Por negligencia del Gobierno de la Ciudad, murió una víctima de violencia de género

Los documentos y fuentes a los que accedió El Destape revelan que la Policía de la Ciudad no pudo ubicar a Carla Soggiu apenas apretó el botón antipánico porque el sistema de geolocalización no funcionaba y el Gobierno porteño no había renovado el contrato con la empresa que brindaba el soporte del sistema. Los papeles y la información que hoy revela este medio indican que la joven murió por la ausencia del Estado, gestión Horacio Rodriguez Larreta.

El mejor equipo

La cronología de la implementación del botón antipánico en la ciudad es la siguiente. A finales de 2016, el Gobierno de Rodríguez Larreta contrató a la empresa Coradir. El área específica fue el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, por entonces a cargo de Martin Ocampo (eyectado tras el papelón del River-Boca) y se utilizarían para el Plan de Seguridad Pública. La licitación fue por un año a cambio de 13.312.092 pesos.

El plazo venció el 31 de diciembre de 2017, pero la empresa siguió brindando el soporte al sistema dado que el pliego original incluía una posibilidad de una prórroga por un año más. Según averiguó El Destape, durante 2018 Coradir mantuvo el servicio mientras le reclamó al Gobierno porteño que firmara la prórroga. Esto recién sucedió el 31 de octubre de 2018, a 10 meses de concluido el contrato original. La nueva fecha de finalización fue el 31 de diciembre de 2018. El 1 de enero de 2019, Coradir ya no prestó el servicio de soporte para el sistema. Ergo, cualquier desperfecto que impidiera localizar a Carla o a cualquiera de las personas que utilizan estos dispositivos las ponía en riesgo. Otra vez.

Según documentos a los que accedió El Destape,el último registro del botón antipánico de Carla Soggiu fue el 6 de enero a las 23.03 hs. Ese día fue clave. Varias fuentes que pidieron reserva de su identidad revelaron a este medio que ese día el sistema dejó de funcionar. Es decir, la Policía dejó de tener registro la posición de Carla, y es probable que también del resto de las personas que cuentan con un dispositivo antipánico igual al de ella. Aquí aparece el primer interrogante, ya que si el sistema de monitoreo no recibe información de un botón antipánico debería dar una alerta y activarse protocolos para ver qué paso con el aparato. El resultado de esta historia muestra que eso no pasó. O, si pasó, que el Gobierno porteño no se ocupó de arreglarlo.

Crónica de una muerte anunciada

"La Policía actuó ante el botón antipánico, el sistema funcionó", aseguró el vicejefe de Gobierno Diego Santilli en Crónica Anunciada, en El Destape Radio, días después de que Carla apareciera sin vida en el Riachuelo. La propia frase carece de lógica. Si el sistema hubiera funcionado, ¿por qué no encontraron a Carla, que apretó varias veces su botón antipánico que cuenta con una GPS para localizarla? Si, como revela El Destape, no funcionaba, ¿porque no lo arreglaron y tuvieron a Carla (y quien sabe a cuantas mujeres más) desprotegidas?

El 15 de enero pasado, Carla apretó su botón antipánico a las 20.08 horas. Habían pasado 9 días desde que el sistema falló y 15 desde que Coradir dejó de brindar el soporte para arreglar cualquier inconveniente.

El Destape accedió al “Informe de evento” de la Policía de la Ciudad, que revela que no funcionó el GPS del botón antipánico de Carla. “Ubicación GPS aproximada: No encontrado”, dice el documento.

El informe detalla que, a las 20.19 horas, “Central de Alarmas informa que se recibe alerta SOS por parte del dispositivo ID N 20617 asignado a la usuaria (Carla Soggiu), la cual al establecer comunicación manifiesta que se encuentra perdida y no conoce el barrio intentando volver desde el trabajo a su casa, a pesar de eso el geoposicionamiento del botón indica que se encuentra en la cuadra de su domicilio particular”.

