El Banco Central realizó dos allanamientos a cuevas en febrero en Palermo, donde encontró habilitaciones para operar como "casas de cambios" emitidos por la Agencia Gubernamental de Control, dependiente de la Dirección General de Habilitaciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Guillermo Montenegro. Esos comercios marginales fueron denunciados a la Justicia por operar ilegalmente, ya que el Banco Central es el único organismo que puede emitir los avales a las agencias de cambios.
Además, el ente que conduce Alejandro Vanoli le pidió en abril al Gobierno porteño que le remita el listado completo de las habilitaciones que entregó, le ordenó que deje de hacerlo y le consultó qué curso de acción tomará con los comercios que autorizó. El organismo le brindó el listado de las 17 casas de cambio que habilitó, pero no respondió a los otros pedidos.
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El BCRA allanó los 17 locales y a mediados de agosto le remitió a la PROCELAC, a cargo de Carlos Gonella, la denuncia en contra de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad por haberse otorgado funciones que no les corresponde y haber violado la Ley de Régimen Penal Cambiario. Argumentó que la Agencia Gubernamental de Control conocía que obraba ilegalmente, pero "tuvo la voluntad de dictar y ejecutar resoluciones opuestas a la ley".
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