La inestabilidad que caracteriza la presente etapa de la Argentina, se verifica en un contexto de creciente peligro para la Democracia acosada por factores de poder destituyentes que ya se proyectan sobre un Gobierno que aún no ha asumido. La Política es la única herramienta capaz de construir consensos para sortear con éxito esas acechanzas, pero exige el compromiso activo de la ciudadanía y la canalización de esa voluntad a través de representaciones genuinas que se identifiquen, verdaderamente, con esos propósitos.
Un Estado presente y proactivo
En vísperas del traspaso de Gobierno persisten una serie de incógnitas, tanto en cuanto a la integración del nuevo Gabinete como de quienes conformaran los equipos de Ministerios, Secretarías y otros Organismos públicos.
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Lo que sí resulta cada vez más claro es el grado de deterioro que ha sufrido el aparato estatal, acentuado por medidas de último momento adoptadas por el actual Gobierno nacional con el propósito de atornillar en sus cargos al nuevo personal jerárquico del Estado que, más allá de las irregularidades ostensibles de los procedimientos observados, significarán un lastre para la próxima Administración y una fuente de -artificiosos- conflictos.
Esa conducta irresponsable, y en buena parte ilegal, causa cierta perplejidad, pero no sorprende teniendo en cuenta los antecedentes similares que acumula Macri. Sí, en cambio, importa ser evaluada en orden al tipo de oposición que se pretende conformar desde ese espacio partidario.
La recuperación del Estado, no sólo en cuanto a estructuras y funciones, sino también en materia de iniciativas que permitan la reactivación de áreas particularmente sensibles, se muestra como fundamental para poder dar respuesta a las diferentes demandas de la sociedad.
Con ese objetivo será preciso contar con la colaboración de los distintos cuadros que revistan en la Administración, constituyendo una pieza clave quienes dirijan y estén al frente de la ejecución de Programas de aquella naturaleza.
Consensos indispensables
La responsabilidad de la dirigencia se pondrá de manifiesto en la postura que demuestre desde el primer día de constituido el próximo gobierno, tomando en cuenta el rumbo que anticipan Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos.
La disposición al diálogo del futuro Presidente, como su rechazo a todo sectarismo, ha sido un gesto permanente desde que fuera lanzada su candidatura y que ratificara con mayor insistencia luego de que resultara electo.
Desde la prensa más hostil, que fuera compañera de ruta del Presidente Macri, no parece haberse tomado debida nota de esa ostensible disposición, que encubren con trascendidos carentes de todo rigor periodístico sobre disputas al interior del Frente de Todos o azuzando temores de diversa índole.
Similar actitud se verifica en portavoces de los sectores concentrados de la Economía, que anticipan reacciones violentas y conflictividades en tanto se afecten sus intereses.
Unas y otras son expresiones de alerta, cuya lectura debe hacerse en clave regional por los actos destituyentes y de matriz antidemocrática que configuran amenazas ciertas de las que la Argentina no está exenta.
Los consensos que habrá que alcanzar serán muchos y en distintos ámbitos, pero es indispensable que se asienten en los atinentes a la defensa del régimen democrático y el respeto irrestricto a la institucionalidad, frente a los cuales no puede admitirse reparo alguno.
No bastará con la sola referencia a los mandatos constitucionales, sino que deberán concretarse en acuerdos políticos expresos en el sentido antes indicado y que incluyan otros sobre dispositivos e instancias que operen en forma inmediata ante la emergencia, mediando acciones que atenten contra la continuidad democrática.
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En el mundo del trabajo
La predisposición a encontrar respuestas oportunas y vías de solución, consensuadas, para los múltiples problemas que afligen a la sociedad argentina, tiene en el ámbito laboral una particular relevancia.
El trabajo constituye un factor fundamental para la dignidad humana, que importa tanto en cuanto a asegurar la plena ocupación como también en orden a la calidad de los puestos y modos de labor.
