Morales redobla la apuesta contra Sala para que tenga una condena más dura

03 de febrero, 2017 | 18.46

El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) dio a conocer los fundamentos del fallo que en diciembre pasado condenó a la detenida dirigente social Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso por el delito de "daños agravados" a raíz de un escrache realizado en el 2009 contra el entonces senador radical y ahora gobernador de la provincia, Gerardo Morales.

En ese marco, tanto la querella como las defensas anticiparon que, por distintos motivos, apelarán la sentencia: en el caso del abogado de Morales, adelantó que cuestionará el sobreseimiento de Sala en relación al delito de "amenazas coactivas", mientras que, en el caso de las defensas de los acusados, por las condenas.

En una breve audiencia que comenzó poco después del mediodía con la presencia de la encarcelada diputada del Parlasur, quien se encuentra detenida desde el 16 de enero del año pasado, las querellas y defensas recibieron copia -en formato papel y también digital- de las 200 carillas con los fundamentos del fallo contra Sala y otros dos dirigentes de organizaciones sociales jujeñas (Graciela López y Ramón Salvatierra).

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Una vez concluida la audiencia, las partes que entienden en la causa coincidieron en expresar que "estudiarán" el fallo completo para luego evaluar los pasos a seguir en el marco del expediente.

En este sentido, en representación de Morales, el abogado querellante Eduardo Vergara, dijo que estudiarán "los argumentos fácticos del Tribunal" para evaluar "los siguientes pasos a seguir", aunque en la jornada de ayer habían adelantado que recurrirán el fallo en relación al sobreseimiento de la dirigente social por el delito de "amenazas coactivas".

"Si encontramos algún defecto formal o alguno de fondo vamos a proceder a recurrir", sostuvo el representante legal de Morales, quien en el momento del debate había solicitado 8 años de prisión para la diputada de Parlasur.

Por su parte, la defensa de Milagro Sala sostuvo que recurrirán a la Cámara de Casación para que "se revisen las sentencias" al sostener que durante el debate "no se encontraron elementos de cargos para que consideraran a nuestros defendidos responsables".

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