La diputada nacional del PRO Gladys González fue confirmada como única interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), luego de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidiera separar de sus cargos a Santiago Viola y a Jorge Alonso, el 23 de junio último.
"Relevase a Santiago Viola y Jorge Alonso del cargo de interventores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), de la Fundación Azul para el cuidado y representación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre, de la Asociación Mutual del SOMU y de las firmas ´San Jorge Marítima S.A´ y ´Malonot S.A´ para el cual fueran designados por este Juzgado, debiendo continuar a cargo de las intervenciones mencionadas a Gladys Esther González. Notifíquese", dice la nota judicial difundida en un comunicado.
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Al ser consultada por la decisión del magistrado, la interventora aseguró: "Se inicia una etapa de mayor celeridad, podremos avanzar sin obstáculos en el ordenamiento administrativo, la incorporación de procesos para dar mayor transparencia y mejorar servicios, para finalmente, normalizar el llamando a elecciones democráticas para devolverle el gremio a los trabajadores, terminando con la mafia que se enriqueció a costa de sus afiliados".
Si bien González negó las acusaciones de un cierre de paritarias y la baja del convenio colectivo de trabajo, el ex secretario de la sección máquinas del gremio, Juan Barbato denunció: "Ahora va a ser peor porque no va a tener ningún obstáculo para que le digan que algo no corresponde".
En diálogo con El Destape, el referente de la agrupación "18F SOMU Somos Todos" advirtió: "Los interventores renunciaron porque le querían hacer entender que no tenía la potestad para sentarse a negociar los convenios de los trabajadores marítimos". Y disparó: "Está empecinada en firmar con la Federación de Empresas Navieras la venta de los derechos de los trabajadores con la entrega del convenio colectivo de trabajo".
La intervención a cargo de González fue dictada por el magistrado a raíz de una denuncia presentada por el titular de la Cámara Armadores de Lanchas de Prácticos (CALPRAC), Miguel Angel Doñate, contra el Secretario General del SOMU, Omar Suárez, por "distintas actividades extorsivas" para "entorpecer el tráfico fluvial y obtener de las empresas un beneficio económico en provecho propio y en perjuicio del SOMU".
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