Por Ezequiel Orlando
De la redacción de El Destape
Controlar cuánto se exporta resulta cada vez más indispensable para el Gobierno, habida cuenta de la necesidad de las divisas que representa los granos aún acopiados. Una muestra de ello es el flamante Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, que evitará la evasión como la de Procter & Gamble. Sin embargo, este ente multiorgánico no incentivará la liquidación de los dólares sojeros, como podría hacerlo una nueva Junta Nacional de Granos.
Este organismo rigió el comercio primario en el país en la mayor parte del siglo pasado, desde 1933 a 1991, primero denominado Junta Reguladora de Granos. Pero fue disuelta durante el gobierno de Carlos Menem, cuando los puertos terminaron de privatizarse y este comercio quedó totalmente en las manos de empresas.
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Pese al acuerdo de cerealeras con gobierno de traer U$S 5.700 millones antes de fin de año, sólo U$S 4.200 millones corresponderán a la exportación de granos de los próximos meses, mientras que el resto estarán compuestos por créditos externos para financiar las compras de nuevas cosechas, principalmente intra-compañías. De este modo, se liquidará un 8% más que en el último trimestre del año pasado, cuando ingresaron al país U$S 3.887 millones por las ventas de cerealeras, aunque un 10,1% menos que en 2012.
Desde una de las principales compañías exportadoras criticaron que un eventual organismo estatal "irónicamente, terminaría dependiendo de la provisión de servicios del sector privado", puesto que las acopiadoras, cooperativas y grandes cerealeras son las que compran los granos antes de que se exporte. Por lo tanto, cuestionan, si no presenta incentivos a que se deje de acopiar granos en los campos, los terratenientes y medianos productores van a sentarse sobre la soja como lo hacen hoy día. "Este problema no sería ni resuelto ni encarado", reprocharon. Si se convierte esta agencia en el único demandante podría fijar precios aislados de los internacionales según desee promover o desalentar cada cosecha, lo cual puede funcionar como estímulo adecuado.
Por la campana opuesta se pronunció el economista Ernesto Mattos, investigador del CIGES, quien abogó por una mayor participación del Estado en la cadena de la soja. "La estructura como es complica el ritmo de liquidación de divisas, más si hay capacidad de almacenaje en los puertos y terminales, así como en las fábricas", propuso.
El también docente de la UBA fue más allá y planteó estatizar los puertos y los fletes, ya que están concentrados en un puñado de compañías y le significan al país la salida de gran cantidad de divisas. Se estima que sólo por acarreos para el comercio exterior podría haber un déficit de U$S 4.000 a 5.000 millones.
La importancia de este debate radica en que 4 de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina vienen de la soja y los cereales, lo que implica una dependencia importante de las reservas del Banco Central al sector agropecuario.
Si bien el sueño de una Junta Nacional de Granos se estrelló en la década menemista, otros países vivieron experiencias similares. En Australia fue privatizada en 1999 luego de que se disparara un escándalo de coimas internacionales en beneficio de Saddam Hussein; su remanente fue vendido en 2011 a una de las grandes exportadoras, Cargill. El otro caso, el de Canadá, sufrió que el Parlamento le anulara el monopolio de la compra de trigo en algunas provincias y se espera que se privatice en uno o dos años.
"La alternativa tiene que ser planteada desde el puerto, la industria naval y los operadores para comprar la producción agrícola", formuló Mattos. Para evitar volver a despedazarse, el organismo deberá asegurar la rentabilidad a los más pequeños, regular los créditos para el trigo y maíz y darle una mayor participación a las cooperativas regionales para lograr una mejor integración de la cadena de los productos.
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