El abogado argentino Carlos Slepoy, reconocido promotor de la justicia universal para las víctimas de la dictadura en la Argentina y del franquismo en España, murió el lunes en Madrid a los 68 años, dejando atrás una vida dedicada a la lucha contra la impunidad frente a la violación de los derechos humanos.
Slepoy, quien estaba postrado en una silla de ruedas desde principios de los 80, no dejó que sus dolencias y problemas de salud intercedieran en su trabajo, ni en los momentos más duros, cuando recibía algún revés judicial en su empecinada misión por conseguir el reconocimiento de que en la Argentina, durante la última dictadura militar, se había producido un "genocidio".
Lo mismo decía que había ocurrido en España tras la guerra civil en ese país.
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En los últimos años de su carrera, cansado de ver que en España las víctimas eran menospreciadas, que los dirigentes franquistas seguían siendo legitimados y los jueces que se atrevían a investigarlos, como Baltasar Garzón, eran enjuiciados, Slepoy impulsó en 2010 la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.
Convertido en un referente internacional en las causas de derechos humanos, Slepoy vivió en primera persona las torturas de la represión argentina dos semanas antes de que estallara el golpe de Estado en el país, y se exilió a fines de 1977, estableciéndose en España, donde ejerció la abogacía.
Era abogado laboralista de la central española UGT cuando en 1982 intentó defender a unos chicos que estaban siendo agredidos por un policía nacional en la Plaza de Olavide de Madrid y recibió un tiro por la espalda, que le dejó secuelas graves y lo dejó en silla de ruedas; el agente fue condenado a siete años de prisión.
A pesar de sus problemas de salud, Slepoy tuvo fuerzas para emprender una de sus grandes batallas: ayudar a otras víctimas de la dictadura argentina que acudieron al juez español Baltasar Garzón, en busca de Justicia frente a los crímenes que habían cometido los represores de la dictadura, que fueron juzgados en la Argentina y posteriormente indultados por el ex presidente Carlos Menem.
En 1996, Garzón imputaba a Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri y otros 99 militares, policías y médicos argentinos, en aplicación del principio de jurisdicción universal.
La batalla de Slepoy, que se reunía periódicamente con otros abogados, y Garzón en la Audiencia Nacional de España, tardó, pero terminó dando sus frutos. En 2003, el magistrado español abrió juicio contra el represor Adolfo Scilingo, quien le había confesado en 1997 su participación en los "vuelos de la muerte".
En abril de 2005, el marino fue juzgado y posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977, por su responsabilidad en la muerte de treinta personas y la detención ilegal seguida de torturas. La pena fue de 640 años, pero el Tribunal Supremo la elevó a 1.084 años. En este proceso, Slepoy no consiguió que calificaran los delitos de genocidio.
El abogado también participó en las causas contra el ex teniente argentino Ricardo Cavallo, el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el ex dictador de Guatemala Ríos Montt.
Su última pelea fue la de impulsar el primer juicio en aplicación de la justicia universal para las víctimas de la dictadura franquista: cruzó el océano y presentó una querella en Buenos Aires a la jueza argentina María Servini de Cubría, quien el 14 de abril de 2010 abrió una investigación por la desaparición forzada de 113.000 personas.
Slepoy se mostraba esperanzado, aunque en 2015 el gobierno español de Mariano Rajoy se opuso a las extradiciones solicitadas por la jueza argentina de ocho ex ministros franquistas y doce imputados más por crímenes de lesa humanidad.
Entre ellos estaba el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Franco Celso Galván Abascal, el ex miembro de la Brigada Político Social, José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.
Posteriormente la lista se amplió e incluyó también a Utrera Molina, suegro del ex ministro Alberto Ruiz Gallardón.
"Fue una limpieza sistemática", afirmaba el letrado argentino en una reciente entrevista en la que criticaba al gobierno español por proteger a los "criminales del franquismo", según publica el diario español digital Público, que este año lo reconoció con su "Premio Público Derechos Humanos".
"Carlos Slepoy ha destacado por su defensa de la justicia en cualquier ámbito y jurisdicción. Gracias a su incansable labor ha sido posible emprender procesos de verdad, justicia y reparación tanto en la Argentina como en Chile. Desde hace años trabaja también para acabar con la impunidad del franquismo y satisfacer el deseo de justicia de unas víctimas olvidadas por la democracia española", subrayó el periódico al otorgarle el galardón.
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