"Las leyes son como la telaraña, los pequeños quedan atrapados, los más grandes la rompen a pedazos" o “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”. La frase atribuida a Solón de Atenas o la poesía de Atahualpa Yupanqui sirven para graficar la historia de los casos de corrupción cometidos por multinacionales en nuestro país. Resumen la histórica deuda que el sistema de administración de justicia de nuestro país mantiene en materia sanción y reparación del daño generado por denominado “delito de cuello blanco”. Y es que hasta este momento las grandes empresas que cometían hechos de corrupción en la Argentina asumían en el extranjero su culpabilidad y pagaban allá las multas y penalidades, mientras que en nuestro país nos quedábamos solo con las consecuencias (negativas) en términos institucionales y económicos.
Los ejemplos son varios, una docena prácticamente, algunos emblemáticos: Siemens, Stericlycle, IBM, Ferrostaal, Ralph Lauren y Odebrecht, entre otras. Estas empresas multinacionales reconocieron en Estados Unidos haber violado la Ley de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero (FCPA) vigente en ese país y haber pagado coimas en Argentina. Allá fueron sancionadas y debieron pagar millonarias multas. A pesar del reconocimiento, y de abrirse expedientes en nuestro país, aquí no tuvieron ninguna sanción. Ni ellas, ni sus directivos ni los funcionarios implicados. Lo que se dice impunidad absoluta. Y, por qué no, un traslado de jurisdicción, es una pérdida de soberanía.
La falta de sanciones a nivel local genera incentivos para que los actores económicos reproduzcan este tipo de prácticas corporativas, con el consiguiente efecto negativo para el orden económico (competencia entre las empresas en el marco de un proceso licitatorio, por ejemplo) o bien para la administración de lo público (cooptación de funcionrios).
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El caso Securitas, una rara avis
Días atrás se hizo público el “acuerdo de colaboración eficaz” que firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y representantes de la empresa Securitas, el primero que se suscribe en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada en 2018. También en estos días se conocieron una serie de allanamientos, así como la detención de nueve personas, todas ellas con cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.
En el momento en que fue hecha la (auto) denuncia que diera origen a la causa, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, una multinacional que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación en los cinco continentes y tiene sede principal en Suecia.
Tras admitir ante la Justicia el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados, la empresa de seguridad privada se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, monto que está siendo calculado por peritos de las partes involucradas. También como parte del acuerdo, la firma canceló una deuda tributaria de 1.500 millones de pesos y compró 1.100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos.
Al suscribir el convenio, posteriormente homologado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Securitas Argentina S.A. se comprometió a implementar y fortalecer su programa de prevención, y visibilizarlo en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE) de la Oficina Anticorrupción.
Coimas para asegurar (negocios)
El caso tuvo su origen en una investigación interna ordenada por la matriz Securitas AB, luego de una presentación formulada por una ex empleada al canal de denuncias en el marco del “programa de integridad” de la firma, lo que posteriormente derivó en una presentación judicial.
Así, en febrero de 2020 representantes legales de Securitas Argentina se presentaron ante la justicia y sostuvieron que un grupo de ex directivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
Los sucesos denunciados habrían ocurrido en varias provincias de nuestro país, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, entre los años 2012 y 2018. Se señalaron, entre otros delitos, la defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta.
Los pagos indebidos de la empresa incluyen a funcionarios de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros. La gravedad de los hechos incluso llega al hecho de pagos para lograr autorizaciones para la tenencia de armas de sus vigiladores.
Luego de las detenciones y los allanamientos, se trabaja en un análisis para determinar las responsabilidades de empleados o ex funcionarios. Se esperan novedades en ese sentido.
Como podrá apreciarse, estamos ante un caso que camina distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en los Tribunales argentinos. Aquí se la investigación se centró en el privado. Aquí se buscó primero reparar algo del daño causado y recuperar lo mal habido.
La fiscalía, que luego contó con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Procelac, planteó de entrada una hipótesis delictiva donde la organización de la práctica y la estructura criminal estuvieron desde siempre en cabeza de la empresa, el privado. La empresa, a los efectos de generar o mantener contratos y apurar pagos, tenía un esquema de negocios que incluía sobornar a funcionarios públicos. A contramano de discursos y expedientes que sólo pueden y quieren percibir la corrupción pública, aquí se evidenció otro aspecto del fenómeno.
Se trata de un importante antecedente para la Justicia de nuestro país, es la primera vez que se logra un acuerdo en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero además con acciones concretas de reparación social del daño que provoca la corrupción.
También el compromiso de implementar un programa robusto de prevención de la corrupción por parte de la empresa y, además, exponerlo en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE), lo cual es sumamente positivo. La corrupción se puede iniciar desde cualquiera de los dos lados del mostrador, la obligación de prevenir, por lo tanto, debe abarcar a los actores públicos, pero también a los privados.
La lógica según la cual una empresa admite en Estados Unidos haber pagado coimas en nuestro país, y allí paga la multa por el ilícito, sería entendible si acá también se lograra justicia. Si alguien admite haber cometido un delito, el sentido común nos llevaría a pensar que una investigación para sancionarla no podría ser muy complicada. Pues no. Todas y cada una de las veces donde una empresa extranjera reconoció haber pagado sobornos a funcionarios argentinos, las causas que se abrieron en nuestro país terminaron impunes. Nunca se recuperó un peso y las condenas brillaron por su ausencia. Se podría decir, y con razón, que Estados Unidos no compartió información, a pesar de lo suscripto en las convenciones internacionales contra la corrupción, o que las empresas negaron en Argentina lo que reconocieron afuera. Sin embargo, la principal razón está dada por el pobre desempeño y la enorme complacencia de la justicia argentina para con los grandes grupos económicos.
El caso Securitas es una bocanada de aire fresco. No se pretende creer que un antecedente satisfactorio podrá cambiar de forma inmediata lo que hasta el momento ha sido un habitus (negativo) de la justicia local, pero sí poner de relieve que el trabajo investigativo, la habilidad para lograr el acuerdo y, porque no, la creatividad en su contenido, han sido cualidades destacables del Ministerio Público Fiscal, que ojalá contagien. Merecen el reconocimiento.
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