Aunque parezca una digresión, lejos está de serlo ni de tratarse de un tema semántico la forma en que se haga alusión a ese ámbito. Pues suele referírselo como “mercado de trabajo”, lo que implica una contradicción absoluta con el significado del “trabajo” y con la condición inherente al “trabajador”, que de manera alguna son analogables a mercancías.
A más de 100 años de la OIT, cuya Constitución explícitamente declara ese principio que también han receptado numerosos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la utilización generalizada de aquel apelativo no resulta intrascendente, pues connota una perspectiva ideológica –o en el mejor de los casos, una errónea acepción- que introduce serias confusiones en el abordaje de las temáticas ligadas al campo en que se desenvuelve el Trabajo y el Capital.
En el mundo del trabajo se verifican distintas formas de llevarlo a cabo, y todas gozan de la protección de las leyes (cfr. Artículo 14 Bis CN), siendo una garantía que cobra especial relevancia cuando se presta en relación de dependencia o aún fuera de esa tipicidad sometido a fuertes sujeciones y vulnerabilidades.
La propuesta de un Consejo Económico y Social como espacio en que se diriman y programen las estrategias básicas para el desarrollo productivo del país, con equidad en la distribución de los aportes sectoriales y con la mira puesta en la Justicia Social, se prevé a partir de una amplia convocatoria que excede a las representaciones gremiales empresarias y sindicales, anticipándose que no se centrará en un simple acuerdo de precios y salarios.
Esa advertencia es oportuna ante un planteo plural, inclusivo y multidimensional, para abocarse a cuestiones urgentes determinantes de emergencias alimentarias, de salud, de vivienda y laborales, que imponen brindar respuestas inmediatas.
Los problemas que se registran para quienes trabajan, tanto sea en el sector formal –incluidos los que puedan ostentar situaciones de marginalidad, por parcial o falta de registración- como en la economía informal o popular, seguramente concitarán debates entre las respectivas representaciones y necesitarán recurrir a instituciones existentes o crear nuevas a esos fines que se correspondan con su naturaleza y especificidad
En ese sentido, para trabajadores convencionados y no convencionados, en una primera instancia resultará útil valerse del “Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y del Salario, Mínimo Vital y Móvil”, como un modo de garantizar un mejor nivel de ingresos para los más postergados y, a la par, promover la negociación colectiva en general que es el ámbito natural para resolver las pujas distributivas.
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El papel de la negociación colectiva
La posibilidad de implementar reformas laborales por la vía legislativa, que estando a las iniciativas que alentó la Alianza Cambiemos tenían como objetivo el recorte de derechos y la precarización de las condiciones de trabajo, ha sido descartada categóricamente por Alberto Fernández.
Su propuesta en esa área es que los actores sociales avancen en las regulaciones que sean menester, valiéndose de la autonomía colectiva y en función de las particularidades de cada sector con respecto a las adecuaciones que pudieran exigir las nuevas formas de organizar el trabajo, la tecnología efectivamente incorporada y la mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan.
Es frecuente que del lado empresario se alegue el anacronismo de las convenciones colectivas (CCT) existentes, su necesaria sustitución por concertaciones más modernas y, principalmente, más acotadas (a empresas, establecimientos o incluso unidades de producción). Esa perspectiva es falaz, como frecuentemente engañosos los argumentos en que se sustentan.
La modernización del sistema de relaciones laborales debería comenzar por su democratización, restringiendo los autoritarismos patronales y aceptando la función social de la propiedad ligada a la actividad productiva.
Otro tanto debería ocurrir, en línea con esos propósitos, en materia de participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la dirección, gestión y ganancias de las empresas, que constituyen derechos establecidos en la Constitución Nacional desde hace más de 60 años y que, salvo algunas pocas excepciones, no han tenido operatividad ninguna.
La vetustez de los CCT es más mito que realidad, al enfatizar en el señalamiento del año en que fueron celebrados (que acompaña al número del convenio para su identificación), pero ese dato por sí solo no indica nada en tal sentido.
