La titular del FMI, Christine Lagarde, usará el viernes la noticia de la sanción del Presupuesto 2019 en Diputados para convencer al directorio del organismo de que amplíe el préstamo para Argentina, que usará Mauricio Macri en casi su totalidad. Si bien falta la aprobación de la cámara Alta, la ejecutiva confía que la obediencia de la coalición del PRO bastará para conseguir la ampliación a U$S 57.000 millones.
Esta madrugada, el Congreso le dio el primer aval a la ley de leyes redactada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en coordinación con el equipo económico del Fondo, para respetar los condicionamientos a los que accedió sin dudas el ex panelista televisivo. El responsable de la política económica argentina no negoció este segundo documento.
La media sanción se dio a poco de que se cumplan dos meses desde el discurso presidencial en el que el titular del Ejecutivo prometió que “acordamos con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimmiento del programa financiero del año próximo”. Allí explicó que este tratado permitiría “recuperar la confianza”, en algún momento perdida, sobre las posibilidades del Estado de hacer frente a los gigantescos intereses de la deuda, que se elevan a $ 596.000 millones para 2019.
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En un escueto mensaje de 2.26 minutos desde la Quinta de Olivos, el mantario se adelantó a contar una historia fantaseosa, en la que el FMI brindaría un apoyo altruista a la Argentina, sin pedir resguardos a cambio, como el recorte que impuso en el Presupuesto 2019. Macri mintió: el acuerdo no estaba firmado. Recién el viernes Lagarde lo pondrá a discusión del directorio.
Si bien Dujovne y los ex presidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Luis Caputo mostraron su incompetencia para cumplir con el acuerdo original con el Fondo tan sólo un mes después de firmado, la directora gerente del organismo multilateral confía en que Argentina no se desvíe de los condicionamientos confidenciales del segundo documento. Para eso empotró a uno de sus economistas de mayor trayectoria, el jamaiquino Trevor Alleyne, en una oficina a pocas cuadras del BCRA y del Ministerio de Hacienda. Más allá de que no trabaje dentro de la autoridad monetaria, será una cuestión semántica: el PRO le prometió acceso a toda la información que requiera para evaluar periódicamente la situación del país, para que el FMI tome las medidas y “recomendaciones” que considere necesarias.
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