Sin lugar a dudas, uno de los desafíos más grandes del próximo gobierno bonaerense será recuperar al devastado Banco Provincia. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, el BAPRO redujo su penetración en el sector privado tanto en depósitos como en créditos y, sobre todo, se diluyó su papel en el financiamiento a los sectores productivos de la provincia.
De acuerdo los balances que pudo obtener El Destape, los depósitos del sector público representaban el 16,5% del pasivo total en 2015, pero a junio de 2019 se ubicaron en 27,8%. En el mientras tanto, la caja de la entidad fue “chupada” por el esquema monetario que promovió el gobierno nacional: las Letras de Liquidez (Leliq).
El Banco perdió parte de su papel de apoyo productivo, para dedicarse a actividades especulativas: se produjo un aumento de las tenencias de títulos, entre los cuáles se encuentran las LELIQ emitidas por el Banco Central (BCRA), que pasaron de representar el 4,7% del activo en 2015 al 22,4% en junio de 2019.
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Como contrapartida, bajó la participación en el crédito al sector privado. De ser el 62,2% del Activo en 2017 al 39,9% a mitad de este año. Esta caída equivale a $ 110.000 millones en créditos.
El modelo especulativo que impuso Vidal generó que el BAPRO haya perdido participación en el crédito otorgado a todos los sectores de actividad, entre los que se destacan producción primaria (-5,6% del total), industria manufacturera (-4,2%) y electricidad, gas y agua (-11,1%).
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Vidal esconde los números
Fuentes cercanas al equipo del Frente de Todos confirmaron este medio que recuperar al banco será uno de los objetivos primarios para Axel Kicillof, de ser electo gobernador. En ese sentido, sentenciaron: “este gobierno es siniestro y nunca creyeron en la banca pública”.
Desde el espacio que se encamina a ganar los comicios del domingo alertaron por la “bomba de tiempo” que dejará Vidal en las oficinas de la ciudad de La Plata. Es que además, las cifras reales todavía no se dieron a conocer.
A mediados de 2017, las entidades bancarias que operan en la Argentina fueron informadas por el BCRA para presentar sus balances adecuados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Las NIIF (también conocidas como IRFS, por sus iniciales en inglés) reúnen estándares internacionales de contabilidad promulgados por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) con requisitos para valuar y presentar información sobre transacciones y hechos económicos que se reflejan en los estados financieros de una compañía, en este caso, los bancos que operan en el país.
Sin embargo, ¿qué hizo el Provincia? actualizó sus activos bajo los nuevos parámetros, pero no así su pasivo. Por lo tanto, cuando la próxima administración sincere los balances, se reconocerá que la crisis terminal del BAPRO derivó en el déficit de sus cuentas.
De hecho, es tal el descalabro que la cartera en situación irregular subió hasta el 5,6% del total de las financiaciones en abril de 2019, ubicándose por encima del total sistema (4%) y de los bancos públicos (3,8%).
Ante este marco de situación, la gestión de Vidal tomó dos decisiones críticas para el modelo de negocios del BAPRO: Usó recurrente de promociones del tipo “Súper 50”- como no hizo ninguna otra entidad- con un costo estimado para el Banco de $ 4.000 millones en este año. A su vez, luego de la reforma que impulsada por su gestión (Ley 15.008), se transfirió al banco el déficit de la caja de jubilados con un costo de $ 9.000 millones en 2019.
El salvavidas del default
A pesar de la crisis que la propia administración provocó, el Ministro de Economía de la provincia, Damián Bonari, elevó una nota al directorio del Banco Provincia para que canjee un bono de $ 4.000 millones, con vencimiento al 6 de diciembre, por otros que vencen dentro de un año. De esta manera, la gestión de Cambiemos quiere esconder el inevitable default al que se encaminaba el principal distrito electoral del país.
Ya es sabido que la administración de Vidal tiene un enorme faltante de caja que le complica cerrar las cuentas de este año. La confirmación vino de la mano del pedido de canje de $ 4.259 milllones, que se emitió en diciembre de 2016 y que vence a comienzos de diciembre por otro equivalente, que le daría un año más de plazo.
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