El aislamiento social obligatorio ya salvó más de mil vidas en la Argentina. Si la curva de contagio del coronavirus hubiera seguido con la misma trayectoria que llevaba hasta el 26 de marzo, una semana después del comienzo de la cuarentena, estaríamos contando hoy alrededor de 50 mil casos, de los cuales 10 mil harían presión sobre la capacidad del sistema de salud. Unos 2.500 pacientes estarían peleando por sus vidas en camas de terapia intensiva. Muchos de ellos habrían perdido esa pelea.
Este fin de semana, sin embargo, comenzó con solamente 115 personas internadas bajo cuidados intensivos por coronavirus. Cada hora ganada a la pandemia significa más camas, más respiradores, médicos mejor preparados para hacer frente a lo que venga, cuando llegue. En quince días se triplicaron los testeos, pero la cantidad de nuevos casos se mantuvo estable. Incluso, en los últimos días, la curva comenzó a mostrar algunas, prematuras, señales de un declive. El esfuerzo da resultados. La cuarentena funciona.
Cuando Alberto Fernández tomó la decisión de frenar el país, la cantidad de casos detectados se duplicaba cada tres días. El 17 de marzo había 79 casos. El 20 de marzo había 158 y se decretó el aislamiento obligatorio. El 23 de marzo había 301. El 26 de marzo había 589 casos. La tasa de crecimiento semejaba la peor trayectoria de Italia y de España. Una semana más tarde, la curva comenzó a amesetarse. Los positivos recién volvieron a duplicarse el 1 de abril y desde entonces aún no volvieron a hacerlo hasta hoy. Once días.
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Alentado por esos números, que dan cuenta del éxito que tuvo hasta ahora la estrategia sanitaria implementada en la Argentina, el Presidente decidió mandar al freezer todas las propuestas de flexibilización de la cuarentena que había recibido durante la semana, por parte de empresarios, sindicalistas y gobernadores, y que había prometido evaluar. Algunas de ellas se pondrán en práctica a partir de la semana que viene, pero será a cuentagotas. Fernández no tiene ningún apuro en levantar las restricciones.
Resulta inminente, por tanto, un nuevo conflicto con el sector político y empresarial que desde el primer momento de esta crisis trabaja para socavar las decisiones del gobierno y tratar de sacar provecho como lo han hecho en tantas crisis hasta ahora. Son los mismos que intentaron aplicar en la Argentina la disyuntiva de salud o economía que llevó a su encrucijada a Bolsonaro, Trump y Johnson. Los mismos que, una vez perdida esa batalla, quisieron plantear que el eje pasaba por el salario de los políticos.
El desafío ahora es abierto. Esta semana, Techint confirmó los 1500 despidos con los que había amenazado al gobierno para forzarlo a negociar condiciones. En Acindar se anunciaron suspensiones, rebajas del 35 por ciento de los salarios e interrupción de contratos. La alimenticia Dánica cerró su planta para no reincorporar a cinco trabajadores. Las principales cadenas de comida rápida pagaron la mitad de los sueldos de marzo. Aluar y Pol-Ka, entre otras empresas, advirtieron harán lo mismo en abril.
En el gobierno leen el mensaje político que subyace. Son empresas que tienen espalda para sostener salarios por bastante más que tres semanas. Venden su colaboración a un precio que el Presidente no está dispuesto a pagar. Fernández deberá endurecerse o pensar estrategias oblicuas para salir del laberinto. La historia reciente demuestra que la sociedad argentina respalda a quienes se animan a empujar la barrera de lo posible para garantizar derechos obtienen resultados pero rechaza la conflictividad sin sustancia.
No es un escenario muy distinto al desplante de los bancos, que a pesar de las ganancias extraordinarias que acumularon durante los cuatro años de macrismo se resisten a repartir crédito a las PyMEs que deben afrontar el pago de sueldos. Primero adujeron la falta de garantías y una vez que el BICE brindó un fideicomiso se negaron a dar préstamos que excedan ese monto. En los últimos días aumentó el caudal de préstamos, pero sigue resultando insuficiente. En el Banco Central esperaban al menos el triple.
La efectividad demostrada hasta el momento en la estrategia sanitaria contrasta con los problemas evidentes que complican los planes del gobierno para sostener los pedazos de la economía. Si lo que funciona debe continuar, cabe preguntarse ahora qué hay que hacer con lo que lo no está dando resultados. La extensión de la cuarentena debe estar acompañada por una nueva estrategia que garantice el respaldo que tiene que darle el Estado a cada uno de los argentinos. Caso contrario, el pago de salarios de abril estará en peligro.
Esta semana ingresará al Congreso la ley que establece una contribución extraordinaria a las grandes fortunas para financiar los costos de la lucha contra la pandemia y también la supervivencia económica y posterior reconstrucción del país. El Presidente no está convencido de la idea pero le pregunta a sus interlocutores si tienen alguna alternativa superadora. Todavía no escuchó ninguna que cumpla con todas las condiciones. El dinero será necesario: quedan muchas semanas de crisis antes de pensar en el día después.
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