Las obras viales de PPP están paralizadas en Santa Fe

El descalabro económico vivido en 2018, que el Gobierno intenta sortear llevando adelante un fuerte recorte en el gasto en medio de un año electoral, y las complicaciones que la causa de las fotocopias de los cuadernos generó en la ejecución de los proyectos licitados con la modalidad de Participación Público Privada (PPP), derivaron en un virtual congelamiento de las obras viales en la provincia de Santa Fe, con una inversión que se estimaba en casi 2500 millones de dólares.

Las obras que había anunciado Nación para la zona eran de vital importancia para la actividad económica (en cuanto a ahorro de costos en logística, ya que hoy se producen colapsos, demoras y roturas de camiones), pero también para la seguridad vial. Santa Fe fue en 2018 la segunda provincia con más muertes por accidentes de tránsito, según el ranking que elaboró la ONG Luchemos por la Vida.

El mal estado de algunos tramos (como la autopista a Córdoba entre Roldán y Carcarañá), sumado a la existencia de muchas conexiones viales doble mano y el constante circular de camiones hacia los puertos, hacen que atravesar las trazas de la provincia - en especial las del sur - se convierta en una tarea de riesgo. Además, estos proyectos generarían muchas fuentes de trabajo directo e indirecto que, se esperaba, inyectaran preciados recursos en la economía doméstica en el marco de la contracción recesiva del mercado interno.

Todo parado

Lo cierto es que, luego de que el ministro de Transporte de Nación Guillermo Dietrich afirmara a fin de año que los proyectos seguían en pie, varias iniciativas de obra pública que se iban a implementar con participación de empresas privadas - los famosos PPP -, por el momento en Santa Fe se encuentran completamente frenados. “Lo real es que anunciaron mucho y no hicieron nada”, afirmó un colaborador del gabinete provincial del Frente Progresista.

Según datos aportados por el Ministerio de Infraestructura santafesino, en la provincia se licitaron dos corredores de PPP, los nomenclados como “E” y “F”. Todos estos paquetes incluían una serie de mejoras como banquinas, luminarias y tareas de repavimentación, así como obras nuevas. La inversión estimada en los primeros cuatro años, indica el sitio web de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), era de 1.342 millones de dólares en el corredor E y de 1.114 en el F.

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El primero atañe a la autopista Rosario-Buenos Aires (RN 9), que iba a sumar un tercer carril hasta Zárate; la ampliación a autopista de la ruta A012 que va desde San Lorenzo hasta Pueblo Esther, una obra de 62 kilómetros; y la ruta 11, fundamental para mejorar el acceso a puertos del Gran Rosario, por el que entran 15 mil camiones en épocas de cosecha. Entre los proyectos que quedaron truncos por el momento, también se encuentran los del corredor “F”, que incluyen la deteriorada autopista Rosario-Córdoba y la ruta 33 que e iba a convertirse en autopista entre Rosario y Rufino.

Las razones

Para Pablo Jukic, secretario de Transporte provincial, la paralización obedece a múltiples factores: “El esquema comprendía seis meses de presentación de proyectos ejecutivos, cuatro años de obra y 10 de usufructo. Pero las empresas tuvieron muchísima dificultad para que les aprueben los anteproyectos”, aseguró.

En segundo lugar, se combinaron la debacle económica del año pasado con la irrupción de la causa de las fotocopias de los cuadernos, en la que están involucradas varias empresas que conforman los consorcios a los que se les adjudicaron obras. “Esto provocó que el financiamiento de Bancos internacionales, que traían las empresas para hacer las obras, se desvaneciera por el riesgo macroeconómico del país y porque casi todo el sector de la construcción argentino está mencionado en la causa”, explicó Jukic.

El funcionario indicó que lo que está haciendo el Gobierno Nacional para salvar el escollo es “ganar tiempo”. “Está intentando armar un fideicomiso con el Banco Nación para conseguir los fondos necesarios para el primer año de obra, con un aporte de las empresas que ganaron la concesión y ver si, más adelante, obtiene apoyo financiero de la banca internacional”, aseveró.

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Con el año electoral encima, y la necesidad de mostrar la realización de obras, los tiempos apremian, pero todo sigue demorado. Según el secretario, “las empresas debían tener aprobados los proyectos en diciembre para comenzar en enero-febrero. Pero recién las tendrían en marzo-abril para empezarlas en mayo-junio, ya entrando en las elecciones generales de la provincia. Así que intentarán tener armados los obradores y sacar las máquinas para que se vea que algo se está moviendo”, anticipó.

Golpe al trabajo

En tanto, desde la delegación local de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ratificaron que los directivos de grandes firmas “dicen que está todo parado al menos hasta mitad de año, sin fecha de comienzo”, y temen en el posible impacto en las fuentes laborales de la región.

Sixto Irrazábal, secretario adjunto del gremio, calculó que “para mitad de año, si no se abren otros frentes, se estaría quedando mucha gente sin trabajo por la imposibilidad de reinsertarse. Vamos a estar muy complicados”, analizó. “Todas las obras de Nación que se terminaron se habían arrancado durante el gobierno anterior. De todo lo que se prometió durante esta gestión, todavía no hay nada”, se quejó el referente sindical.

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*Nicolás Maggi, corresponsal de El Destape en Santa Fe.