El presidente Alberto Fernández manifestó con claridad que entre la economía y la vida, elegía proteger la vida de los argentinos y las argentinas.
Esta afirmación es la respuesta a una corriente de pensamiento liberal-conservadora que alientan las élites locales y globales sobre la necesidad de levantar el aislamiento obligatorio y permitir el funcionamiento normal de la actividad económica, como mecanismo para superar velozmente la pandemia en curso con el menor daño socio-económico, aún aceptando el impacto sobre la población más vulnerable.
Lo que oculta este planteo es que en cuestión de meses los infectados se contarían por millones y los muertos por colapso del sistema sanitario sería decenas de miles. Eso sí, los trabajadores que arriesgarían su salud para sostener “la economía” proporcionarían las ganancias habituales a las empresas beneficiadas de su trabajo.
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Se desata entonces, una pulseada entre los trabajadores atenazados entre proteger su salud y la de su familia o percibir el ingreso necesario para el sustento diario y las exigencias de vuelta a las tareas de los agentes económicos. Hacia ese lugar pretende llevar la discusión el poder económico.
El Gobierno ha tomado posición y decisiones que procuran cuidar la salud del pueblo y atenuar la caída de ingresos, ponderando a diario la evolución de la crisis y sus impactos. Cuanto mayor sea el período de aislamiento, más profundas deberán ser las acciones de mitigación.
Ahora bien, el virus ha instalado a escala planetaria un conjunto de discusiones que hasta el presente y desde la crisis del 2008 se hallaban sumergidas y ahora han irrumpido en la superficie ante la angustia desoladora que la pandemia provoca en todas las sociedades.
El primero de ellos es el cuestionamiento frontal a los agentes económicos de continuar haciendo negocios con necesidades básicas de las personas. Con nitidez ha emergido que la educación, la salud, la vivienda, los alimentos y la energía no son bienes de mercado sino atributos esenciales de la humanidad y por lo tanto el Estado debe garantizar su abastecimiento universal. Se evidenció que no es una opción recibir atención médica o morirse, según lo decida la asignación de recursos hecha por el mercado.
Este es el temor más profundo de las élites: la irreversibilidad de estos planteos en el futuro una vez instalados y la consecuente pérdida del control social sobre el proceso económico. Además, la pérdida de liderazgo y legitimidad de esas élites es elevada al carecer de propuestas de integración social.
En los hechos, salida de la crisis del 2008 sólo habilitó la conformación de una nueva “burbuja” de precios de activos financieros sin sustento en la economía real, que nuevamente acaba de explotar motorizando los mismos esquemas de salvataje de hace una década. El capitalismo sólo parece ofrecer especulación financiera.
El “no parar la economía” es en realidad continuar con el presente esquema de funcionamiento y no garantizar vidas ni derechos en el marco de la crisis.
El otro punto que se ha abierto al debate es el del impacto material de la pandemia y quién lo soporta. Quienes han venido perdiendo desde hace tiempo, al menos desde el 2008 en el planeta y desde un lustro en Suramérica, no parecen dispuestos esta vez a afrontar el costo de esta crisis, y de hecho la mayoría de los líderes políticos se manifiestan y actúan en un sentido de convalidar el reclamo de las mayorías con más presencia del Estado.
Nuevamente para las élites, la preocupación no son las pérdidas coyunturales que perfectamente pueden soportar sino el cambio de paradigma que este derrotero encubre. Por ello presionan para la ruptura de la cuarentena
Se agrega que las naciones que se visualizan enfrentando la situación con solidez y medios son aquéllas de Estados fuertes e intervencionistas: China, Rusia y la puesta en valor mundial del sistema sanitario implementado por la Revolución Cubana a pesar del brutal bloqueo estadounidense de seis décadas.
La “economía” no debe pararse, debe seguir funcionando, abasteciendo las necesidades esenciales de los ciudadanos, algo que sólo puede hacerse desde un control centralizado del Estado de los medios de producción y prestación de servicios básicos y universales. Aquéllos que nunca provee el mercado, al menos para todos y todas.
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