dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.
A través del decreto 1281 publicado en el Boletín Oficial, el mandatario rechazó "en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.335", que apuntaba a declarar "de interés nacional la protección integral psicofísica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas", establecer el objetivo de "procurar la detección precoz" de esa enfermedad y crear un "Programa de Estudio e Investigación, Docencia, Formación, Diagnóstico y Tratamiento de la Trombofilia".
En el texto firmado por el jefe de Estado y el ministro de Salud, Jorge Lemus, el Poder Ejecutivo argumentó el veto afirmando que "se justificaría en el caso de tratarse de una patología desconocida y/o no correctamente diagnosticada", así como también al señalar que "la cobertura de los métodos de diagnóstico y tratamiento de la trombofilia, en los casos debidamente justificados por el médico tratante, está asegurada por el Programa Médico Obligatorio (PMO)".
Una de las voces que salió a cuestionar la norma fue el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT), que hace pocos días había difundido un comunicado en el que afirmaba que "las sociedades científicas no fueron consultadas para asesorar sobre el tema y que, por lo tanto, la ley tiene graves fallas conceptuales y peligrosas consecuencias".
Este grupo sostiene que "estudiar 'a todos' no redunda en una eficaz prevención" y que "dado el alto costo de los estudios se generarán innecesarias erogaciones al sistema de salud".
El veto presidencial argumenta que "el estudio temprano, aun en edad pre fértil y fértil en mujeres asintomáticas, no sólo no se encuentra recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales, sino que está expresamente desaconsejado".
El decreto también recoge las críticas que recibió la ley tanto de la CAHT como de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) y afirma que coincide con la visión del Ministerio de Salud.
Sin embargo, desde la organización Trombofilia y Embarazo, que impulsó y apoyó esta ley, afirmaban que la intención “no es confrontar con ninguna sociedad médica” sino darle “un marco legal al tema para avanzar en la investigación y garantizar el diagnóstico precoz y la igualdad de acceso a los estudios y el tratamiento”, recordó el diario Clarín.
Otro veto contra los trabajadores
Por otra parte, con el decreto 1283 el líder del PRO vetó de manera total el proyecto registrado bajo el N° 27.331 que introducía el concepto de "salario mínimo profesional" a la Ley de Contrato de Trabajo y que "tendría como objeto el establecimiento de un piso mínimo aplicable a todos los salarios fijados por convención colectiva o laudo arbitral con igual efecto".
De acuerdo al Gobierno, "la iniciativa provocaría una distorsión en el sistema de relaciones laborales, al desvirtuar la noción del salario básico de convenio, que ha evolucionado como un instituto fundamental de la estructura retributiva que regula la negociación colectiva". Ambas iniciativas había sido aprobadas el pasado 23 de noviembre y fueron devueltas al Congreso Nacional para que sean rectificadas o ratificadas.
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