A las 20.28, 9 minutos después de que llegara la señal de auxilio, el Comando 911 asignó el móvil 411 para que fuera al lugar donde marcaba el sistema. Llegó un minuto más tarde. Allí encontraron a la madre de Carla, “quien -según el informe policial - indica que su hija se retiró de su domicilio a las 15:00 horas y se llevó con ella el dispositivo, acto seguido personal policial verificará las inmediaciones para dar con la usuaria”. A partir de estos datos, queda a la vista que la última vez que funcionó el GPS Carla estaba en su casa, que salió de ahí más de 5 horas antes de activarlo y que no funcionó cuando lo necesitó.

La búsqueda de la policía fue infructuosa. El informe de cierra a las 21.27, una hora y 20 minutos luego de que Carla pidiera auxilio. Durante ese lapso, si el GPS hubiera funcionado, podrían haberla encontrado. Pero su cuerpo apareció 4 días después, sin vida.

La Policía de la Ciudad tardó 4 días en decidir rastrillar la zona de la rivera del Riachuelo a pesar de que en la descripción que Carla intentó brindar al operador dijo que estaba embarrada, sentía “mucho olor a combustible” y el agua le llegaba hasta la cara.

El 19 de enero, un trabajador de limpieza vio un cuerpo flotando a la altura de Obrador Bosch alrededor de las 7, la Prefectura Naval lo rescató unas horas después. Recién ese día, los efectivos iban a rastrillar la zona ya que un analista de antenas “estableció una activación del botón antipánico en la vera del Riachuelo”.

Desde la Policía de la Ciudad confirmaron a El Destape que Coradir dejó de operar el 31 de diciembre y que el objetivo era unificar todo el sistema de emergencias con el mismo software que se utiliza para el 911, el SAME y otras vías de atención. Este sistema lo administra la empresa Soflex, que fue contratada en forma directa por 93 millones de pesos en 2016 y en 2018 se amplió por 29 millones más. ¿Se hizo cargo Soflex del sistema de botones antipánico? ¿O el caso de Carla sucedió mientras realizaban la migración del sistema sin una transición con la empresa anterior, Coradir, y asumiendo que no habría ninguna emergencia en ese lapso?

Los documentos y fuentes consultadas por El Destape indican que Carla Soggiu quedó en ese punto ciego de la burocracia. Le costó la vida. Le falló el Estado. El Gobierno porteño.

El caso de Carla Soggiu

Carla tenía 28 años y vivía en Nueva Pompeya. El 26 de diciembre de 2018 fue brutalmente golpeada, maniatada y violada por Nicolás Fuentes, por entonces su pareja y padre de sus hijos. Fuentes fue detenido al día siguiente y está en el penal de Marcos Paz bajo prisión preventiva. Como en cada caso de violencia de género, la víctima fue hasta la comisaría, hizo la denuncia y declaró por más de 12 horas. El 27 de diciembre del 2018, el Juzgado Civil N°9 de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó a Carla el botón antipánico para su seguridad y la única vez que lo utilizó fue el 15 de enero, cuando lo presionó porque se encontraba perdida en la rivera del Riachuelo.

Ese día, Carla salió de su casa para ir a trabajar. Alrededor de las 18 se comunicó con su mamá Rosana y le avisó que estaba por tomar el colectivo para ir a su casa. Todavía no se pudo reconstruir cómo llegó al Riachuelo y si fue por voluntad propia u obligada. Tampoco se encontraron su celular y su cartera. Los datos que se conocen hasta el momento son que ella sufría hidrocefalia 5rdesde la adolescencia y en los últimos días había tenido fuertes dolores de cabeza debido a las agresiones de ex pareja, quien la golpeó en reiteradas ocasiones en una zona peligrosa y que podría ser mortal.

“Tres días antes ella le contó a la madre que tenía dolores de cabeza a raíz de los golpes. En esa semana, había escuchado sobre los síntomas que se tenían previamente, como cefalea, confusión, mareos. Esos fueron los síntomas que tuvo mi hija. La madre le dijo que tenía que ir al médico pero ella dijo que con todos los temas tenía de ir de un lado a otro, lo minimizó. Tendría que haber ido”, recordó el padre de Carla, Alfredo Soggiu, en diálogo con El Destape.

