Tal como había adelantado durante su discurso de apertura de sesiones, Mauricio Macri envió al Congreso esta semana un proyecto titulado "Ley de equidad de género". Debajo del pomposo título, el articulado de la ley no deja dudas sobre el oportunismo y la falta de voluntad política real para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y reducir la brecha salarial.
Así lo demuestran no sólo las estadísticas oficiales del INDEC sino también el ranking que realiza el Foro Económico Mundial con su “Índice Global de Brecha de Género”. Allí, la Argentina retrocedió por primera vez en diez años: pasó del puesto 33 al 34 de un total de 144 en un índice que mide la brecha en cuatro áreas clave: salud, educación, economía y política.
El proyecto, firmado también por el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de trabajo Jorge Triaca, menciona en sus fundamentos toda la legislación tanto local como internacional que debiera garantizar los derechos de las mujeres en materia de equidad salarial y no discriminación, incluido el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. De esta manera confirma que la única novedad de la ley es la extensión de algunas licencias, incluida la licencia por paternidad y licencia por violencia de género aunque sin atacar las verdaderas causas que provocan y empeoran la brecha salarial y nuestras condiciones de vida en general.
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Las mujeres participamos de manera desventajosa en el mercado laboral por razones que la economía feminista explica con claridad: el capitalismo, valiéndose del sistema patriarcal, ha definido durante años el rol de las mujeres como encargadas de las tareas reproductivas, de cuidado y afectivas. Esa construcción social fuertemente arraigada es la que el feminismo lleva años cuestionando y deconstruyendo: eso que llaman amor es trabajo no pago. Siempre está la opción de creer en absurdas teorías biologicistas aunque éstas tienen cada vez más dificultades para explicar que un varón está menos capacitado para cocinar, lavar o llevar a sus hijos/as a la escuela y que en cambio, tiene mejores aptitudes para la ciencia, las artes o la política.
Las mujeres dedicamos a las tareas domésticas y de cuidado, en promedio, casi 4 horas más que los hombres (Encuesta sobre Trabajo no Remunerado y Uso del Tiempo - INDEC). Sufrimos discriminación a la hora de buscar trabajo: la desocupación es de 9,5% para las mujeres y un 7,3% para los varones. Y participamos más en las actividades con mayor porcentaje de trabajo informal: el 36% de las mujeres trabaja en esta condición, mientras que en los varones afecta al 31%.
Esa inserción diferenciada explica la brecha salarial. Para reducirla, se requieren medidas que apunten a modificar la distribución de las tareas tanto al interior del hogar como en el mercado de trabajo. Es preciso incentivar la participación de las mujeres en sectores económicos antes vedados, como así también incluir a los varones en actividades hasta hoy feminizadas. Ésto último requiere un trabajo de fondo para deconstruir roles de género: destruir el mito que sostiene “esto es de mujer, eso es de nena”, “esto otro de varón, eso es de nene”. Sin este horizonte, no hay equidad posible.
El proyecto punto por punto: mucha retórica y poca novedad
El proyecto del oficialismo no contempla ninguna de las causas que originan la brecha salarial. El expediente ingresado consta de dos partes: la primera insta a empleadores, sindicatos y convenios colectivos de trabajo a incorporar “códigos de conducta” que deberán presentar ante el Ministerio de Trabajo. No especifica ni siquiera un piso mínimo de compromisos a incorporar en esos documentos ni incentivos para ser cumplidos en el hipotético caso de ser firmados. También propone modificaciones a algunos artículos de Ley de Contrato de Trabajo, como por ejemplo, el cambio de redacción de un título que antes dijera “Trabajo de la mujer” y ahora “Igualdad salarial estricta”.
No sería raro encontrarnos en breve con propagandas de las empresas difundiendo sus "códigos de conducta" redactados por el sector de marketing y sin ningún tipo de validez jurídica.
La segunda parte refiere a las licencias. Amplía la licencia de los varones de 3 a 15 días en caso de paternidad y las licencias por adopción y establece hasta 10 días por violencia de género. La jornada reducida una vez vencida la licencia queda limitada sólo a las mujeres, por un máximo de seis meses y a ser acordado con el empleador. Es decir, no hay obligatoriedad de brindar este beneficio. Además, reproduce una enorme diferencia entre varones y mujeres dado que no otorga la posibilidad de que la pareja distribuya la licencia como desee. El único punto favorable del proyecto, las licencias, se muestra sumamente limitado y atrasado. No sólo deja afuera a los y las trabajadores informales sino que no establece incentivos para que reparta de manera equitativa.
Otras experiencias valiosas
El proyecto pasa por alto una infinidad de experiencias de las cuales nuestro país podría aprender. Por ejemplo, no existen en Argentina campañas públicas que cuestionen a desigual distribución de tareas en el hogar, como ocurrió en Uruguay. Tampoco se incentiva a que los lugares de trabajo tengan guarderías y lactarios para facilitar la reincorporación de las mujeres a sus puestos.
En materia de licencias, no alcanza con aumentar la cantidad de días que los varones pueden tomarse. Es necesario que el tiempo de licencia pueda distribuirse de manera equitativa y generar incentivos para que ello sucede. En Alemania, por ejemplo, la pareja puede solicitar hasta 12 meses de trabajo con horario reducido y ese tiempo se extiende a 14 meses si se divide de manera equitativa.
El tratamiento en el Congreso de este proyecto debería ser una buena oportunidad para marcar todas estas falencias y que se incorporen verdaderas medidas para avanzar hacia la equidad.
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