El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz en la causa en la que fueron denunciados por el Estado nacional -durante el anterior Gobierno-, por la transferencia en 1976 de las acciones de Papel Prensa.
Ercolini sostuvo que no hay en la causa "elementos objetivos" que lleven a considerar vinculación o condicionamiento entre el traspaso de las acciones de la empresa productora de papel diario y delitos de lesa humanidad previos a esa operación, durante la última dictadura.
En un fallo de 138 páginas difundido esta tarde por el sitio de la Corte, www.cij.gov.ar, el magistrado desechó que la transferencia de las acciones del Grupo Graiver a los directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razon, realizada en noviermbre de 1976, tuviera relación con el secuestro de familiares y allegados al fallecido empresario David Graiver, para que firmen la operación entre su viuda Lidia Papaleo y esos empresarios.
"No existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar", sostuvo el fallo.
"No se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de PPSA el día 2 de noviembre de 1976 y los mencionados hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas. Por lo contrario, puede inferirse que habrían estado originadas por deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros", sostuvo en otro tramo de su fallo.
Ercolini destacó que la hipótesis que motivó la apertura de la investigación sobre las circunstancias de adquisición de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A. "fue la afirmación de la vinculación de los hechos de detenciones ilegales y tormentos sufridos por personas integrantes, familiares y allegados al Grupo Graiver con los titulares de FAPEL S.A".
"Se ha aseverado desde las primeras intervenciones en el trámite de la presente causa que eran claros e inescindibles los hechos de privación ilegal de la libertad -por los que hubo juzgamientos y condenas en distintos procesos- y la adquisición de Papel Prensa S.A., de modo que para dichas tesis, la empresa habría sido virtualmente arrebatada gracias a la comisión de tales graves delitos, propios de la dictadura militar que gobernó por la fuerza entre los años 1976 y 1983".
Por el contrario, según el magistrado, las pruebas acreditadas en la causa "permiten afirmar la escindibilidad entre unos y otros hechos. Esto es, más allá de afirmaciones u opiniones vertidas por partes en este proceso, no existe en términos probatorios vinculación lógica, ni relación de causalidad entre las detenciones ilegales y la operación comercial aludida".
La denuncia del Estado nacional se concretó en el año 2010, luego de que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentara en la Casa de Gobierno el informe titulado "Papel Prensa, toda la verdad".
En el mismo, se vinculó la transferencia del paquete accionario de la primera productora nacional de papel para diarios al secuestro de los familiares y allegados al banquero David Graiver tras su muerte en un accidente aviación en México en agosto de 1976.
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