Carla era madre de una niña y un niño. La denuncia contra su ex pareja Nicolás Fuentes por violencia de género le trajo otros problemas. En los días previos al 15 de enero sufrió amenazas de la familia de Fuentes, quienes la hostigaban a través de llamados telefónicos. El ex suegro de Carla fue subcomisario y la familia mantiene vínculos con la Policía Federal. Incluso llegaron a interceptarla a pocas cuadras de la casa. Esa semana ella tenía que prestar declaración al Juzgado.

“Yo no quería que ella saliera de casa, pero no lo podía evitar porque era meterla en otro sistema del que quería salir, el del control. Ella me decía: ‘Pa, me tengo que ir a ganar la vida ¿por qué me voy a quedar encerrada?’ Así que la tuve que dejar ir. Cuando salió ese día, era otra Carla, olía a perfume. Quiero pensar que respiró un poco de libertad”, reflexionó Alfredo.

Cada víctima de violencia de género, luego de tomar la valentía de denunciar al agresor, se enfrenta con un Estado ausente que no otorga las herramientas necesarias para salir de ese contexto de violencia, encierro y hostigamiento. Sumado a la ausencia de un espacio de contención y apoyo, la Justicia actúa de forma lenta y sin perspectiva de género.

El botón antipánico, las tobilleras electrónicas para los violentos, los refugios para víctimas, las perimetrales y órdenes de restricción son herramientas cuyo funcionamiento debe ser garantizado por el Estado. No permite fallas porque cada 32 horas una mujer muere en un contexto de violencia de género.

Hasta el momento, la causa de Carla está caratulada como “muerte dudosa” ya que quedan interrogantes por responder, y uno es por qué el Centro de Alarmas Fijas y Móviles de la Policía de la Ciudad no pudo detectar con precisión dónde estaba pidiendo ayuda cuando activó en tres ocasiones el botón antipánico.

“No sé nada de tecnología, pero creo que tienen que buscar un sistema que sea inmediato porque tuvieron más de una hora para encontrar a mi hija lo cual es mucho tiempo y está demostrado que falló, totalmente, de punta a punta. Hay personas que no disponen de una hora, que tienen ese instante de apretar ese botón y las chances son ínfimas de que si actúan rápido se salven, y fallaron”, reclamó Alfredo.

¿Cómo funciona el botón antipánico?

La premisa del botón antipánico como dispositivo para atender de forma inmediata y exacta el llamado de una víctima de violencia de género o de una persona que está en peligro no se cumple en la realidad efectiva. El aparato, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene el tamaño promedio de un celular, es táctil y permite enviar mensaje y recibir llamadas. A su vez, posee un GPS que ubica de forma exacta la posición del aparato y a su vez posee un chip que le permite una ubicación por triangulación de antenas que arroja una localización aproximada.

En la teoría, la idea de un dispositivo que permita geolocalizar a una persona en peligro de forma exacta y rápida, es positiva. En la práctica, se necesita de un programa que recepcione las llamadas y señales, un operador capacitado para saber sobrellevar y acompañar a la persona y un Estado que no mire para otro lado e invierta y mantenga el sistema funcionando de forma aceitada, prolija y rápida.

En el caso de la Ciudad, el botón antipánico reporta la ubicación de la persona cada 30 minutos, es decir que cada media hora el sistema actualiza la geolocalización. Cuando ingresa la llamada, el operador inmediatamente sabe dónde se encuentra la otra persona, lo cual le permite adelantar un paso y contactar un móvil del 911 para que concurra al lugar sin que la persona en peligro brinde su ubicación. Cada segundo que se ahorra es vital. Además, cuando se apreta el botón, empieza a reportar ubicación cada pocos minutos. En la comunicación que Carla mantuvo con el operador y a la cual El Destape tuvo acceso, ella mantuvo en un rango de una hora y media, tres comunicaciones y nunca pudieron ubicarla.

Con un Estado que falla en dar respuestas rápidas y eficaces ante casos de violencia de género, la víctima es la que debe cuidarse y resguardarse y pierde su libertad, mientras los violentos, en varias ocasiones, son beneficiados por la lentitud de buena parte del Poder Judicial.