Posiblemente ayudado por la información y las imágenes que se transmiten desde otros continentes, el gobierno argentino actuó con celeridad ante la pandemia desatada por el Covid-19, inicialmente con la suspensión de las clases y eventos recreativos, y luego con la cuarentena total para todo el territorio nacional hasta el 31 de marzo.
Sin embargo, nadie duda que, a diferencia de otros países, frente a la actual crisis sanitaria existe en nuestro país una sábana corta que, en la medida que resguarda a los ciudadanos del virus por medio del aislamiento total, desprotege desde otro flanco a los sectores más vulnerables, acostumbrados a vivir de ingresos diarios para sostener sus vidas y las de sus familias. Y es que desde cartoneros hasta vendedores ambulantes, pero también electricistas, fleteros, o personal de limpieza hogareña, hay en la Argentina cerca de cinco millones de trabajadores no registrados, dos millones de monotribustistas, y otros 400.000 autónomos, es decir, cerca de siete millones y medio de trabajadores mayormente precarizados, a los que se les suman otros dos millones de desocupados que tampoco podrán modificar su situación durante las próximas semanas. Es decir, un universo de más de nueve millones de argentinos trabajadores en marcado riesgo que verán mermados sus ingresos diarios, y cuya situación se tensará durante cada día de un aislamiento que en principio llegaría hasta el 31 de marzo, pero que nadie sabe a ciencia cierta cuándo finalizará.
Sucede que, a diferencia de los seis millones de asalariados registrados del sector privado y tres millones y medio de empleados públicos, quienes fueron respaldados por el DNU emitido el jueves que les aseguró sus fuentes de ingreso pese al obligado ausentismo, hasta el momento el Gobierno ha dado como toda respuesta para estos trabajadores un bono extraordinario de 3.000 pesos para medio millón de beneficiarios del plan “Hacemos Futuro”, y de 3.100 pesos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llega a 3 y millones y medio de personas de la Población Económicamente Activa.
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Sin embargo, no hubo anuncios sobre transferencias extras para los desocupados, de aumentos para el otro millón de beneficiaros de planes sociales, o de beneficios para los monotributistas y autónomos, que aunque estén un eslabón por encima del resto, también son mayormente trabajadores precarizados. Así, el listado de 2.100 productos con precios máximos parece ser la respuesta concreta global para todo este sector, aunque resta ver en qué medida se cumplirá, y cómo podrá ayudarlos frente a la pérdida de sus fuentes de ingreso.
Por supuesto, el paquete de 700.000 millones de pesos con clásicas medidas keynesianas que también anunció el gobierno, consistente en un bono de 3.000 pesos para los tres millones de jubilados de la mínima, créditos blandos para Pymes y para consumo, o un pequeño plan de obras públicas, también está destinado a sostener la actual economía y los ingresos de trabajadores que dependen del ritmo de actividad, pero resulta una incógnita saber cuál puede ser su efecto en medio de una sociedad a la que paralelamente se le impone el aislamiento.
Así, el éxito en reducir la cantidad de contagios por la pandemia del coronavirus, podría significar paradójicamente un daño a las condiciones de vida, y también de salud, del 40 por ciento de argentinos que desde el macrismo vienen empeorando su situación económica. Una sabana corta que exhibe en qué medida priorizar un elemento perjudica al otro, pero cuya longitud podría estirarse en la medida que se profundice la cobertura para este tipo de trabajadores. Algo que, observando el avance de la política monetaria y fiscal, solo pareciera poder efectuarse con medidas que impongan una mayor contribución de los ganadores del modelo macrista, grupos económicos ligados a las finanzas y la exportación, y funcionarios jerárquicos del sector público y privado.