Carlos Rozanski es uno de los jueces con más experiencia en el campo de los derechos humanos. Con más de quince años al frente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata (TOF 1), fue el primer juez en enmarcar los crímenes de lesa humanidad dentro de la figura del genocidio. Entre los juicios que tuvo a cargo se destacan La Cacha, Circuito Camps y la Unidad 9.
En 2006 condenó a reclusión perpetua al ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, autor de un sinfín de violaciones a los derechos humanos y principal responsable de la desaparición de Jorge Julio López. Un año más tarde, condenó a la misma pena al ex capellán policial Christian Von Wernich; mientras que en 2012, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura, Jaime Lamont Smart, se convirtió en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad.
En noviembre pasado el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia presentada por el magistrado. La misma no es ajena al contexto político actual; el propio Rozanski denunció presiones y amenazas hacia su familia, responsabilizando tanto al Ejecutivo como a cierto sector periodístico.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Durante 2016, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura despertó una denuncia archivada en su contra. El impulsor fue el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato.
En este sentido, señala que las amenazas y presiones ya no son aisladas, sino que se presentan de forma organizada, incluso con apoyo mediático:"Es una situación contextual, completamente desfavorable, no sólo en lo personal y profesional, sino en las políticas de derechos humanos. Las consecuencias las estamos viendo hoy".
Un antecedente se dio en marzo de 2016, cuando el por entonces juez denunció la pega de carteles intimidatorios en el tribunal ubicado en la Calle 4, entre 51 y 53, en La Plata. Los carteles rezaban: 24 de Marzo. Día de la venganza terrorista. Vanguardia Nacionalista escuadra La Plata.
"El cambio en el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad tiene relación directa con la cuestión ideológica de una gestión política", enfatiza, contraponiendo el camino emprendido desde 2003, cuando la representación del Estado coincidió con la lucha de los organismos de derechos humanos. "Se generó una armonía que significó un avance enorme", manifiesta.
Según el informe "El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina", publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de un total de 593 causas, se dictaron 175 sentencias (29%), mientras 418 causas restantes permanecen en una fase preliminar de investigación.
Sólo 16 (3%) están en juicio, 118 (20%) están en etapa de elevación, - de las cuales solo sólo 7 tienen fijada una fecha de inicio de debate; y 284 (48%) están en etapa de instrucción. La demora en los procesos genera un estancamiento que impide un avance más veloz.
Sobre estos números, el magistrado remarca que "cuando hay un cambio de gestión no solo se instala la política de derechos humanos de un gobierno, sino también la actitud de una parte del Poder Judicial; la nueva postura genera una demora en todos los procesos judiciales ".
Para Rozanski, ese accionar entra en un marco lógico ya que "los que representan al Estado están más cerca de la visión que llevó al golpe de estado del 76 y, más concretamente, al proyecto económico de transferencia de recursos".
En cuanto al estado procesal de los 2780 imputados, el informe establece que cerca del 30 por ciento han sido sentenciados, con 750 condenas y 77 absoluciones. En el caso de los sentenciados, el problema radica en las instancias de revisión. Sólo el 25 por ciento de aquellos que han sido condenados -(un total de 187)- tienen al menos una de sus sentencias firme.
Dentro del resto de los imputados, 794 están procesados, 153 presentan falta de mérito y 53 fueron sobreseídos. Por otro lado, 438 imputados no tienen resuelta su situación procesal: 27 han sido recientemente indagados y 411 tienen pedido de indagatoria por su presunta participación en los crímenes.
En este campo, el problema es que hay una serie de imputados que no están bajo proceso, puesto que 467 fallecieron y 3 fueron declarados incapaces, sin sentencia previa. Además, 45 imputados se encuentran actualmente prófugos.
"El diseño de estas políticas genera que se favorezca a los imputados, sobretodo en frenar el avance de las responsabilidades civiles y empresarias", afirma el ex juez.
En relación a este tema, puntualiza el problema del estado de las detenciones: "El adormecimiento actual se traduce en mayores prisiones domiciliarias. Estar en la casa no significa lo mismo que estar detenido, equivale a impunidad".
El propio informe refleja la problemática de la situación de detención de los imputados. Al 2 de marzo de 2017, son 1149 los imputados libres, 1044 los detenidos, 542 los fallecidos,- 467 de ellos sin ser sentenciados y 75 luego del dictado de su condena o absolución - y 45 se encuentran prófugos.
De los 1044 detenidos, 518 se encuentran en arresto domiciliario, 455 en servicio penitenciario, 65 en otros, y en 6 casos no hay datos.
A 41 años del golpe militar, Rozanski insiste: "no existe un antídoto más fuerte que la justicia en actos; no hay mejor forma para prevenir golpes que con un estado representado por personas que comulguen con la idea de derechos humanos y que eso se traduzca en un poder judicial también respetuoso con los derechos humanos".
Cerrar sesión