Un país con menos derechos, un gobierno para pocos

A un año de asumir, el Gobierno de Mauricio Macri evidencia como característica central e identitaria la ejecución acelerada y sistemática de un programa integral de transferencia de recursos desde los sectores más pobres hacia los más ricos de la pirámide socioeconómica. La caída brutal del consumo popular, el aplastamiento de los salarios -a través del freno a las paritarias, la represión de protestas, el cierre de empresas y la amenaza de ampliar aún más los cuantiosos despidos y suspensiones-, los tarifazos en el transporte y los servicios, la eliminación de políticas públicas que garantizaban derechos a los trabajadores y los más humildes, así como la reversión de los mecanismos de redistribución tributaria (con la quita de presión a los sectores más adinerados), son algunas de las medidas económicas más graves de un primer de gestión con francos y graves retrocesos para un Pueblo que ve, día a día, un deterioro creciente de su calidad de vida.

A diferencia de otras ocasiones, en las que los poderes económicos tomaron el control de las decisiones gubernamentales mediante golpes cívico militares o la cooptación de dirigentes de partidos populares, esta vez la derecha llegó al Estado a través de una elección democrática, con el respaldo del 51% de los y las votantes del país. Esa decisión abrió las puertas de la Casa Rosada a un grupo muy grande de CEOs y operadores de grandes empresas nacionales e internacionales -entre ellos, la familia presidencial-, así como representantes del capital financiero especulativo transnacional; es decir: actores económicos con intereses corporativos concretos en los negocios del país se pusieron al frente de los principales ministerios y la toma de decisiones estratégicas del Estado.

Junto a la brutal transferencia de recursos iniciada por el macrismo, se avanzó también en un deterioro muy grave del conjunto de derechos democráticos de los argentinos y argentinas. Aunque Macri y Cambiemos cabalgaron la campaña electoral sobre el caballo de Troya de la concordia, el diálogo y la calidad institucional, a días de hacerse del control del Estado se inició una feroz persecución contra la militancia kirchnerista, la expresidenta Cristina Kirchner, los trabajadores y trabajadoras del Estado, el periodismo disidente y cualquiera que expresara una posición crítica con el Gobierno nacional, sus integrantes y aliados o sus políticas públicas. El encierro injustificado y repudiado nacional e internacionalmente de la dirigente popular jujeña Milagro Sala es el símbolo más claro de la campaña de difamación y persecución; campaña en la que se inscriben también ataques, escraches y atentados contra militantes y dirigentes de la oposición y, por supuesto, el asedio constante ejecutado por el Partido Judicial y el Partido Mediático hacia Cristina, cuya vigencia política y social amenaza los planes de las corporaciones.

En este primer año, estos dos actores -medios y jueces cómplices- resultaron fundamentales para que el Gobierno pudiera avanzar tan ferozmente sobre las conquistas y derechos adquiridos por el pueblo en los últimos 12 años y medio. De la mano del relato de la lucha contra la corrupción y la calidad institucional, inventando una crisis económica que no existía, la gestión corporativa del macrismo logró blindar su ajuste brutal, tapar el impacto impopular de esas políticas y esconder los escándalos gravísimos de corrupción que envuelven y complican a integrantes del actual Gobierno, empezando por el propio presidente, su familia y sus amigos. A la par de ello, somete a Argentina a un endeudamiento feroz que hipoteca el futuro de los argentinos y argentinas.

El presente informe ayuda a comprender que los motivos por los cuales se desmantelaron las políticas públicas anteriores, o mejor dicho se destruyeron feroz y muy rápidamente las políticas públicas anteriores en casi todos los campos de acción, responden no sólo a la matriz ideológica de derecha y a su visión de mundo, sino que se explica directamente a partir de los intereses económicos en juego, sobre todo en el campo energético, del petróleo, de los servicios públicos, las obras y la prestación de servicios que van en camino a la tercerización y/o privatización.

Es profunda la memoria y el registro que tenemos de la triste historia del neoliberalismo en nuestro país. Como parte de un país sometido en reiteradas ocasiones a las recetas de los grupos concentrados del capital nacional e internacional, sabemos adónde termina el Pueblo en un proyecto que privilegia los intereses de las corporaciones por sobre el bien público, en un proyecto que prioriza siempre los beneficios para el sector privado por sobre la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, en un proyecto que no concibe al Estado como garante de derechos sino como un espacio de administración y gestión de recursos que son destinados al libre juego del mercado, en un proyecto en donde se denigra la actividad política persiguiendo opositores y empobreciendo la vida democrática. Sabemos adónde nos lleva el camino que Macri ha decidido tomar, generando un daño enorme en apenas un año.

Un país gobernado por pocos y para pocos sólo puede resultar en un país con un pueblo empobrecido y debilitado, con un profundo retroceso en los derechos de todos y todas y una pérdida real y concreta en calidad y proyección de vida.

Por ello, tenemos el desafío de analizar y reflexionar claramente sobre este modelo hegemónico, a la par de fortalecer el Proyecto Nacional, Popular y Democrático que, con el liderazgo de Cristina, fue, es y será la contracara más poderosa frente al ajuste corporativo.