La pandemia COVID-19 obligó a cerrar fronteras, reclucir y aislar internamente a la población e interrumpir la circulación de personas y bienes. Se afronta un dislocamiento del sistema económico de producción, intercambio y consumo comandado por el sector privado como no ocurría desde hace un siglo.
Fue con el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial cuando los países beligerantes comprendieron, a poco de iniciado el conflicto, que una nación industrial poderosa no sería aplastada en un par de batallas y consecuentemente se prepararon para sostener ejércitos numerosos en el frente por tiempo prolongado. Abastecer con armas, alimentos y servicios sanitarios a millones de combatientes en las trincheras que no producían nada, exigió una planificación e intervención estatal en la economía hasta entonces desconocida. Se acuñó el término “Nación en Armas”.
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La cuarentena ahora decretada también en Argentina exige que los ciudadanos accedan a bienes esenciales como energía y alimentos, sin moverse de sus casas. Ese enorme esfuerzo logístico no puede ser garantizado nunca con la asignación de recursos que hace el mercado en función de la tasa de beneficio.
Argentina cuenta con la ventaja de ser productor de alimentos y energía y con el perjuicio que esas ramas se encuentran oligopolizadas en sus cadenas de producción y comercialización por el sector privado.
El orden social fijado, la cuarentena, para impedir la propagación del virus y el colapso del sistema sanitario, depende de la capacidad del Estado de regular a esos mercados oligopólicos para que suministren los bienes básicos a los argentinos y argentinas que ven resentidos sus ingresos por el freno económico. Esencialmente, a los más afectados constituido por el tercio de trabajadores inserto en la economía informal.
El ordenamiento del sector externo delineado por un consenso con bonistas y el FMI para dar sustentabilidad al pago de la deuda pública en el marco de la recuperación de la economía ha quedado superado por los acontecimientos. Sólo puede formularse una oferta de reestructuración de deuda agresiva y las metas macroeconómicas con el organismo multilateral son historia. Es imprescindible preservar las reservas del Banco Central, restringir importaciones y explorar acuerdos entre Estados con naciones complementarias a la nuestra.
La política económica es de incidencia sobre la oferta asegurando el abastecimiento esencial en energía, alimentos, indumentaria y vivienda a todos y todas, sin condicionar este acceso al ingreso de las familias, porque en una porción importante, el mismo habrá desaparecido o menguado en exceso. Las políticas de incentivo a la demanda servirán si el ingreso no es licuado por la suba de precios y/o el desabastecimiento. Por ello es central el control de la oferta de bienes por el Estado al margen de las políticas de ingresos.
Según los especialistas, el coronavirus puede contaminar a la mayoría de la población. Es esa masividad la que provoca la saturación del sistema sanitario y es esa estela la que puede provocar muertes evitables en afectados y en pacientes de otras dolencias.
La ampliación de centros exclusivos para la atención del mal y la disposición garantizada de bienes básicos son los pilares del orden social de los próximos meses.
Esto requiere una movilización de todos los recursos disponibles de la Argentina -que no son pocos-, conducida por Estado, al margen del afán de lucro y la especulación.
Los instrumentos para alcanzar estos fines son variados y carece de sentido describirlos. Lo central es que el Gobierno se plante como un planificador situacional, anticipando decisiones en un escenario muy dinámico y cambiante que exige al Estado como asignador casi único de recursos.
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