“Lucha de clases”. La expresión irrita, no se usa, está “pasada de moda”. Sin embargo, nada describe mejor la conflictividad del mundo del trabajo, su naturaleza antagónica, que este concepto. El poder lo sabe y por eso lo demoniza. Se trata de negar tanto la lucha como las clases. En esta disputa no es casual que los sindicalistas se encuentren entre las personalidades con peor imagen pública. Justo quienes por lo general, mayoritariamente y en promedio, representan los intereses de los asalariados, es decir de los más débiles en la relación laboral, en la lucha de clases.
La paradoja es que la misma sociedad que se emociona hasta las lágrimas con la caridad, con musiquita suave de fondo, estigmatiza a quienes defienden derechos. Se trata de la muestra más palpable del éxito del poder del capital en la construcción del discurso público. Y si algo sabe la Alianza ex Cambiemos es montarse sobre el sentido común construido. La semana que pasó sus máximos responsables coordinaron nuevamente un ataque contra los trabajadores organizados. Los dirigentes sindicales fueron tildados de “patoteros”, pero también se les aplicó la acusación máxima: “kirchneristas”. El oficialismo considera que después de cuatro años de desmanejo económico la estrategia de asociar a la oposición política con el mal absoluto seguirá dando frutos. La democracia… bien, gracias.
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La reacción también tomó visos de caricatura cuando el periodista Daniel Muchnik presentó una analogía entre el destino del líder camionero estadounidense Jimmy Hoffa, “desaparecido” al estilo argentino, y el deseado para el bancario Sergio Palazzo: “En EE.UU se acabó con Hoffa matándolo. Yo no estoy diciendo de matarlo (a Palazzo), pero de alguna manera hay que ponerle límites legales”. El titular de La Bancaria había cometido la herejía de criticar a uno de los empresarios estrella del macrismo, el dueño del monopolio Mercado Libre, Marcos Galperín, un experto en “mercados de trabajo desregulados”, quien a pesar de haber mudado el objeto principal de su firma a la actividad financiera se resiste a que sus trabajadores se adecúen al encuadramiento laboral del rubro.
El objetivo de estigmatizar sindicalistas no es sólo electoral, sino que hace a la esencia del credo del oficialismo, quien repite que entre sus tareas pendientes se encuentra la reforma laboral, ámbito para el que propone un shock en caso de imponerse en las elecciones. La insistencia en la reforma laboral es un indicativo de que la lucha de clases nunca se detiene y que para los ganadores de la contienda nunca es suficiente.
Un trabajo publicado esta semana, “Agenda urgente para una sociedad de trabajo”, realizado por un grupo de especialistas vinculados a la academia y al mundo sindical (Atenea, CETyD-IDAES/UNSAM, CIFRA-CTA, ITE-GA y OCEPP), traza el panorama local del mundo del trabajo y destaca el agravamiento de las condiciones bajo la gestión macrista.
La investigación nuestra que desde diciembre de 2015 se inició un proceso de “fragmentación del mercado de trabajo” y que “incluso en 2017, cuando la economía se expandió, los empleos creados fueron, en su amplia mayoría, precarios o inestables: dos de cada tres puestos de trabajo generados durante ese año fueron asalariados no registrados o cuentapropistas”. Luego del veranito electoral, entre los últimos trimestres de 2017 y 2018, la tasa de desempleo pasó del 7,2 al 9,1 por ciento, para subir al 10,1 en el primer trimestre de este año. En paralelo, desde diciembre de 2015 a principios de 2019 el poder adquisitivo de los salarios registrados cayó el 15 por ciento. Mientras tanto, el índice de movilidad jubilatoria reformado a fines de 2017, teóricamente diseñado para preservar el poder adquisitivo de los haberes y las prestaciones sociales, no evitó una caída del 13 por ciento entre los meses de abril de 2018 y 2019.
En conjunto entre desempleo, informalidad y precarización, 9 millones de trabajadores, el 46 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), atraviesan problemas de empleo y, en consecuencia, perciben ingresos significativamente inferiores al promedio. De acuerdo a datos de 2018, la productividad laboral y el empleo registrado privado por habitante eran similares a los de diez años antes, en tanto el salario real era equivalente al de 2011, situación que se agravó en lo que va de 2019.
La “Agenda urgente” resume que la herencia macrista en el mundo del trabajo será una estructura ocupacional precarizada, la desocupación consolidándose en torno a los dos dígitos, el empleo no registrado otra vez en crecimiento. A ello se suman salarios reales por debajo de los niveles de 2015 con mayor desigualdad en los ingresos, un avanzado proceso de flexibilización laboral de hecho, los fondos de la seguridad social y de las obras sociales afectados, instituciones laborales desactivadas (como el Consejo del Salario Mínimo y la Paritaria Nacional Docente) y desjerarquizadas (como el ex Ministerio de Trabajo, entre otras) y políticas activas de empleo desfinanciadas (formación profesional, inserción laboral y REPRO, entre otras).
Dicho de manera rápida: “más desempleo, más subempleo, más trabajo precario, menores salarios, menos protección social, más concentración económica y mayor desigualdad”, la expresión de un profundo cambio de relaciones de fuerza en la lucha de clases. En este nuevo escenario, una reforma laboral al estilo de las respaldadas por el FMI sólo significaría la institucionalización de una flexibilización que ya existe de hecho, pero que barrería de un plumazo lo conseguido por la lucha de generaciones de trabajadores.
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