La Administración General de Puertos S.E. (AGP), organismo conducido entre el Interventor Gonzalo Mórtola, y su Gerente General, Alejandro Ok, dio un paso más en su plan para asegurar, por 50 años, el desembarco de Nicolás Caputo – hermano del alma de Mauricio Macri– en el Puerto de Buenos Aires; vender tierras operativas que pertenecen al Estado Nacional para poder concretar negocios inmobiliarios privados; y traspasar el único puerto federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Como adelantó El Destape la semana pasada, Mórtola diseñó una reestructuración de la AGP para lograr mantener su poder y garantizar el control del Puerto de Buenos Aires después del 10 de diciembre, tras el cambio de signo político nacional. Según pudo saber este medio, la forma para lograrlo sería con el fin de la Intervención de la AGP y su reemplazo por un Directorio con miembros afines al hoy interventor, por un período de 3 años.
Esta jugada es, explicaron desde las terminales, discutible legalmente pero, sobre todo, escandalosa a nivel político ya que se concretaría a poco tiempo de un cambio de Gobierno por lo que las autoridades de los puertos excederían el mandato presidencial del oficialismo actual, si se repiten los resultados de las PASO el próximo domingo 27.
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Además, los trabajadores advirtieron que la maniobra buscaría blindar a los actuales directivos en un futuro, teniendo en cuenta la andanada de denuncias penales que comenzaron a recaer sobre las autoridades de la empresa y el Ministerio de Transporte de la Nación.
El Destape tuvo acceso al expediente denominado ¨Proyecto de Decreto - Cese de Intervención de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado¨ bajo el número EX-2019-94742088-APN-GCAI#AGP, del 21 de octubre. Con la misma, se pondría fin a una modalidad que data desde mayo de 1992, lo cual los trabajadores consideran necesario, pero no en medio de un proceso electivo.
En el decreto, que podría publicarse pronto, se propone un nuevo Estatuto y la conformación de un Directorio compuesto por un Presidente y cuatro Directores con un mandato de tres años. Fuentes de las terminales portuarias, informaron que el mismo estaría conformado por personal político y militante del PRO.
Si bien aún no figuran los nombres que ocuparán los cargos, los trabajadores sospechan que este directorio podría estar integrado por Oscar Defelippe, Francisco Coppini, Hernán Grazioli y Carlos Bordieau. Todos, aseguraron a este medio, seguirían las instrucciones que Mórtola daría desde fuera del organismo. Un virtual control del Puerto y sus licitaciones.
Pero, con los tiempos políticos nacionales acotados, la concreción de los negociados será posible sólo si se lograra concretar el traspaso del Puerto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Documentos que se filtraron entre las autoridades de la AGP, el Ministerio de Transporte y Presidencia de la Nación confirman que, luego de levantar la intervención, el nuevo Directorio traspasaría el único Puerto Federal.
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Bajo el título “convenio de transferencia del Puerto de Buenos Aires y actividades portuarias entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que figura sin fecha y firma porque aún es un borrador entre esos organismos, se estipuló que “corresponde transferir gratuitamente el dominio del Puerto Buenos Aires a la CABA y la totalidad del Capital Social a la AGP”.
Tal traspaso es argumentado en que el Estado Nacional tiene la potestad de “provincializar” el único puerto federal del país, que la CABA es autónoma, que las actuales concesiones están a punto de vencerse y que la intervención de la AGP llegaría a su fin. Incluso, según este documento intraorganismos estatales que se filtró, contiene el borrador del convenio de transferencia que, según sus planes, sería durante octubre en la sede de la Jefatura de Gobierno porteña.
En base a este proyecto, la Ciudad asumiría todas las funciones y facultades del Puerto y sus actividades, que serán ejercidas por la AGP, por lo que “para garantizar el pleno ejercicio de las competencias y asegurar la continuidad ininterrumpida de su operatoria, la Nación transfiere gratuitamente a la Ciudad el dominio del Puerto de Buenos Aires y la propiedad del 100% de los certificados nominativos que conforman el capital de la AGP”. La transferencia de la empresa, aseguran, sería con la totalidad de los recursos humanos, servicios, bienes y materiales a desarrollarse bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad.
En este escenario, el gremio APDFA, a través de su Secretario Nacional Adjunto, Leonardo Salom, decidió ampliar la denuncia penal realizada la semana pasada para evitar la privatización de los terrenos portuarios de la zona de Puerto Sur y la Isla Demarchi, con el objetivo que los amigos de Macri hagan negocios inmobiliarios privados, sin importar su carácter federal ni la soberanía sobre el comercio exterior.
La denuncia fue presentada hoy con el objetivo de que se dicte una medida de no innovar sobre cambios en la estructura, o conformación estatutaria de la Empresa.
El dirigente gremial Leonardo Salom, confirmo a este medio la información y señalo que, más allá que está de acuerdo en que la situación de intervención del Puerto Buenos Aires es una medida que debe resolverse, bajo ningún aspecto va a permitir que lo haga un Gobierno que está en retirada, "que gestionó durante cuatro años el Puerto bajo una situación de intervención, y ahora que tiene que irse, se acuerda que había que resolverlo. Es evidente que el único objetivo es controlar el puerto y asegurar los negociados en el Puerto de Buenos Aires”.
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