La puja político-judicial contra Pablo Moyano escribió un nuevo capítulo. Con el aún incierto futuro del juez Luis Carzoglio, magistrado natural de la causa por supuesta asociación ilícita del camionero con la barra brava de Independiente, el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera podría avanzar nuevamente con el intento de detener al dirigente sindical. Sin embargo, primero la Justicia deberá resolver el pedido de nulidad de la causa presentado por la defensa.
El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, hizo un pedido de nulidad de la causa basado en la “notoria y desesperada búsqueda del Ministerio Público tendiente a encontrar algún hecho que pueda privar” al camionero de su libertad. Apuntó contra Scalera por su falta de objetividad, ya que aseguró públicamente que el gremialista “tiene que estar preso” y destruyó las pruebas presentadas por el fiscal, las cuales se basan “en los dichos de Pablo 'Bebote' Alvarez, persona desesperada por recuperar la libertad y dispuesta a mentir contra viento y marea”. El Destape quiso comunicarse con el funcionario judicial, sin éxito.
En el escrito al que accedió este medio, Llermanos aseguró que “el estímulo político de Scalera tiene como nodo central a funcionarios del gobierno nacional” que, según confió, "quieren ver, a toda costa, a Pablo Moyano tras las rejas". Incluso, en la ampliación del pedido de nulidad, aseguró que ya se había dispuesto una celda a medida del camionero, como si supieran de antemano que iba a terminar preso, con tendido eléctrico para instalar cámaras de seguridad, como muestran las fotos.
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En el documento, el abogado aseguró que mucho antes de que se pidiera formalmente la detención, “acondicionaron en la Alcaldía de Melchor Romero una celda destinada a alojar a Pablo Moyano”. Un calabozo que “habría sido acondicionado con tecnología con capacidad para filmar y grabar las conversaciones que el sindicalista mantendría eventualmente con el firmante, familiares y otras personas que lo visitaran” a pedido del Gobierno y bajo coordinación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tal como consta en el documento judicial.
Según pudo saber la defensa, “hace cuatro meses Scalera concurre a la AFI y se reúne, entre otros, con un contador llamado Fernando Di Pascuale, el mismo que, según el suspendido juez Carzoglio, se encargó de pedirle en nombre del Presidente de la Nación la prisión de Pablo Moyano”.
Después de rechazar la prisión preventiva del vicepresidente de Independiente, Carzoglio denunció que a comienzos de 2018 lo visitaron unos agentes de la AFI en nombre del Ejecutivo nacional, para manifestarle el interés de Mauricio Macri por la causa, lo que fue tomado como un apriete.
El destino de esta causa es incierto. Se desconoce el juzgado que se hará cargo de su investigación, ya que las presiones políticas la quieren llevar al Federal de Lomas de Zamora, más permeable al poder del procurador bonaerense Julio Conte Grand, según informó la defensa de Carzoglio, en lugar de Quilmes, donde correspondería por jurisdicción. Por eso, el abogado del magistrado presentó una apelación y la definición la tomará la Cámara.
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires deberá definir, el 6 de marzo, si Carzoglio vuelve o no a sus actividades. De hacerlo – la defensa entiende que no hay motivos para lo contrario -, volvería a tener la causa de Pablo Moyano en su poder. “La jugada de Scalera va a ser pedir la recusación, porque Luis ya se expidió. Él tiene una postura técnica. La prisión preventiva es un exceso de poder para apretar a políticos o personas comunes”, dijo Diego Raidan, abogado del juez, a El Destape.
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Sin embargo, si en este contexto el fiscal Scalera quisiera avanzar con la detención de Moyano, primero se deberá resolver el pedido de nulidad de la causa. En él, no sólo Llermanos denunció que, antes de cualquier definición judicial, ya estaba preparado el lugar para albergar al camionero en la cárcel, sino que también hizo foco en las presiones del fiscal a presos en la causa. Según reveló El Destape hace meses, Scalera habría apretado a detenidos para que testifiquen contra Pablo a cambio de su libertad.
Este es el caso de Damián Lagaronne, el barra que, de puño y letra, denunció que Scalera le ofreció ser imputado colaborador si declaraba contra Pablo Moyano, con la baja de la pena y un juicio abreviado. O el de Carlos Zambrana, que el 3 de enero de 2019 aseguró que “está detenido injustamente, como rehén en una causa política”, puntualizando que el fiscal le prometía la libertad si “declaraba para arriba”, según consta en el escrito judicial al que accedió El Destape. A Langaronne se le negó la rápida protección, sufrió golpes en la cárcel y se le quitó de facto a su abogado defensor para asignarle el de 'Bebote' Álvarez, “quien pactó con Scalera” contra Moyano.
Además, la defensa de Moyano pidió la recusación del fiscal, que no puede continuar al frente de la causa por estar sospechado de influencias políticas y nula objetividad y aseguró que el apartamiento del juez natural de la causa – Carzoglio – fue por “haberse negado a aprobar el pedido de detención realizado” por Scalera, lo que “quizá haya sido un golpe letal a la independencia judicial”.
Por eso, la defensa manifestó que la detención del camionero “es un objetivo político” detrás del cual se encuentra el Poder Ejecutivo nacional.
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