Desde el jueves pasado hubo cortes de calles y cambios en los recorridos del transporte público en la ciudad de Buenos Aires por la reunión del G20 y la llegada de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quién fue recibida con marchas y movilizaciones de parte de las organizaciones sociales, gremiales y políticas por el acuerdo que realizó la entidad que representa y el Ejecutivo nacional. Los resultados de este acuerdo son evidentes: mayores condicionamientos para ejecutar políticas públicas y mayor empobrecimiento de la población. Si las consecuencias recaerán en gran parte de la sociedad Argentina ¿Por qué no es el Congreso el que define la aprobación o no de este préstamo único en el mundo? ¿Y cuál es la legitimidad del mismo? Para esto hay que retroceder más de 20 años atrás.
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Durante la primera gestión del gobierno de Carlos Menem se sancionó la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de control del Sector Público. Exactamente un 30 de septiembre de 1992 con el objetivo de establecer y regular la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional.
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A partir de esto, en el Artículo Nº 60 de la normativa, se estableció que las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. De esta manera, se indicó que si las operaciones de crédito público de la administración nacional no están autorizadas en la ley de presupuesto necesitan de otra que las autorice expresamente. Sin embargo, y aquí reside el “salvavidas” para Cambiemos, se exceptúa del cumplimiento de estas disposiciones a las operaciones de crédito público que el Ejecutivo formalice con los organismos financieros internacionales.
Una ley de los 90 permite tomar deuda sin pasar por el Congreso, pero contradice la Constitución
En este marco, Jorge Gaggero, economista y especialista en materia tributaria, señaló que después de la sanción de esta ley quedó normado que este tipo de acuerdos no pasen por el Congreso y que el Poder Ejecutivo los trate de manera independiente pero que no es constitucional dado que “la Constitución Nacional dispone que todos los temas de deuda interna y externa deben ser tratados por el Congreso”.
De esta manera, Gaggero indicó que más allá de las declaraciones que denuncian la situación actual, como la carta a Lagarde de parte de organizaciones sociales y políticas,“no hay posibilidad de cambiar esta situación si esta presión social y política no se vuelca sobre el Congreso para cambiar sustancialmente este manejo irresponsable de la deuda”. En este sentido añadió que el Poder Legislativo debería discutir sobre el préstamo del FMI por:
- obligaciones presupuestarias debido a que el pedido del organismo internacional implica modificaciones sustanciales en el presupuesto
- responsabilidades constitucionales sobre la deuda
- responsabilidad constitucionales de cara a los acuerdos internacionales.
¿Qué establece la Constitución Nacional respecto al rol del Congreso en materia de endeudamiento? En primer lugar en el inciso cuarto indica que le corresponde contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y por otro lado, en el inciso 23, que es el que debe aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales. En este punto indica que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
Desde el oficialismo argumentan que no hay violación de ninguna norma debido a la existencia de la ley anteriormente nombrada. Desde la oposición, en cambio, denuncian que se está pasando por alto la Constitución y que debería discutirse en el Congreso. Hasta el momento no se discutió y mientras esta nota se terminaba Macri cenaba con Lagarde. Quedará entonces esperar las reacciones sociales frente a tal negociación y la discusión del presupuesto para el próximo año. Presupuesto que, como aseguró el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indefectiblemente tendrá que realizar recortes en materia de subsidios en energía y transporte; salud; educación y salarios.
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