En lo que se puede definir como una llamativa decisión, el fiscal federal de Córdoba, Gustavo Vidal Lescano, pidió la detención de Robert Maggi, el empresario cordobés que publicó un violento y amenazante mensaje contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en su Facebook y que luego borró.
Puntualmente, Maggi posteó el martes, día de la asunción de presidencial: “Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!”. Frente a la ola de repudios, el empresario y e presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, eliminó la publicación. La amenaza de muerte contra la vicepresidenta Cristina Fernández se suma a la amenaza de bomba recibida en su casa y despacho en el Congreso de la Nación este miércoles.
Sin embargo no se trató de un exabrupto, como el propio Maggi se excusó, ni como los medios lo trabajaron, bajándole el tono a la amenaza contra la vicepresidenta: tres fiscales federales de Córdoba están actuando y en las próximas horas Maggi podría ser detenido.
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Ni bien se hizo pública la amenaza de muerte a través de las redes sociales y los medios, el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut comenzó una investigación de oficio. “La causa cobra más significado por la investidura de la Vicepresidenta”, señaló el fiscal de San Francisco a los medios de su ciudad, ubicada en el límite con Santa Fe, a 208 kilómetros al este de Córdoba capital.
Por su parte, el fiscal federal de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, pese a no estar de turno, denunció penalmente a Maggi ante su colega Graciela López de Filoñuk. “Las expresiones referidas han sido realizadas por un ciudadano que en su condición de empresario tiene por cierto infinita mayor responsabilidad social que un asalariado”, señaló en el escrito presentado a su colega López de Filoñuk. Y agregó: “No se puede admitir en aras de la libertad de expresión que se realicen públicamente las gravísimas amenazas que ha realizado este individuo y que, eventualmente, podrían concretarse en la persona de la señora vicepresidente”.
Vidal Lascano le dijo a El Destape que “Maggi tiene una responsabilidad como empresario porque es un dirigente social, pero además, como expresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco tiene una responsabilidad gremial y social que agravan sus dichos”. Mientras que la fiscal López de Filoñuk confió a este medio: “Acabo de recibir la denuncia penal de mi colega Vidal Lascano, evaluaré si es de mi competencia y mañana a las 9 resolveré la cuestión con el dictamen pertinente”.
Por su parte, la diputada cordobesa del Frente de Todos, Gabriela Estévez señaló: “Ya presenté una denuncia penal contra el señor Robert Maggi, expresidente de la Asociación de Metalúrgicos de San Francisco, por su responsabilidad al momento publicar en Facebook, que le hubiese disparado una “bala en la cabeza” a la vicepresidenta Cristina Fernández, de haber estado en su asunción”.
La diputada y dirigente de La Cámpora aseguró que “con su repudiable declaración, Maggi violentó la seguridad e integridad física de la Vicepresidenta, además de proponer explícitamente, como salida a los recambios institucionales previstos en la Constitución, un medio violento y delictual para resolver las diferencias políticas”. En tanto, el diputado cordobés del Frente de Todos, Eduardo Fernández, destacó ante El Destape: “Es muy grave lo sucedido. Estamos evaluando con el resto de los compañeros de la Cámara qué medidas tomar, ya hay una investigación de oficio por parte del fiscal Viaut, veremos los pasos a seguir. No nos sorprenden los dichos de este personaje”.
En plena campaña electoral, Maggi militó fuerte contra el Frente de Todos: como presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos operó para que Ariel Schale –actual secretario de Industria y Comercio Exterior- y el entonces candidato a diputado Eduardo Fernández no pudieran utilizar el salón principal del Parque Industrial de San Francisco para exponer sus propuestas a los industriales del departamento San Justo.
Llama la atención la medida del fiscal si se toma como referencia los casos que se dieron durante el macrismo. A partir de algunos tuits contra Mauricio Macri y su familia, la exministra Patricia Bullrich celebraba las detenciones de tuiteros como si fuese parte del combate contra las mafias. Lo cierto es que esas denuncias luego fueron desestimadas y los detenidos, liberados.
*Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.
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