Riesgos y desafíos del plan económico

Desde la asunción del nuevo gobierno, la política económica ha dado un fuerte giro en su orientación. Mientras que la alianza Cambiemos se limitaba a cumplir con las directrices del FMI, basadas en un ajuste fiscal sobre el déficit primario, es decir aquel que no recortaba los pago de la deuda sino los sociales, el actual se ha focalizado en atender al sector sobre el que recaía el ajuste. Así, el bono de 10.000 pesos a jubilados, de 4.000 a trabajadores y beneficiarios de la AUH, o la tarjeta alimentaria de hasta 6.000 pesos para desocupados, junto a los medicamentos gratuitos para la clase pasiva, la baja y postergación de sus créditos con la Anses, el programa de Precios Cuidados de consumo masivo y el congelamiento tarifario y de transportes hasta junio, implican medidas favorables hacia este sector, que perdió cerca de 20 puntos de su ingreso durante los cuatro años de macrismo. En lo inmediato, esto debería reactivar un consumo que viene en caída ininterrumpida desde hace un año y medio, y que explica el 70 por ciento del PBI argentino, lo cual aumentaría la demanda laboral y podría comenzar a sacar al país de su larga recesión. Sin embargo, en medio de la real pesada herencia legada por el macrismo, el plan no deja de contener sus riesgos.    

El primero de ellos es sin dudas una aún mayor inflación. Según el Centro CEPA; todas las medidas inyectarán cerca de 100.000 millones de pesos al marcado interno, lo cual augura ciertas remarcaciones, aunque aún no se sabe en que medida. El freno a las mismas son la propia recesión que legó el macrismo, junto a medidas citadas anteriormente como el congelamiento tarifario y de transportes y el programa Precios Cuidados, así como el descarte de la formula indexatoria de las jubilaciones elaborada por el macrismo, que actualizaba todas las jubilaciones en un 26 por ciento hasta junio, y será reemplazada por los bonos y aumentos discrecionales que problemente igualarán o superarán este guarismo en las jubilaciones mínimas (64 por ciento del total) pero posiblemente lo reducirán en las mayores, que van de los 20.000 a los 400.000 pesos. A ello, deben añadirse las medidas para evitar ampliar considerablemente el déficit fiscal y la emisión monetaria, causantes en parte de la multicausal suba inflacionaria. Las mismas consisten en una suba y actualización de las retenciones a los agroexportadores, que llega al 33 por ciento en soja y al 12 por ciento en maíz, un impuesto del 30 por ciento a la compra de moneda extranjera, y una suba del 100 por ciento en la alícuota de Bienes Personales.

Pese a esto, en otra de sus falsas promesas, la alianza Cambiemos rompió la meta de “déficit cero”, para dejar un déficit primario de entre el 0,5 y 1 por ciento del PBI, y de “emisión cero”, para expandir la base monetaria en 486.000 millones de pesos, a los que se sumaron otros 160.000 millones de pesos que debido a las urgencias tuvo que emitir el actual BCRA, es decir todos pesos que podrán poner una mayor presión sobre los precios, sea por la fuerte reactivación del consumo o por su orientación a los dólares paralelos, que si bien no son tomados como única referencia, -otro de los groseros errores de la Alianza Cambiemos-, tampoco dejan de incidir en la fijación de costos y ventas.

Atado a esto, se encuentra el segundo de los riesgos. Volver a un dólar oficial retrasado que sea aprovechado por aquellos que pueden disponer libremente del mismo, básicamente importadores, y que genere la necesidad de mayores restricciones a las importaciones, lo cual frena el crecimiento, o bien de un fuerte salto devaluatorio, con todas las consecuencias conocidas. De hecho, desde que a mediados de agosto el dólar quedó fijo en torno a los 60 pesos, la inflación superó el 20 por ciento. Si bien se considera que el dólar está todavía en un nivel aceptable, y gracias a su mega recesión Cambiemos legó un importante superávit en la Balanza Comercial, de alrededor de 15.000 millones dólares, debido al derrumbe de las importaciones, la lógica inercia inflacionaria irá retrasando poco a poco el valor del dólar, para lo cual este deberá subir gradualmente su valor, lo cual repercutirá en alguna medida en la inflación.

Pero nada se compara a lo que hemos dado en llamar “la madre de todas las batallas”, que es la renegociación de la deuda. Es sin dudas el más nefasto legado del modelo neoliberal de valorización financiera impulsado en los últimos cuatro años, donde los compromisos de pago aumentaron su proporción de un 48 por ciento sobre el PBI en 2015 a un 90,9 por ciento en la actualidad, con el agravante de que mientras que en 2015 solo el 20 por ciento estaba nominado en moneda extranjera, en la actualidad lo hace en un 80 por ciento. Son cerca de 40.000 millones de dólares a pagar en cada uno de los próximos cuatro años, compromisos tomados de forma irresponsable por la anterior administración e imposibles de afrontar. Hasta el momento, el gobierno se ha manejado con una gran prudencia, lo que se evidencia en su planteo de la necesidad de controlar el déficit fiscal, para que una parte de la recaudación vaya al pago de la deuda, así como por una de sus primeras acciones concretas, en la que el Tesoro tomó 4.500 millones de dólares del Banco Central para afrontar los vencimientos con legislación internacional. La favorable respuesta del mercado, se evidenció en la suba de hasta un 30 por ciento en los bonos de deuda argentinos, pero nada está dicho en una discusión en la cual intervienen varios buitres, y que en 2004 demandó más de un año para llegar a un 74 por ciento de aceptación. Hoy, la urgencia es evitar un nuevo default, por lo que el acuerdo debería estar cerrado antes de mitad de año, lo cual representa el mayor riesgo y desafío del plan económico inicial del gobierno.

Como es posible observar, para cada riesgo el gobierno parece haber tomado sus recaudos. Los cuales, no obstante, en medio de un contexto económico tan delicado como el dejado por la alianza Cambiemos, tampoco pueden ser considerados un blindaje. Los próximos seis meses, despejarán gran parte de las dudas.