La muerte de Sergio Zacaríaz en pleno centro porteño encendió la alarma sobre las políticas del Gobierno de la Ciudad a la hora de cuidar y brindar asistencia a las personas en situación de calle. Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de ese distrito denunciaron a El Destape que no cuentan con herramientas, infraestructura ni personal para hacer frente a las demandas de esta problemática. Lo mismo ocurre en el Buenos Aires Presente (BAP), el programa que se encarga de brindar asistencia y asesoramiento a este grupo.
La ley 3706 de la Ciudad dice que una persona en situación de calle es aquella que vive espacios públicos pero también la que está en riesgo por vulnerabilidad habitacional; con sentencia de desalojo o que vivan en estructuras temporales o asentamientos sin servicios o con hacinamiento. Según el Gobierno porteño hay cerca de mil cien personas en estas condiciones pero un censo popular de 2017 reveló que en realidad son 20 mil, sumando a las que están en condición efectiva y en riesgo.
Nadia Polanco, delegada general de la junta interna de ATE en Promoción Social, le contó a El Destape cuáles son los pormenores que tienen que enfrentar a la hora de proteger a personas en situación de calle y las pésimas condiciones de trabajo que tienen que enfrentar. Aseguró que no cuentan con los materiales básicos de trabajo, cortes de gas en los edificios en los que tienen que atender a las personas o problemas de infraestructura con locaciones que se caen a pedazos: "Es el desprecio que tienen, les da lo mismo atenderlos donde sea". Actualmente, dijo, atienden a tres generaciones de personas en situación de calle: o sea, a falta de soluciones, las personas nacen bajo estas condiciones y ya hay abuelos, hijos y nietos sin un hogar.
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"Trabajamos a pulmón", dijo Nadia quien aseguró que muchas veces tienen que poner plata de su bolsillo para poder salir a hacer recorridas o ir a trabajar. Pero, además del poco presupuesto, la falta de personal es clave a la hora de lograr brindar respuestas ya que le número de trabajadores es mucho menor al de la demanda de personas necesitadas y no logran atender a todos. A ésto encima se suma el hecho de que muchos están precarizados, con contratos no estables y con sueldos que no logran cubrir la canasta básica estipulada por el propio Gobierno porteño, según denunció Polanco.
Estas pésimas condiciones de trabajo empujan a muchos a irse de los distintos programas que desarrolla el Ministerio y cortar un vínculo de confianza, de historia y de cercanía con las familias y personas en situación de vulnerabilidad. Muchos de ellos no sólo están en situación de calle si no que ésto los empuja a encontrarse en otros entramados más complejos, como es la trata, según contó. La necesidad extrema muchas veces obliga a las personas vulnerables, en varios casos menores, a acceder a estas propuestas a cambio de comida o un lugar donde dormir.
Desde el Ministerio esperan a que las personas lleguen a sus oficinas, destruidas, para poder brindarles contención. Pero hay un programa que se encarga de salir a la calle y darles información y asesoramiento a las personas en situación de calle: es el BAP. Desde allí, una trabajadora denunció que el Gobierno comenzó a implementar una lógica más empresarial que social, con metas a cumplir, con una determinada cantidad de casos a abordar por día, lo que no se puede hacer porque muchas veces dedican una jornada entera para acompañar a un grupo familiar, ya sea al hospital, a hacer trámites o lo que necesiten.
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"La campaña comunicacional apunta a la participación vecinal de llamá al 108", dijo la trabajadora a El Destape pero agregó: "Recibimos un montón de llamados que no podemos responder y es muy frustrante" porque no alcanza la cantidad de equipos para cubrir la demanda. En épocas de frío hay externos que se suman al operativo y "como mucho hay 15 móviles contando los externos para toda la ciudad" que salen a buscar y ver qué aparece, sin mucha organización. En el último tiempo, incluso, les incrementaron el horario de trabajo por el mismo salario: trabajar siete horas en ves de seis durante la semana, y doce en lugar de ocho durante los fines de semana. Pero los turnos se cruzan y no hay una cantidad de móviles suficiente como para cubrir a todos los trabajadores, por los que muchos quedan cumpliendo horario, sin poder hacer nada.
A la falta de organización y equipamiento se suman las malas condiciones de trabajo cotidianas. Según informó esta mujer, su oficina está en un estacionamiento que no tiene sillas para cubrir la demanda de todos los empleados, "los baños no funcionan la mitad de las veces, algunos móviles que no tienen frenos, luces o los asientos se mueven. Es un desastre. Hay pocos móviles nuevos pero con muy poca capacidad para llevar gente" lo que genera "condiciones muy poco seguras para transportar" a las personas y los propios trabajadores.
El programa, que se creó hace 20 años, tiene el objetivo de "orientar, informar y derivar. Es evaluar la situación de la persona, su documentación, ofrecer paradores, derivaciones a otros programas", explicó la trabajadora a este medio y aclaró que ellos no se llevan a las personas de la calle sino que les acercan los recursos. Sin embargo, advirtió que hay algunos equipos móviles que responden a la gerencia, a funcionarios y ejercen más presión para que se vayan, aunque sin la violencia de la vieja UCEP.
Uno de los principales inconvenientes es el destino para las personas en situación de calle. La trabajadora contó que en toda la ciudad hay dos paradores para hombres solos, uno para mujeres - que estuvo cerrado en los últimos meses a causa de un incendio que redujo las camas a la mitad - y uno para familias. En este último, los grupos familiares no pueden compartir la misma habitación, tienen que separarse y no pueden entrar con sus carros o pertenencias por lo que deben elegir entre perderlo todo o tener un lugar para dormir. Un lugar donde muchas veces se enfrentan a situaciones de violencia porque son personas que han sido violentadas por el propio sistema de exclusión.
El Destape se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires para averiguar sobre las opciones que el distrito más rico del país le da a quienes están en situación de calle. Hay hogares de tránsito y refugio que funcionan como "un ámbito de contención y atención institucional" para atender a este grupo social. Según explicaron, "durante los meses que no hay frío extremo hay alrededor de 2000 plazas disponibles" las cuales se incrementan en invierno a 2300. Sin embargo, no hay forma de tener un lugar asegurado: "Es una población que va rotando y no hay una cama fija para determinada persona". O sea, cada día las personas deben ir y esperar que haya un lugar disponible para ellos, algo que no consiguió la mujer que anoche subió al subte con su nene chiquito y pidió, casi desesperada, que alguien la ayude a tener un lugar donde dormir.
Otra de las opciones que propone el Gobierno es un subsidio habitacional. Según informó Polanco a este medio, es de un máximo de $8000 que puede extenderse por seis meses o un año, dependiendo los casos. Sin embargo, con cada aumento del subsidio aumentan los precios de los hoteles y las familias encuentran trabas para acceder a uno de estos lugares, por lo que terminan padeciendo la búsqueda de una solución también temporal ya que son espacios superpoblados y que muchas veces plantean restricciones para entrar con niños.
Resolución 233/19, subsidios habitacionales.
Por eso, la delegada de ATE remarcó que la política pública atiende las consecuencias de la problemática en una etapa avanzada y no se generan soluciones reales, a largo plazo, que logren generar el acceso a una vivienda.
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