El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, está cada vez más complicado en la causa que investiga la entrega de "subsidios" a desocupados y estudiantes en la previa de las elecciones. La jueza con competencia electoral, María Romilda Servini, le exigió que informe si entregaron estas dádivas antes de que se lo prohibieran el 17 de octubre.
Puntualmente, ordenó que la cartera informe si antes de aquella fecha "se pagó algún subsidio creado por Resolución 1.177", y "en su caso, haga saber cantidad, montos erogados, distritos de residencia de los beneficiarios y procedimiento mediante el cual se efectuó el pago".
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Además, solicitó que desde el Ministerio que conduce Sica le informen "los criterios utilizados por dicha dependencia para asignar y distribuir subsidios" creados por esa resolución y "su procedimiento para el pago" y que "en su caso, acompañe copias de las planillas confeccionadas para solicitar ese beneficio".
La causa se inició en base a una denuncia del Frente de Todos que, mediante sus abogados, acusó que la resolución de Producción abría una puerta para infringir el Código Electoral, que sanciona a quien obligue a un votante a hacerlo de una forma determinada.
Ante este escándalo, que se destapó por una investigación del periodista Mariano Martín, la jueza le prohibió al Ejecutivo disponer de fondos para pagar esos subsidios, y cualquier otra erogación que pudiera condicionar a los votantes, hasta después de las elecciones.
La resolución consiste en otorgar un "plan social" para unos 114.000 desocupados, con subsidios de 5.000 pesos por "única vez" para personas mayores de 18 años que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales. Por ello, desde el Frente de Todos denunciaron que la maniobra, con un presupuesto de $570 millones, tenía como "objeto oculto" condicionar los votos de las últimas elecciones presidenciales.
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