanciamientos que impidan que el sistema de salud colapse.
La retórica “anticuarentena” carece de todo fundamento científico, sanitario y de elemental solidaridad social, lo que confirman los disparatados argumentos de quienes participan de esas campañas.
Pero la ciega aceptación de las expresiones de los cultores del odio se torna más inconcebible cuando se hace notoria “la oposición por la oposición misma”, como ha sido el caso de la Reforma Judicial cuando se ha –instado y- salido a “cacerolear” antes de darse a conocer el contenido del Proyecto propuesto por el Presidente al Congreso.
La deteriorada imagen de la Justicia excede en mucho posiciones partidarias, ideologías o ubicación social. La sociedad en su conjunto expresa su malestar por el pésimo funcionamiento del servicio esencial que presta, por las demoras inconcebibles en la tramitación de los juicios y por las dudas que generan las motivaciones de las decisiones judiciales.
Se trata en definitiva de un reclamo general en orden a su reorganización, modernización y transparencia, que no puede prescindir de lo atinente al Máximo Tribunal, la Corte Suprema nacional.
La insistencia militante digitada desde los medios hegemónicos, al servicio e integrados al Poder Económico, para erosionar toda acción de gobierno, no se trata de una natural manifestación opositora sino que consiste en una ostensible operación destituyente y que explícitamente surge en las movilizaciones que, con cualquier excusa, se promueven.
No advertir ese sesgo, prescindir de los intereses a los que responden sus promotores y difusores, olvidar los funestos episodios que registra nuestra historia y los acontecimientos que vienen verificándose en los países vecinos, constituye un serio riesgo para el mantenimiento de una convivencia democrática respetuosa de la diversidad y la pluralidad.
No hay mal que por bien no venga
Lejos de consistir en el fomento de la resignación frente a los padecimientos que se nos imponen, importa destacar las revelaciones que puede ofrecernos y el reconocimiento de los caminos que se abren para superar un determinado estado de cosas.
La pandemia es un fenómeno coyuntural que ha develado con crudeza un mal estructural, que la Alianza Cambiemos no inventó sino recreó con ferocidad inusitada y que sigue acechando el futuro del país.
La mayoría que votó el actual Gobierno mostró su categórico rechazo al destino al que nos condenaba la continuidad de esa política antinacional, es a ese electorado al que debe responderse, sin cortapisas, con la ejecución del proyecto político propuesto como alternativa para construir un país más justo e igualitario.
La sinrazón de algunos que contribuyen a las razones de unos pocos que sólo persiguen defender sus privilegios, también han quedado a la vista como la imposibilidad de lograr consensos universales por mayor voluntad de diálogo que se tenga. Esos males y los que representan aparentes aliados oportunistas son los que deben considerarse en la presente hora, cerrando filas con quienes ofrecen verdadero sustento y garantizan avanzar efectivamente hacia la concreción de los objetivos políticos que fundara el mandato de las urnas en octubre de 2019.