En el segundo trimestre de 2024 la desocupación en Argentina alcanzó niveles alarmantes, lo que refleja una serie de tensiones económicas acumuladas en los últimos años. La tasa de desempleo se situó en un 7,6%, lo que representa un incremento significativo de 1,4 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior, cuando el índice era del 6,2%. En términos absolutos, esta cifra equivale a más de 1,7 millones de personas que se encuentran activamente buscando empleo y no lo consiguen, exacerbando las desigualdades sociales y económicas que afectan a los sectores más vulnerables del país.
Entre los grupos más golpeados por esta situación destacan las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo se disparó al 16,5%, lo que marca un aumento considerable en comparación con años anteriores. Este fenómeno no solo refleja la falta de oportunidades laborales para este segmento, sino también las barreras estructurales que persisten en el mercado laboral argentino. De manera similar, los varones jóvenes también sufrieron un aumento en su tasa de desocupación, que subió del 12,3% al 13,9%. Este contexto revela la aguda dificultad que enfrentan los jóvenes, en particular aquellos con menores niveles educativos, para acceder a empleos estables y de calidad.
A nivel regional, la situación es aún más preocupante en algunas zonas. Las áreas más afectadas incluyen el Gran Buenos Aires, donde la tasa de desempleo alcanzó el 9,1%, y la región Pampeana, con un 7,6%. Estas cifras evidencian una concentración del desempleo en los principales centros urbanos, donde la mayor parte de la población activa se encuentra. En ciudades como Resistencia (11%), La Plata (9,9%) y Trelew (9%), el desempleo ha escalado significativamente, mientras que, en regiones como Santiago del Estero y Viedma, las tasas de desocupación son prácticamente inexistentes, con apenas un 0,7% y 0,9% respectivamente. Este contraste subraya las desigualdades territoriales y la falta de políticas públicas efectivas para dinamizar el empleo en las zonas más afectadas.
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Otro fenómeno relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó un 11,8% de la población económicamente activa (PEA), un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Esto significa que muchas personas están trabajando menos horas de las que desearían o necesitan, reflejando no solo la escasez de empleo pleno, sino también la precariedad del mercado laboral. En este contexto, la presión sobre el mercado de trabajo se ha intensificado, con un incremento en la demanda de empleo por parte de desocupados, subocupados y trabajadores que, aunque tienen empleo, buscan mejores condiciones. En total, este universo de personas activamente buscando empleo creció del 27,9% al 29,7% de la PEA.
Dentro de la población ocupada se observa una mayor proporción de trabajos precarios e informales. Aproximadamente el 36,4% de los asalariados no cuenta con aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto la creciente informalización del empleo. Además, el trabajo por cuenta propia sigue siendo una estrategia de supervivencia para muchos, con un 23% de la población activa desempeñándose bajo este régimen. Sin embargo, este tipo de empleo a menudo carece de la estabilidad y los beneficios asociados con el empleo asalariado formal.
El análisis sectorial revela que uno de los sectores más golpeados ha sido la industria manufacturera, que sigue liderando la destrucción de empleo. La participación de este sector en el total de la ocupación cayó de un 12,2% a un 10,6% interanualmente, lo que refleja una crisis sostenida en la capacidad productiva del país. No obstante, la situación en la construcción parece haber encontrado un punto de inflexión. Si bien este sector ha sido duramente afectado por la paralización de la obra pública, en el segundo trimestre de 2024 se observó un leve repunte, con un aumento de la participación en el empleo total del 7,8% al 8,6%. Esto sugiere que la construcción privada está comenzando a recuperar su dinamismo, aunque el sector sigue lejos de sus niveles previos a la crisis.
Por otra parte, el impacto de las políticas económicas implementadas durante los primeros siete meses del gobierno de Javier Milei ha sido objeto de debate. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se perdieron más de 182.000 empleos asalariados en el sector privado, público y en casas particulares, desde agosto de 2023 hasta la mitad de 2024. Si se incluye el pico de empleo registrado en agosto del año pasado, la contracción total asciende a más de 204.000 puestos
de trabajo. A pesar de este retroceso, el empleo formal registró una leve mejora en los últimos meses, impulsado principalmente por la incorporación de más de 40.000 trabajadores independientes bajo el régimen de monotributo.
Finalmente, las proyecciones gubernamentales no son alentadoras. El Presupuesto 2025 anticipa un aumento en los seguros de desempleo, que pasarían de 112.439 beneficiarios en 2024 a 161.127 en 2025. Esto refleja una previsión de que las dificultades en el mercado laboral persistirán en el corto y mediano plazo. A su vez, el contexto macroeconómico, marcado por una recesión prolongada y una inflación persistente, continúa generando incertidumbre tanto para las empresas como para los trabajadores.
En resumen, el mercado laboral argentino atraviesa una crisis compleja, caracterizada por altos niveles de desempleo, una creciente informalidad, y una precarización cada vez más marcada de las condiciones laborales. Las leves señales de recuperación en sectores como la construcción no son suficientes para revertir la tendencia general de destrucción de empleo. De cara al futuro, es imprescindible implementar políticas integrales que promuevan no solo la creación de empleo, sino también la formalización y mejora de las condiciones laborales en todo el país.
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