En el marco de cada convenio se han concertado numerosos Acuerdos Colectivos, como también se han articulado convenios de actividad o rama de actividad con otros convenios de menor ámbito ajustando o complementando su normativa a situaciones o realidades particulares.
La negociación colectiva formal entre 1976 y 1988 estuvo real o virtualmente paralizada, hasta el año 2004 fue de baja intensidad pero constante y, desde entonces, tuvo un crecimiento geométrico, registrándose convenios y acuerdos colectivos que totalizaron más de 500 en el 2005, más de 900 en el 2007, más de 1.100 anuales entre el 2008 y 2013, alcanzando a más de 2000 en 2014 y 2015.
El rol proactivo del Estado fue fundamental en las rondas negociales 2005/2015 para llegar a totalizar más de 10.000 acuerdos y convenios en ese lapso, como también para dotar de herramientas útiles para la mejora y renovación de sus contenidos, como efectivamente ocurrió.
Un ejemplo claro fue la tarea que llevó a cabo el Ministerio de Trabajo de la Nación entre los años 2009 y 2013, que bajo el título de “Nuevos Contenidos de la Negociación Colectiva” organizó Talleres de debate, análisis y regulación convencional de temas novedosos, como también de otros clásicos con menor desarrollo o introduciendo propuestas de nuevos abordajes, que totalizaron 23 módulos de trabajo.
Entre los primeros cabe mencionar: Teletrabajo; Adicciones con impacto en el ámbito laboral; Responsabilidad social empresaria; Erradicación del trabajo infantil; Cuestiones Ambientales en un proceso productivo sustentable; Negociación colectiva supranacional; Calidad del empleo, reestructuración productiva y economía social. Entre los segundos: Formación profesional; Relaciones de género; Discapacidad; Condiciones de trabajo; Mecanismos de solución y autocomposición de conflictos; Negociación colectiva articulada; Violencia laboral; Seguridad social, negociación colectiva y redistribución.
En los Talleres intervinieron cientos de personas vinculadas a la negociación paritaria, tanto integrantes de las representaciones sindicales y de empleadores como profesionales de diferentes especialidades que los asisten en esa actividad y funcionarios con responsabilidades primarias en ese ámbito. En conjunto, además, diseñaron dispositivos regulatorios y redactaron cláusulas tipo para su incorporación a los CCT.
Toda esa tarea se resumió en publicaciones que editó el Ministerio de Trabajo (cuatro libros, uno por cada Taller), que en los años 2014 y 2015 distribuyó entre los miembros paritarios para fomentar el enriquecimiento de los contenidos convencionales.
Nada de eso se aprovechó en estos últimos cuatro años, ni mucho menos se desarrolló para ampliar la producción propia de la concertación colectiva. Pero el desinterés no fue sólo de la autoridad del trabajo, sino de los mismos empresarios que prefirieron apostar a obtener sus objetivos con una Reforma Laboral al estilo de la de Brasil y determinada por normas estatales, en lugar de apelar a la negociación y a la búsqueda de consensos con los sindicatos.
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Un camino difícil y sinuoso
El diálogo, que implica no sólo expresar ideas propias sino escuchar y atender las de los otros, requiere disposición y buena fe de los interlocutores. Sin tales presupuestos difícil será alcanzar consensos, que también suponen el reconocimiento de la persistencia de desacuerdos que forman parte de una construcción plural y con intereses diferenciados e incluso antagónicos.
La dimensión de la crisis que vive la Argentina impone una reconciliación de los argentinos basada en los valores e intereses superiores de la Nación, que abonen un Proyecto de país que nos contenga a todos.
La decisión de hacerlo mediante pactos y concertaciones que brinden la posibilidad de participar más allá de las formales representaciones políticas partidarias, es una alternativa de enorme potencialidad y una gran oportunidad para concretar un nuevo contrato social.
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