Por Juan Ignacio Agosto
Redacción El Destape
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El Destape tuvo acceso al texto completo de la iniciativa que anunció la presidenta Cristina Kirchner en la Cadena Nacional del martes. "El tema del sistema de Inteligencia nacional no es un problema que nace en el año 2003, sino que es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983, resultando preciso encarar el cambio", destacó la mandataria en la introducción.
Según la jefa de Estado, "constituye un paso fundamental para la democracia, y dado que ha quedado en evidencia que algunos sectores de los organismos de inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia, es que, aprovechando la experiencia de la ley anterior, se eleva la presente con un mayor contenido democrático, fortaleciendo la política de inteligencia".
En líneas generales, la iniciativa que ingresó hoy al Senado prevé que la actividad de inteligencia esté centrada en la reunión de pruebas sobre hechos que impliquen riesgo a la seguridad de la Nación y sus habitantes, tanto ataques externos (terrorismo, trata de personas, narcotráfico, ciberdelitos y delitos económicos y financieros, entre otros) como actividades de inteligencia interna (delitos complejos federales y artículo 36 de la Constitución Nacional, por ejemplo).
El proyecto, que modifica el articulado de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), disuelve la SI y transfiere "la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio" a la AFI, según precisa el artículo 23 del proyecto. El personal, señala, "mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones" derivadas de estos cambios.
El nuevo organismo estará conducido por un director general y un subdirector general, nombrados por el Poder Ejecutivo con el aval del Senado, y cesarán en sus funciones cuando lo disponga el Ejecutivo, conforme el artículo 8º de la norma.
Esas dos autoridades serán las únicas vías de acceso al órgano de inteligencia para los funcionarios nacionales, provinciales y municipales o de cualquier poder. Quien contacte a un agente o funcionario de la AFI por fuera de estas dos autoridades será penado.
La Agencia será un organismo general, pero no estarán bajo su órbita las escuchas. El Sistema de Observaciones Judiciales (denominado "OJOTA") estará a cargo del Ministerio Público Fiscal que conduce Alejandra Gils Carbó, según indica el artículo 17º, que modifica el artículo 21º de la Ley 25.520.
La iniciativa modifica además el sistema de clasificación de información, que será confidencial, secreta o pública, según el caso.
La Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad será transferida a la AFI, pero no la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, que continuará dependiendo del Ministerio de Defensa.
Por otra parte, el proyecto incluye la creación de un banco de protección de datos y archivos de inteligencia, cuya finalidad será guardar y archivar la información, pero también destruir la que no sirva. Quedará prohibido, específicamente, guardar datos por motivos de militancia política, religión, raza, sindicales o laborales.
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