El Gobierno tiene preparado un anteproyecto de ley para agravar las penas por desacato a la autoridad. Desde la oposición, no tardaron en cuestionar la intención y el accionar de Mauricio Macri, que refuerza a la Policía y reprime la protesta social.
El texto prevé modificar los artículos 237, 238, 239 y 240 del Código Penal e incluir los 239 bis y ter, en los que agravarán las penas contra quienes desobedezcan una orden policial o empleen fuerza o intimidación contra un funcionario público.
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Los ministerios de Seguridad y Justicia redactaron la propuesta para “darle mayor amparo a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en ejercicio de sus funciones, reforzando su protección”. Como mostró El Destape en forma exclusiva, tienen el documento listo para enviar al Congreso en el momento que consideren propicio.
Ante esto, el diputado Héctor Recalde consideró que “estamos viviendo un momento muy regresivo”, en referencia también al vaciamiento de Correo Argentino y el fallo de la Corte Suprema que le da el beneficio del 2x1 a los genocidas.
El jefe del bloque del Frente Para la Victoria recordó a este medio cuando la Argentina se caracterizó por su lucha de derechos humanos en el mundo, mientras que hoy día la criminalización de la protesta social aumenta. Para Recalde, el Ejecutivo recurre a este tipo de medidas porque “no quieren al pueblo en las calles”.
“No es lo mismo el derecho a transitar que el de la protesta social y ellos priorizan la primera”, explicó. Además, cuestionó lo difuso de la nueva redacción de la ley por parte del Gobierno, lo que le da aún menor protección a la población. “Se nota su intencionalidad persecutoria”, acusó.
Adelantó a su vez que el FPV-PJ entero rechazará este anteproyecto cuando sea presentado. Vaticinó que dentro de la Alianza Cambiemos se darán peleas internas, dado que es contrario a la historia de la UCR y la Coalición Cívica. “Me da la sensación que esto responde al PRO. Tiene la impronta la caracteriza el Presidente de la Nación”.
Alberto Fernández, si bien aclaró que no considera al corte de calle la más adecuada forma de reclamo, tampoco que el Gobierno obligue a las organizaciones sociales a cambiarlo. “Es algo que debe surgir de ellas mismas”, aclaró el dirigente del Frente Renovador.
“La multiplicación de las protestas se debe a las decisiones económicas del Gobierno. Y la solución a sus reclamos es un cambio del rumbo de Macri. La respuesta no puede ser el agravamiento de las penas, porque la gente no va a dejar de reclamar si no le alcanza para comer o no tiene trabajo”, enfatizó el abogado penalista a El Destape.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman especificó que es muy discutida la constitucionalidad de los artículos que penan la resistencia a la autoridad. “Es lógico que nadie va a querer ser detenido. Son textos muy difusos y una herramienta a favor de la discrecionalidad policial, que se maneja por portación de cara”. Como abogada denunció junto a organismos de derechos humanos estos conceptos penales en múltiples ocasiones.
“Hay una intención del gobierno de blindar el ajuste ante un incremento de las protestas. Es parte del control social”, graficó. Bregman recordó que un año atrás, Patricia Bullrich redactó el protocolo anti-piquetes para perseguir esa misma finalidad. “El Gobierno tomó nota de las movilizaciones enormes, y está intentando retomar las calles, y esta es la forma que tienen para hacerlo”, cuestionó.
En el Frente por el Socialismo, Manuela Castañeira también fue dura contra el proyecto. “El macrismo busca cuestionar derechos e ideas que se conquistaron con la movilización y a partir de la vuelta de la democracia en 1983”.
“Al proteger a la Policía busca darle más poder a los que ya tienen poder: la Policía. Hay una asimetría de recursos y de poder entre quienes van armados, escudos y protegidos por funcionarios y jueces, y quien está desprotegido en sus derechos y protestan por eso”, apuntó.
La militante del Nuevo MAS cuestionó que “santifican a la Policía, que es violenta y corrupta, ante aquellos que salen a luchar. El macrismo con esto busca llenar las cárceles de presos políticos”. “Hay un ajuste brutal a los trabajadores, estudiantes y mujeres y el Gobierno lo único que tiene para responder es con palos”, dijo.
Ante el crecimiento del movimiento feminista, Castañeira se preguntó: “¿Van a meter presas a las mujeres que luchan contra la violencia y las instituciones cómplices?”. “Hoy los derechos que se respetan son por las mujeres que protestan en la calle. Esas mujeres pueden terminar presas por denunciar a un policía o incluso por gritarle a un funcionario provocador en una marcha”, sancionó.
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