Un nuevo fallo judicial de los tribunales inferiores pone un freno a los alcances de la decisión de la Corte Suprema de otorgar el beneficio del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad.
En esta ocasión, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de San Juan declaró inconstitucional la aplicación de la ley, derogada en 2001, en el caso del ex suboficial mayor del Ejército Alejandro Lazo, condenado a diez años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, y tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política en grado de coautor, abuso deshonesto en carácter de autor en un hecho y haber formado parte de una asociación ilícita.
En el fallo, los magistrados Héctor Fabián Cortez, Alejandro Waldo Piña y Raúl Alberto Fourcade determinaron que no era aplicable el fallo "Muiña", al que consideraron que violaba la Constitución ya que "implica establecer una diferencia de tratamiento contraria a la igualdad ante la ley" en relación con "aquellas personas que hoy se encuentran sufriendo prisión preventiva por delitos recientes".
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Para justificar la diferenciación, los jueces recalcaron en el fallo que "lo decidido por la Corte es obligatorio únicamente en su propio caso -dado que el 'caso' en examen fue lo que le atribuyó competencia-, y que los tribunales inferiores pueden apartarse de la decisión de la Corte Suprema cuando el caso que tengan bajo examen tenga algún elemento nuevo o no considerado por el Superior Tribunal".
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De esta forma, otro tribunal se aleja de la polémica decisión de la Corte Suprema de reducir la pena del represor Luis Muiña al aplicar la ley del 2x1, sancionada en 1994 pero derogada en 2001. Muiña fue detenido en 2007 y condenado en 2011.
Este caso se le suma al del represor Héctor Girbone, a quien se le denegó la libertad por aplicación del 2x1 por decisión TOCF 5 de la Capital Federal. Además, se le denegó el beneficio a un imputado en el llamada "Megacausa San Rafael", de Mendoza, ya que aun no hay una condena firme y no corresponde hacer un cómputo de la pena.
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