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Así lo reveló el diario Ámbito Financiero, que contó que el fiscal Eduardo Taiano pidió la imputación del actual titular de la AFIP y la diputada de la Coalición Cívica por el delito de "violación de secreto". La investigación busca determinar si desde la entidad elaboraron "dossiers" con información protegida vinculada a, entre otros, ex funcionarios de la administración kirchnerista, jueces federales y hasta integrantes de Cambiemos como Nicolás Caputo.
De acuerdo a la denuncia, radicada en Tribunales el pasado 28 de marzo, tanto Abad como el subdirector General de Operaciones Impositivas en el Interior, Jaime Mecicovsky, habrían utilizado información protegida por el secreto fiscal para elaborar informes que luego eran filtrados a Carrió con el fin de realizar denuncias penales o periodísticas. Así, declaraciones juradas, movimientos bancarios, gastos de tarjetas de crédito, entre otros, quedaban bajo la posibilidad de ser divulgados.
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La denuncia comenzó a partir de un correo electrónico anónimo que llegó a la cuenta del diputado del FpV Rodolfo Tahilade, que fue el denunciante original. La causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, quien solicitó las primeras medidas de prueba, como verificar la veracidad del email.
Entre los posibles damnificados, relató Ámbito, se encontraba la familia Awada, Nicolás Caputo, Emilio Monzó, jueces federales como el propio Bonadio, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini, Carlos Farah, Jorge Ballestero y Ricardo Lorenzetti, que fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito por Carrió, una causa que luego se archivó.
Inclusive, en la causa se pide investigar si Abad y Mecicovsky no ayudaron a la empresa IECSA, del primo del presidente, Ángelo Calcaterra, para "readecuarse" ante una posible "insolvencia fiscal fraudulenta".
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