El Ministerio de Economía ha publicado un “cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa” en el que describe el camino crítico a recorrer para concluir el proceso de reestructuración de pasivos estatales en moneda extranjera y sujeto a leyes del exterior.
En el mismo se señala al mes de febrero como el tiempo para proceder a la selección de los denominados “hacedores de mercado”, agentes de información de los tenedores de bonos, asesores financieros y bancos de inversión que contribuyan a pulsar al mercado de bonos y evaluar la receptividad de las potenciales propuestas de la Nación construidas sobre los lineamientos de sustentabilidad de la deuda pública elaborados por el Ministerio de Economía. Luego, el mes de marzo constituye el período clave en la formulación de la oferta de canje de las especies de bonos vigentes, la realización del lanzamiento de dicha oferta y el vencimiento del plazo para su aceptación por parte de los bonistas. En un bimestre, febrero/marzo, debe estar concluido el proceso de reestructuración de la deuda pública nominada en divisas y bajo ley extranjera contraída con tenedores privados.
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La ejecución del objetivo descripto en tan apretado cronograma constituye un gran esfuerzo político-técnico que el Gobierno realiza procurando optimizar el tiempo, apoyo inmediato que recibe toda administración entrante al encarar la resolución de un grave problema heredado. Esto se ha palpado en el fuerte respaldo legislativo en la Cámara de Diputados al otorgamiento de facultades amplias de negociación con los acreedores en el marco de la ley de Administración Financiera, escenario que el oficialismo espera repetir en el Senado la semana próxima.
Pero también un plazo exiguo en el proceso de canje de deuda incluye un objetivo trazado desde el inicio por las actuales autoridades, que es evitar el default. Desde el comienzo de la gestión el equipo económico quiso cerrar las negociaciones con la deuda en situación normal, “performing” en el léxico de los mercados, pero si la resolución se alarga más allá de marzo, el peso de los vencimientos puede colocar a la Argentina en cesación de pagos.
Un default siempre es perjudicial y además una resolución rápida de la carga de la deuda acelera el proceso de reactivación del mercado interno, pues permite contar con un horizonte de previsibilidad. Pero también este plazo perentorio al 31 de marzo, definido por las necesidades delineadas previamente, puede operar como una “línea de muerte” en contra de la capacidad de negociación argentina, pues las razones también son conocidas por los agentes del mercado financiero que, consecuentemente, pueden jugar con la urgencia del plazo para obtener mayores ventajas en el proceso de reestructuración.
Es importante recordar que se está frente a inversionistas altamente especulativos que no vacilaron en colocar un volumen enorme de fondos en escasos dos años (2016/2017) a una tasa de interés que tendía a duplicar la media internacional para países emergentes (si bien la economía argentina presentaba indicadores de endeudamiento muy bajos en el año 2015). Este factor rentístico-especulativo de la constitución del stock de deuda debe pesar a la hora del intercambio y la oferta.
La deuda con el FMI
El otro frente de negociación que discurre en paralelo a la relación con los bonistas es el abierto con el FMI. Lo que ocurra con el organismo multilateral puede impactar en la oferta de canje de bonos y en el programa económico general del Gobierno. La institución presenta hoy una burocracia asustada que sabe que en parte su destino se juega en los acuerdos que alcance con la Argentina, país al que le desembolsó casi u$s 45.000 millones, en lo que representa el mayor préstamo realizado por el FMI a un Estado miembro, representando el 60% de la cartera comprometida en el mundo.
Pero el aspecto más grave de la cuestión es cualitativo: el aporte realizado no sirvió para estabilizar la economía, se utilizó para financiar la salida de capitales especulativos constituidos por una cuantiosa renta financiera -lo que vulnera las condicionalidades de apoyo del organismo- y desembocó en un resonante fracaso político con la salida de Macri del gobierno después de una contundente derrota en la primera vuelta electoral. Además, la deuda contraída con el Fondo no fue aprobada por el Congreso argentino. El dislate es tan relevante que su decisora política, Christine Lagarde, abandonó el FMI raudamente después de materializados los resultados de su accionar. Esta burocracia a la deriva sólo cuenta con un mandante con poder real que la respalde en la negociación: los EEUU, cuyo gobierno ha alentado la situación precedente pero hasta ahora no se ha pronunciado en el nuevo escenario.
El ministro de Economía ha iniciado una serie de contactos con funcionarios del Fondo y del Tesoro estadounidense esperando concluir estos cónclaves con la titular Cristalina Georgieva a comienzos de febrero en un evento que tendrá lugar en el Vaticano. Por su parte, el Presidente Fernández ha desarrollado una potente agenda diplomática con mandatarios influyentes en el organismo multilateral.
La actividad es intensa y se realiza en dos frentes de deuda simultáneos, los tenedores de bonos y el FMI, actores que pueden volverse antagónicos entre si en defensa de sus acreencias. La resolución de este tema puede sellar la suerte del Gobierno. El plazo que se ha dado para hacerlo es corto y la incertidumbre, según el cronograma oficial publicado, debiera despejarse en marzo.
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